BOCHORNOSO

Muy pocos recordarán, fuera de los vecinos de las respectivas localidades, que Madrid, Santiago de Compostela y Salamanca fueron, cada una en su año, capitales europeas de la cultura. Y muchos menos aún guardarán en su memoria los méritos que cada una presentó para ganarse la designación o las realizaciones de que todavía alardea vinculadas a aquel evento. Todo ocurrió, me figuro, de manera natural y poco aparatosa. Las ciudades candidatas expusieron sus proyectos; una fue la designada y puso todo su empeño en ofrecer una imagen atractiva de sí misma. Como resultado, recibió más visitantes que de costumbre y, en el mejor de los casos, aún conservará algún signo que los locales, y sólo ellos, asocian con el acontecimiento. Las demás, pese a la decepción, aplaudieron sin reservas la decisión del jurado.

En el caso de la reciente elección de San Sebastián para esa misma condición en el año 2016, un grupo de malos perdedores, liderado por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y por la exalcaldesa de Córdoba y ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, se ha empeñado, por motivos que unos llamarán de rivalidad y otros atribuirán a la envidia, en convertir el habitual proceso de selección y proclamación de la capital guipuzcoana en una conspiración universal que nunca jamás podrá ser olvidada, sino que habrá de ser, por el contrario, recordada en los anales de la historia y comentada por los siglos de los siglos. 'El escándalo de una designación amañada', será el título del relato que se cuente. Nunca un acto tan normal había tenido una repercusión tan excepcional.

Mirado el asunto con ojos de frívolo, podría decirse que San Sebastián habrá cosechado con ello una inmejorable propaganda gratuita y los críticos del proceso, caído en el más bochornoso de los ridículos. Y ahí podría quedar la cosa -en el regalo publicitario y en el sonrojo del ridículo- si no fuera porque la condición de las personas que han intervenido en la crítica, la impertinencia de los argumentos y la fragilidad del jardín que se ha pisado no hicieran de ella una cuestión de alto riesgo, habida cuenta de la susceptibilidad de la población concernida y de la delicadeza del momento por el que ésta atraviesa.

En cuanto a las personas, lo de la señora Aguilar no tiene nombre. No es de recibo que una miembro del Gobierno haya antepuesto su pasado de alcaldesa a su presente condición de ministra y cuestione indirectamente, sin pruebas, la honradez de una colega con la que se sienta cada viernes a la misma mesa del consejo. ¡Toma compañerismo! Y en lo referente al señor Belloch, por celoso que se comprenda que deba ser en la defensa de su ciudad, tendría que haber pensado un poco más en su indeleble carácter de juez antes de llevar el asunto a un terreno en el que no sólo se pone en entredicho la rectitud del jurado que designó a una ciudad rival, sino que se da también a entender, aunque no se diga explícitamente, que la condición legal que ostenta la coalición que preside su consistorio es el resultado de una desacertada resolución judicial.

Pero, como decíamos, más grave que la improcedencia de las personas, es la impertinencia de los argumentos. «En la decisión del jurado -denuncian- ha intervenido la política». ¡Oh, escándalo! Por lo visto, y por mantener el razonamiento en el nivel pragmático, quienes se rasgan las vestiduras en este caso tienen constancia de miles de jurados de las mismas características cuyas decisiones nunca han sido tomadas por motivación política. ¡Por supuesto que la designación de una capital europea de la cultura, por parte de un jurado designado por instituciones políticas, es una cuestión política y se decide, entre otros, por motivos políticos! ¿O es que alguien puede poner la mano en el fuego para excluir que entre las razones que esgrimió el jurado para designar, hace un par de años, a Zaragoza sede de una Expo internacional hubiera una sola que cupiera calificar de política?

La cosa es, sin embargo, más grave. Al hablar de razones políticas, los críticos con la resolución del jurado no se mueven en el terreno de lo genérico, sino que se refieren a la vinculación que aquél ha establecido entre la designación de la ciudad y la consecución de la paz. De «dislate insidioso» la tachó el alcalde Belloch. ¡Increíble! Aparte de que el proyecto de la ciudad candidata admitía abiertamente que uno de sus pilares lo constituía precisamente el esfuerzo por llegar a ser «faro de la paz», no se entiende por qué la idea de poner la cultura al servicio de la pacificación en una ciudad que lucha por alcanzarla, y cree tenerla ya al alcance de la mano, no deba ser considerada por un jurado argumento que sumar a los demás a la hora de tomar su decisión. Al parecer, la de conceder la capitalidad europea a San Sebastián es una razón política inaceptable, pero no lo habría sido la de denegársela por estar esta ciudad gobernada por un consistorio cuyo carácter antidemocrático se permiten denunciar sus críticos pese a su declarada legalidad.

Enrédese, pues, el señor Belloch en los vericuetos judiciales que tan bien conoce y prepare, mientras tanto, el Ayuntamiento de San Sebastián la realización de un programa que sea rigurosamente fiel al proyecto que acaba de presentarse al jurado. Lo cual, dicho sea de paso, depende tanto de quien gobierna como de quienes ejercen la oposición. Y ojalá que, en 2016, gobierne quien gobierne la ciudad, sean ya realidad las razones políticas que el jurado ha esgrimido para conceder a Donostia la condición de Capital Europea de la Cultura. Sería la mejor confirmación de su acierto.

José Luis Zubizarreta, en El Diario Vasco