TRABAJAR YA NO SACA DE POBRE

Tener un empleo ya no es garantía para salir de la pobreza. La precariedad laboral, sumada al incremento del coste de la vida y rematada por los recortes sociales es una bomba que ha provocado que entre los nuevos pobres haya cada día más trabajadores. La brecha entre ricos y pobres crece y la clase media se desplaza hacia abajo. ¿Cómo, si no, se explica que crezca el número de hombres y mujeres que acuden a los comedores sociales pese a trabajar? Lo ven los servicios sociales, las entidades que atienden a los más desfavorecidos y lo acaban de constatar las estadísticas: en Cataluña hay casi medio millón de asalariados pobres. Son el 14,8% de los algo más de tres millones de ocupados, 456.397 personas cuyos ingresos están por debajo del 60% de los de la media. Para entendernos, cobran menos de 750 euros o de 1.400 si en el hogar hay dos adultos con dos hijos.

De esta nueva realidad llevan unos meses alertando los sindicatos, que recuerdan que entre los sectores con los peores salarios figuran el pequeño comercio, la limpieza, la artesanía y la atención a las personas. La cifra de medio millón de trabajadores pobres la reveló la semana pasada UGT, que denunció que en tres años se ha duplicado la tasa de riesgo de los asalariados de caer en la pobreza. Solo una semana antes hacía público que en los últimos tres años cada día se marchan nueve jóvenes a vivir al extranjero. “Estamos en una situación en la que el trabajo ha dejado de ser garantía de una situación económica que permita vivir tranquilo”, señala la secretaria de Políticas Sociales del sindicato, Raquel Gil. “Hay miles de asalariados que necesitan prestaciones y servicios públicos para complementar su situación y los recortes sobre las prestaciones si dejan de tener empleo les abocan todavía más a la pobreza”, insiste.

Desde CC OO, la secretaria de Socioeconomía, Cristina Faciaben, apunta que la causa de este nuevo fenómeno es “la pérdida constante de poder adquisitivo con recortes salariales o de pagas y complementos en los empleados públicos, sumada a los niveles exagerados de precariedad, con trabajos cada vez peor pagados, con altas tasas de temporalidad o subocupación”. Faciaben alerta del remate que puede representar para estas personas el constante aumento del IPC, el del IVA impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy y el euro por receta del Ejecutivo de Artur Mas. “El encarecimiento de productos de consumo nos convierte a todos en más pobres y no hablamos de llenar el depósito de gasolina, que también, sino de comer o vestirse”, dice.

El INE indicaba el pasado lunes que España sufre la mayor pérdida de poder adquisitivo en 27 años por la diferencia entre salarios y precios. Y hace dos semanas la Encuesta de Condiciones de Vida de la Diputación de Barcelona revelaba que en Cataluña hay 2,2 millones de pobres. La cifra supera los 1,3 millones de ciudadanos que se consideran pobres si solo se tienen en cuenta sus ingresos, porque toma como referencia el índice AROPE, del Eurostat, que también incluye el número de parados por unidad familiar y las restricciones de consumo.

La misma encuesta de la Diputación destacaba que los jubilados, con sus pensiones quizá bajas pero estables, han dejado de ser la principal bolsa de pobreza. En cambio, la que se encuentra entre los asalariados arrastra a los menores que tienen a su cargo. Son niños y chavales que las entidades subrayan como las principales víctimas de la crisis, que, aunque no hablan, se manifiestan como los mayores. La Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y Adolescencia (Fedaia) denuncia que la cifra de pobreza infantil en Cataluña subió del 23,7% en 2010 al 28% en 2011 y el presidente de la federación, Jaume Clupés, alertaba el jueves durante una jornada de debate de la necesidad de hacerlos visibles.

Por su parte, la Mesa del Tercer Sector ha pedido a los partidos políticos en vísperas de las elecciones del 25-N que prioricen las inversiones sociales para luchar “contra el incremento de la pobreza y las desigualdades”. El de las entidades es un clamor al que también se ha sumado el síndic de greuges, Rafael Ribó, que se dirigió a las formaciones políticas del Parlament para exponer su “preocupación por el crecimiento de la pobreza en Cataluña y, particularmente, por el impacto que tiene en la población infantil”.

Desde la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Maria Elena Alfaro, constata: “Es imposible vivir con 750 euros al mes, cuando todo el mundo sabe que con un salario normal hoy se puede hacer solo la mitad que hace 10 años”. Además de miembro de la junta de ECAS, Alfaro dirige la fundación Ared, que trabaja en la reinserción de mujeres en riesgo de exclusión. Desde esta posición, alerta de que antes la reinserción pasaba por el empleo. “Pero ahora, con estos sueldos, trabajar, sí, pero ¿y qué?”.

Esta profesional habla sin pelos en la lengua y reconoce su “indignación al pensar que en 2005 habíamos soñado con erradicar la pobreza”. “Ya no creemos en el discurso de la crisis como oportunidad, ni en el de la reinvención... el retroceso y el desmantelamiento del Estado de bienestar es brutal y no estamos preparados”, dice y recuerda que en situaciones como la actual cunde el miedo y “la gente enferma, se separa, se violenta...”.

“La única salida”, concluye, “es mantener la motivación, tirar de imaginación y evitar las trampas: lo que ocurre no es ni por vagancia, ni por exceso de beneficiarios de la renta mínima de inserción, ni porque haya demasiados nini, ni porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades... Es consecuencia de que el mundo no giró en el eje del trabajo, sino sobre la especulación”.

Clara Blanchar, en El País-edición Catalunya