La dañina incidencia del amianto sobre la salud se conoce desde principios de siglo pasado, a pesar de lo cual se ha empleado de forma ubicua en gran cantidad de aplicaciones. De la gravedad de sus efectos da buena cuenta el hecho de que más de 100.000 personas fallecen cada año por su causa. En el artículo también se hace hincapié en los fuertes vínculos de algunas fundaciones supuestamente filantrópicas, como Avina y Ashoka, con la industria del amianto.
La tragedia del amianto o asbesto es, quizá, el caso más grave en la historia de la humanidad en el que se ha jugado con la salud y la vida de millones de personas, en pro del beneficio y con conocimiento de causa, desde hace cien años.
No en vano, y según las siempre prudentes cifras oficiales, la magnitud de la hecatombe es tal que “actualmente más de 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo”. Como consecuencia hay más de 100.000 fallecimientos cada año por esta causa.
El número de enfermedades sigue aumentado incluso en los países en los que se prohibió este material en los años noventa debido al largo periodo de latencia de estas dolencias; y “aunque se prohibiera su utilización de inmediato, el número de muertos que provoca sólo comenzará a disminuir dentro de varios decenios”.
En síntesis, cada cinco minutos muere una persona en el mundo de una enfermedad debida al amianto y así seguirá ocurriendo durante muchos años.
Para el caso de España, aunque está prohibido su uso desde 2002, en los treinta años anteriores los trabajadores ocupados en empresas con amianto han sido del orden de 100.000; empresas que han estado repartidas por toda la geografía y han abarcado muchos ramos industriales, desde la construcción a las fábricas de Uralita de fibrocemento, pasando por la industria naval, del automóvil, de aguas, Renfe y un largo etcétera, hasta un total de 1.100 empresas. No en vano se calculan en más de 3.000 los productos diferentes derivados del amianto. Hay que añadir que al tratarse de fibras especialmente pequeñas (se miden en ángstrom, que es un milímetro dividido en 10 millones de partes) se insertan fácilmente en el interior de los órganos, algo para lo que el cuerpo tiene pocas defensas y, a la larga, producen varias enfermedades, incluidos el cáncer y el mesotelioma.
Esto también ha hecho que no sólo hayan contraído enfermedades los trabajadores de las empresas sino también personas que han vivido en el entorno de las fábricas, como es el caso de Cerdanyola.
Cuando en el año 2000 Joaquín Nieto, de CCOO, escribía para Ecologista un artículo sobre el mismo asunto, aún no estaba prohibido su uso más que en unos pocos países europeos, por lo que la lucha no había hecho más que empezar. Al día de hoy son 52 estados en los que rige la prohibición y en cerca de 150 en los que aún su extracción y uso está permitido. Estos países son casi todos pertenecientes a los de menores rentas por lo que la tragedia sigue viva en los trabajadores y familias de los más pobres. Un caso más de deslocalización.
Decía Nieto en su artículo: “quizá el mayor peligro para la salud pública y el entorno venga dado por las tuberías de conducción de agua pública y de riego ya que la mayoría las hacían de amianto -cemento basado en crocidolita”, o amianto azul, el más peligroso de la gama-. “Está demostrado que el agua puede ejercer una acción de arrastre de las partículas de amianto de hasta decenas de millones por litro, dependiendo del grado de acidez del agua y de que sea más o menos calcárea. Ya en 1981 CCOO disponía de más de 500 referencias bibliográficas sobre la relación amianto-agua-cáncer”.
En España hay instalados y dispersos por toda la geografía, miles de kilómetros de tuberías, cientos de miles de metros cuadrados de tejados, cubiertas, depósitos, etc., hasta cerca de tres millones de toneladas en total. Por tanto, queda una larga batalla por la desamiantización del país, en condiciones laborales y sociales adecuadas.
Ángel Cárcoba, de CCOO, en su magnífico alegato titulado “Yo acuso”, señalaba a muchos de los responsables y concluía de esta manera: “Ante esta situación hago un llamamiento para la creación de un Tribunal Penal Internacional del Trabajo donde comparezcan y se diriman las responsabilidades de los que convierten el lugar de trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte”.
Eternit, la multinacional del amianto
¿Por qué las asociaciones de víctimas acusan a la empresa Eternit? Porque hasta final del siglo XX, y durante casi todo el periodo, han sido unas pocas familias europeas las que han dominado el negocio del amianto en el mundo. Especialmente tres: la suiza Schmidheiny –la más importante–, la belga Emsens y la francesa Cuvelier. Y ellas, junto a otros magnates británicos, italianos y españoles, se han constituido en cártel y lobby desde 1929, bajo las siglas SAIAC, y han explotado en el siglo pasado el negocio integral, preferentemente bajo el nombre de Eternit (Uralita en España).
