En julio de 1985 entró en vigor la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto en los supuestos de violación, peligro para la salud de la madre y malformaciones del feto. Esto supone que si una mujer libremente decide no seguir adelante con su embarazo y pone los medios para practicarse un aborto está incurriendo en un delito sancionado con penas de prisión o multa. Las perversas consecuencias de esta ley, limitada e insuficiente, ha puesto a las mujeres que deciden abortar y al personal sanitario que lo práctica en una difícil situación. La posibilidad de interrumpir un embarazo se pone en manos de terceras personas. Las mujeres quedamos bajo tutelas médicas, psíquicas, policiales y judiciales; quedamos a merced de organizaciones mal llamadas provida o de vengativos maridos que tienen el derecho a cursar una denuncia contra nosotras si así se les antoja. ¿Por qué? ¿Acaso las mujeres necesitamos ser tuteladas y reconducidas por el buen camino?
Por otra parte, con esta ley el derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las mujeres queda en suspenso, cuando bajo la sospecha de haber incurrido en un delito cualquiera a través de una denuncia puede solicitar que se estudien sus expedientes e historias clínicas.
La ley de 1985, que actualmente sufrimos, supuso una victoria parcial del movimiento feminista que en aquellos años luchaba con fuerza en las calles. Los datos después de 24 años de esta ley limitada y chapucera así lo demuestran. Las estadísticas de 2007 dicen que 700 mujeres navarras practicaron la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), todas ellas fuera de Nafarroa.
- El 92,42% de las mujeres que realizaron un aborto se acogieron al supuesto de riesgo grave para la salud materna, lo que requiere el dictamen previo de un especialista en psiquiatría que debe informar en esos términos, aunque la salud de la mujer no sufra otra incidencia que la de querer abortar.
- El 80,28% corresponde a embarazos de menos de 12 semanas de gestación, lo cual contradice algunas de las ideas que difunden quienes tratan de deslegitimar las decisiones de las mujeres. Muestran que la inmensa mayoría de las mujeres abortan lo antes posible, aun a pesar de las dificultades de acceso a los servicios para la realización de una IVE.
Es bien sabido que Nafarroa es la única comunidad del Estado donde no se pueden realizar IVEs, ni en la sanidad pública ni en la privada, a pesar de haber personal dispuesto a hacerlo. Esto se debe a los intereses de una Iglesia católica, encabezada por el Opus Dei y de una clase médica reaccionaria que está en la cúpula de poder. Ambas se han encontrando con UPN en el gobierno que es enemigo de la libertad de elección de las mujeres y con una legislación aprobada por el PSOE que le pone en bandeja el incumplimiento permanente de la misma, permitiendo una descarada objeción de conciencia, sin que sean procesados, cuando menos, por delito de prevaricación.
Otra de las perversas consecuencias de esta ley fue el destino que sufrieron con los Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual (COFES). Estos centros realizaron una labor fundamental en el campo de la orientación familiar y la educación y sexual. Sin embargo, con la entrada de UPN al gobierno, los propios centros y su línea de actuación comenzaron a transformarse en Centros de Atención a la Mujer (CAM). Cambio de nombre que llevó consigo un retroceso importante en cuanto a funciones y prestaciones en materia de salud reproductiva y sexual para las mujeres. Son las propias trabajadoras de estos centros las que, ante este cambio de filosofía, demandan una educación con mayúsculas, es decir, un sistema educativo que garantice la adquisición de conocimientos adecuados sobre salud reproductiva y sexual, que favorezca la reflexión y potencie actitudes, conductas y habilidades que permitan integrar y desarrollar de manera positiva y saludable la dimensión sexual.
No les falta razón en su demanda pues es bien sabido que el número de IVEs en jóvenes menores de veinticinco años ha aumentado. Los datos demuestran que el factor más importante que precipita un embarazo no deseado es que la información real no es adecuada o es insuficiente para la toma de decisiones responsables.
No podemos olvidar en este análisis las necesidades y obstáculos con las que se encuentran las mujeres que tienen una situación administrativa irregular como es el colectivo de mujeres sin papeles. Mujeres que muchas veces desconocen los circuitos establecidos para acceder a una medicina preventiva o que eligen, por miedo a las consecuencias, estar fuera de la red pública. Veinticuatro años después, el PSOE va a modificar esta perversa ley y el movimiento feminista una vez más hemos decidido hacer nuestra la calle para exigir nuestras reivindicaciones:
- La despenalización total del aborto y su desaparición como tipo delictivo del Código Penal, pasando a ser un derecho de las mujeres.
- La realización de una IVE se debe realizar única y exclusivamente a petición de la mujer interesada, sin tutelas ni intervenciones médicas, judiciales o de otras personas.
- Una amplia y estricta normativa administrativa debe desarrollar todos los mecanismos necesarios para que las IVEs se realicen de forma rápida y eficaz y con todas las garantías para las mujeres, en los centros públicos de la red sanitaria.
- El acceso a los métodos anticonceptivos y específicamente a la anticoncepción de emergencia, con una información eficaz y un seguimiento constante, debe garantizarse desde los centros de planificación familiar y orientación sexual. En este sentido se plantea la vuelta a la organización de los COFES, en estructura y funciones, especialmente para recoger las demandas educativas y de sensibilización en el ámbito fuera de la educación formal.
- Integración de la educación sexual y afectiva integral en los diseños curriculares, siendo éstos de obligado cumplimiento, con seguimiento especial en todos los centros.
- Información y sensibilización permanente sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los medios existentes para la salvaguarda, especialmente dirigida a los sectores que están resultando más frágiles en los embarazos no deseados, como son las mujeres jóvenes y las inmigrantes.
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