martes, 19 de julio de 2011

UN GOLPE DE ESTADO CONTRA LA CONSTITUCIÓN DE 1931

Tiene su importancia desvelar el objetivo principal del golpe militar del 18 de julio de 1936, que no fue sino el derrocamiento de la legítima Constitución republicana de 1931 con todas sus consecuencias. Esta perspectiva, que no es otra que la de la legalidad y legitimidad de la propia República, da al traste con todas las otras historietas contrafácticas que dominan en muchos medios de opinión, entre la derecha española e incluso más allá. No hace mucho Esperanza Aguirre recurría al recuerdo del asesinato de Calvo Sotelo como explicación a los momentos preparatorios del 18 de julio de 1936. Pero un escritor serio, Eduardo Mendoza, daba también por cierta esa patraña -que Franco no se unió al golpe hasta el atentado contra Calvo Sotelo- en su última y premiada novela Riña de gatos.

En cambio, la historia documentada y contrastada, como lo ha descrito hace poco Josep Fontana, y lo ha repetido Paul Preston, nos afirma que Francisco Franco intentó decretar el estado de guerra desde el mismo día del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Lo hizo desde su puesto en la jefatura del Estado Mayor del Ejército donde había sido colocado por el irresponsable Gil Robles, jefe de la CEDA. La propuesta de Franco no tuvo seguidores, la dirección de la Guardia Civil se negó a secundarla, y espantó al Jefe gubernamental Portela Valladares (que dimitió como un relámpago).

El golpe faccioso del 18 de julio no se dio porque España era ingobernable, porque aquí mandase el Soviet de Petrogrado ni por otros tópicos que se manejan con demasiada frecuencia. Un grupo de militares y sus relevantes apoyos nacionales e internacionales se conjuraron para derribar un régimen democrático, y para suprimir un sufragio universal que -hecho irrefutable- no se volvió a ejercer en libertad hasta el 15 de junio de 1977. Lo ha estudiado muy bien Ángel Viñas en su obra La conspiración del General Franco (Barcelona, Crítica, 2011). Y no está de más recordar desde allí lo que decía Francisco Franco en la preparación del 18 de julio, en su Manifiesto de las Palmas, de su puño y letra, para justificar la sublevación: "La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total; ni igualdad ante la Ley, ni libertad aherrojada por la tiranía, ni fraternidad… ni unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial más que por el regionalismo que los propios poderes fomentan; ni integridad y defensa de nuestras fronteras cuando en el corazón de España se escuchan las emisoras extranjeras que predican la destrucción y el reparto de nuestro suelo…"

Bueno, la sintaxis y coherencia cultural de estas ideas reflejan perfectamente la mente de un patán, lo que no quiere decir que Franco no fuera un cuco para situarse en los lugares más favorables del mando político y militar. Por otra parte, esa descripción apocalíptica de la realidad de 1936 enlaza muy bien con los que hoy defienden las mismas cosas y presentan al 18 de julio como una supuesta reacción de autoridad frente a un inventado "desgobierno". Esa desmesura y exageración se ven muy bien en el mismo Franco cuando sostenía que nuestras fronteras se veían atacadas entonces por las emisoras de radio del extranjero, pues semejante supuesto radiofónico lo único que demuestra sencillamente es que en esta vida las mentiras pueden llegar a superarse a sí mismas.

La realidad de la vida constitucional venía condicionada, entre otras instituciones, por la actuación del Tribunal de Garantías republicano (similar a nuestro Tribunal Constitucional) en pleno funcionamiento. Las leyes emanaban de un Parlamento más que activo, el Tribunal Supremo y la jurisdicción ordinaria se ocupaban de la justicia cotidiana, y los Ayuntamientos, todos elegidos democráticamente, tomaban decisiones todos los días.