En el mundo, en la época de euforia del imperio Eternit, entre 1950 y 1989, la familia suiza tenía empresas en 16 países con más de 23.000 trabajadores. Con el resto de las familias han controlado la extracción y producción de amianto-cemento en 44 países de los cuatro mayores continentes. Por ejemplo, en 1985, se calcula que las familias suiza y belga controlaban el 25% de todo el amianto-cemento del mundo.
Se ha estimado que sólo en Europa Occidental “el amianto va a causar la muerte de 500.000 personas en los primeros treinta años”. Como en esta zona y en estas fechas han dominado las tres familias, a los Schmidheiny se les puede adjudicar más de un tercio de la masacre, y más aún porque el lobby los convertía en una única empresa (cuasi-monopolio) que determinaba lugares de producción, precios, importaciones y maniobras de enmascaramiento de la letalidad del mineral.
Como mantiene Alejandro Teitelbaum “es posible invocar ante los tribunales como derecho vigente el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra dirigentes de sociedades transnacionales, en particular el inciso 1 apartado k): ‘otros actos inhumanos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física’ [...] o el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: ‘sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Éste podría ser el caso para los Schmidheiny y las demás familias a los que se les podrían considerar como presuntos genocidas porque se sabía de la letalidad del amianto desde principios del siglo XX.
En estos momentos tiene lugar el juicio penal, que ha despertado enorme interés en todo el mundo, contra los propietarios de las empresas de amianto instaladas en la región de Turín. Iniciado el 10 de diciembre de 2009 contra Stephan Schmidheiny y el barón belga De Cartier, se les acusa de catástrofe ambiental permanente y de omisión de las reglas de seguridad laboral de manera intencionada (delito doloso). Se piden 13 años de prisión e indemnizaciones que pueden llegar a ¡cinco mil millones de euros!, una cifra fabulosa solamente en este juicio, en el que se les juzga por la muerte de dos mil personas y mil enfermos por amianto en la citada región.
Juicio que es una primicia en el mundo porque nunca se había juzgado a los propietarios, pues eran los altos ejecutivos de las empresas de Eternit los imputados.
Además, está constatado que la familia suiza ha colaborado con el régimen nazi, con el apartheid sudafricano y con las dictaduras latinoamericanas en pro del negocio, de ahí el doble alegato de las víctimas: como tales y por el historial de la empresa. No es de extrañar que uno de los herederos vivos, Stephan Schmidheiny, sea unos de los hombres más ricos del mundo (el 354 en la lista de Forbes 2010), y que haya sido hasta 2003 directivo y accionista de Nestlé, una de las empresas más cuestionada del planeta por la competencia que ejerce contra la lactancia materna.
Lo que sí puede parecer extraño es que en 1994 creara una fundación filantrópica denominada Avina y que en 2003 la hiciera beneficiaria de los negocios que tiene en Latinoamérica.
Ya apuntaba, porque en 1991 fue uno de los gestores del Business Council for Sustainable Development (BCSD) “con el fin de proporcionar una perspectiva empresarial sobre el desarrollo sostenible durante la Cumbre de Río”, que hoy agrupa a las 170 empresas más importantes y contaminantes del mundo, “unidas por una visión compartida acerca del desarrollo sostenible [...] El Consejo se propone promover el liderazgo empresarial como catalizador para el cambio hacia el desarrollo sostenible, basado en la eco-eficiencia, la innovación y la responsabilidad social corporativa”, como cuenta él mismo en su página web.
Es por tanto uno de los padres del lavado verde de las empresas y de esa privatización del control público de las mismas llamada “responsabilidad social corporativa, RSC”.
Pero Avina apunta más lejos, no sólo crea ONG ad hoc o financia otras con objetivos cercanos, sino que pretende convertir a toda ONG en una empresa que colabore con otras existentes en pro del desarrollo, o como dicen, también en hacer negocio con los pobres que son “el negocio de los negocios”. Esto lleva aparejado “el derecho legítimo de los ricos a hacerse aún más ricos”, que vocean algunos de sus socios- líderes.
“Nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible de América Latina, fomentando la construcción de vínculos de confianza y las alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas”, como dicen de ellos mismos.
Schmidheiny dice en su autobiografía que para prestar su ayuda “la iniciativa presentada debe incluir un plan de negocios y objetivos y criterios muy concretos, que nos permitan evaluar su viabilidad y sus probabilidades de éxito”. Aunque parezca surrealista, pretende convertir a los movimientos sociales y ONG en empresas y a sus líderes en empresarios, por supuesto capitalistas. Por ejemplo, tiene entre sus socios-líderes a Gustavo Grobocopatel, el llamado rey de la soja transgénica en Argentina, y tiene alianzas con las mayores empresas y fundaciones del mundo como: Ashoka, Melinda y Bill Gates, Fundación Rockefeller, Coca-Cola Brasil y otras. Schmidheiny también se ha aliado con la Iglesia Católica a través de la Compañía de Jesús (Centro Magis y Fe y Alegría, entre otras).
Paco Puche (en Rebelión)
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