Que en España haya dinero público suficiente como para rescatar a la banca pero no lo bastante como para salvar a las familias que no pueden pagar su hipoteca es, sencillamente, intolerable. No es de recibo. No es aceptable. Son ya 350.000 desahucios en cuatro años, un número que sigue aumentando casi a la misma velocidad con la que crecen las ayudas al sector financiero. Solo en 2010, fueron 87.145 millones entre ayudas y avales: 1.846 euros por persona, según un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (PDF). Ambas cifras siguen subiendo: la de las ayudas y la de los desahucios. ¿Hasta cuándo será sostenible una injusticia tan grande sin que la sociedad estalle? ¿Cuánto nos costaría evitar el que sin duda ya es el problema social más acuciante de España?
Algunos números a vuelapluma: según el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial –de conclusiones apabullantes–, la hipoteca media ejecutada ronda los 230.000 euros. Multiplicada por el número de desahucios estos años –350.000– nos da una cifra: 80.500 millones de euros en hipotecas ejecutadas. Es una cantidad muy cercana a la del rescate a la banca pero, en este caso, no haría falta una millonada así. Bastaría con una fracción. Teniendo en cuenta que la hipoteca media española dura 24 años y que para evitar la mayoría de los desahucios sobraría con una moratoria media de dos años, con una doceava parte de esa cifra, habría dinero suficiente para paliar el problema. Hablamos, grosso modo, de 6.708 millones desde que empezó la crisis: unos 1.677 millones de euros al año: el 0,16% del PIB.
La cifra es solo una aproximación al alza; estoy seguro de que los técnicos del Gobierno tienen números mucho más exactos y que probablemente se pueda arreglar con menos dinero: no todos los desahucios son de primeras viviendas o dejan a una familia en la calle.
A pesar del déficit y las dificultades económicas españolas, hay dinero suficiente como para afrontar un rescate a los desahuciados. Solo falta la voluntad política para ello. Algo más de valentía de la que ha demostrado el CGPJ despreciando ese mismo informe que había permitido soñar a tantos ciudadanos con una Justicia digna de su propio nombre.
Ignacio Escolar, en eldiario.es
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