Las imágenes que llegan en estos días de Panamá son nuevamente de
sangre y muerte. Así como en años pasados el gobierno del empresario
Ricardo Martinelli desató la violencia policial contra los trabajadores
bananeros en Changüinola y las poblaciones indígenas Ngäbe y Buglé en
Chiriquí, ahora se lanza contra la población de la ciudad de Colón. Ya
son cuatro los muertos.
De acuerdo con datos proporcionados por Análisis 365, la llamada Zona
Libre de Colón (ZLC) es una zona franca, de tratamiento especial para
los comerciantes y las transnacionales, y uno de los polos de mayor
movimiento comercial del continente latinoamericano.
El alquiler de estos terrenos a empresas transnacionales genera al
gobierno panameño entradas que superan los 33 millones de dólares al año
y por lo menos 30 mil puestos de trabajo, en una zona con el 47 por
ciento de pobreza.
En los días pasados, los poderes ejecutivo y legislativo han aprobado
y promulgado la Ley 72, con la que se faculta al Estado para vender
estas tierras al capital transnacional, recaudando de esta manera hasta 2
mil millones de dólares.
La respuesta de la población, con el apoyo decidido del Frente Amplio
de Colón y la Cámara de Comercio, y el respaldo de importantes
organizaciones como, entre otros, el Frente Nacional por la Defensa de
los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y el Sindicato Único
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares
(SUNTRACS), no se hizo esperar, lanzándose a las calles contra las
pretensiones privatizadoras del gobierno.
“La gente está protestando nuevamente contra la política económica
neoliberal del gobierno de Martinelli, de querer despojar al pueblo
panameño de sus recursos, en este caso de las tierras de la Zona Libre
de Colón, obviamente para recoger dinero para las próximas elecciones de
2014”, dijo a Sirel, Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS.
Según Méndez, esta ley es parte de un paquete más amplio con el que
el gobierno pretendería vender otros activos del patrimonio nacional,
tal como la empresa nacional de Telecomunicaciones y la de
Electrificación.
“Todo esto hizo estallar una insurrección popular en defensa del
patrimonio de Colón, con el apoyo solidario del FRENADESO, el SUNTRACS y
otras organizaciones. La respuesta ha sido nuevamente violenta y
asesina. Ya son cuatro las personas asesinadas por la policía, entre
ellas un niño de 9 años, y hay varios detenidos”, explicó el dirigente
sindical.
Para el día de hoy, 26 de octubre, el SUNTRACS ha decretado un día de
huelga preventiva en todo el territorio nacional, exigiendo, junto con
las organizaciones y el pueblo de Colón, la derogación inmediata de la
Ley 72, la liberación de los detenidos, así como la investigación y el
castigo para los responsables del asesinato de los ciudadanos.
Pese al anuncio de parte del gobierno de estar redactando un texto
con el que se modificaría la Ley 72, las organizaciones sociales,
populares y sindicales de Colón han asegurado que arreciarán la protesta
hasta no lograr su derogación.
“El pueblo panameño está resentido con todos estos gobiernos que han
estado privatizando los bienes, recursos naturales y servicios del
Estado, beneficiándose a si mismos, al capital transnacional y
empobreciendo aún más a la gente.
Una vez más -continuó Méndez- el pueblo panameño se indigna con el
gobierno corrupto, asesino y represor de Martinelli, que por cuarta vez
masacra a la población para imponer su voluntad. El pueblo está
resistiendo y va a luchar hasta lograr la derogación de la Ley 72”,
concluyó.
Adital
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