Aquello no era una balsa de aceite, desde luego. Y las terribles desigualdades entre pobres y ricos, manifestadas en la confrontación izquierda/derecha, suponían un permanente marco violento de fondo que dificultaba seriamente la coexistencia pacífica. Pero había un Estado republicano sometido a la ley (como el Ejército y las fuerzas de orden público) y no existía ese ramplón eclipse constitucional inventado por Franco. Lo cierto es que la República desbarató varias insurrecciones anarquistas, triunfó contra el golpe de Estado de Sanjurjo en 1932, sobrevivió a la Revolución de Asturias en 1934, a la desproporcionada y sangrienta contrarrevolución represiva de los Franco, Gil Robles y compañía (que resultó ser una de las causas del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936). Aunque a lo que no pudo sobrevivir la República fue al enfrentamiento de una parte del Estado (el ejército sublevado) contra los militares leales (y la población antifascista que les acompañó), a un Estado partido en dos que fue lo que provocó realmente la guerra civil y explica su duración.

La República no "desembocó" -versión intoxicadora que se usa hasta la saciedad- en la guerra civil. No hizo una guerra contra sí misma. Un grupo de militares conspiró contra el Estado democrático y…se encontró con una resistencia con la que no contaba; ahí nació la fratricida contienda. Uno de cuyos itinerarios criminales se explica, de sur a norte peninsular, por la cantidad de generales y jefes militares fieles a la Constitución de 1931 asesinados por Franco y los suyos, en Canarias, Ceuta, Melilla, el gobernador militar de Granada, etc., hasta llegar al general Batet fusilado en Burgos.

Así que no está de más refrescar lo que programó Franco en Canarias el 18 de julio, para conocer las fuerzas motrices de lo que vino después: a) dejar claro el propósito anticonstitucional del movimiento faccioso b) desligar así a los militares del juramento obligatorio de fidelidad a la República (convirtiéndolos en perjuros y funcionarios sin honor ni palabra dada) c) eliminar físicamente a los militares republicanos leales, entre los que hay que contar al gobernador militar de Las Palmas d) garantizar el control de la Guardia Civil y tropas de orden público e) disolver las instituciones democráticas (Ayuntamientos, etc.) f) iniciar una feroz represión contra liberales e izquierdas con el asalto de logias masónicas, sindicatos, etc. g) organizar comandos paramilitares de paisanos armados, falangistas y miembros de la CEDA, para imponer los fusilamientos, torturas y el terror general…

Uno no sabe cómo le llamará a este proyecto el Diccionario de la Real Academia de la Historia, ni esa institución, que prefiere el adjetivo autoritario frente al totalitario para calificar a Franco. Porque, en castellano, y de acuerdo con la historia concreta de lo acontecido, todo esto más bien es una conspiración criminal para eliminar masivamente a otros seres humanos por el hecho de pensar diferente o mantenerse fieles a la palabra que dieron (lo que hoy se describiría técnicamente como un genocidio).

Proyecto que ce por be se repitió en Navarra en aquellas fechas, bajo la inspiración del perjuro general Mola, quien parece ser el primer inventor de esos procederes asesinos. El asesinato de Rodríguez Medel, comandante de la Guardia Civil de Navarra, leal a la Constitución de 1931, fue requisito previo del golpe faccioso del 18 de julio de 1936. Y la criminal desaparición del concejal socialista de Pamplona Corpus Dorronsoro bien puede simbolizar la acción genocida llevada a cabo contra los cargos electos y las tres mil y pico personas asesinadas por sus ideas y conductas republicanas. Eso, en un lugar como Navarra donde no hubo guerra, ni trincheras, ni resistencia armada alguna; donde triunfaron los golpistas que impusieron su programa final. Que nadie ejerciese el voto desde 1936 hasta junio de 1977. Esto es, que no se cumpliera de ningún modo el mandato democrático, su fundamento en el sufragio universal, de la legítima Constitución de 1931.

José Ignacio Lacasta Zabalza, catedrático de Filosofía del Derecho

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