El Juzgado de Instrucción número 2 de Tafalla ha llamado a declarar como imputado al alcalde de Murillo el Fruto, Javier Gárriz (UPN), en relación con una denuncia por "posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos" presentada por los tres concejales de la oposición. Los ediles de la Agrupación Independiente de Murillo el Fruto (AIM) presentaron la denuncia en noviembre de 2008, pero, tras ser admitida a trámite, fue sobreseída por el Juzgado el pasado 10 de febrero. AIM presentó un recurso de reforma ante esta decisión que ahora ha sido admitido al valorar que "en la causa se aprecian indicios de que, lo que en el auto de archivo se consideraba como meras irregularidades administrativas, bien pudiera traspasar el límite de lo penalmente relevante, haciendo necesario practicar otras diligencias a fin de confirmar o no estos extremos", tal y como indica el auto del 26 de marzo. También serán llamados a declarar, en calidad de testigos, el secretario-interventor del Ayuntamiento y el arquitecto de la ORVE.Los concejales de AIM denunciaron en su día "el procedimiento de pago, reintegro o devolución de cantidades de dinero por parte del alcalde, a algunas de las personas afectadas por la imposición de contribuciones especiales acordadas por el Ayuntamiento en 1997, sin otro fin que el de mantener relaciones de amistad o afinidad política con dicho alcalde".
Tras haber recibido por parte de algunos vecinos "la evidencia documental que fundamentaba la posibilidad de que dichos pagos se hubieran realizado bajo la apariencia formal de que se trataba de abonos de subvenciones al amparo de una ordenanza municipal de rehabilitación de viviendas", los concejales de AIM solicitaron al alcalde dicha información, la cual "hasta la fecha no ha sido facilitada, incumpliendo el derecho de información a cargos municipales reconocidos", indican los concejales Kerman Laskibar, José Javier Murillo y Felicio Murillo.
En el recurso de reforma presentado, los concejales de AIM pusieron de manifiesto al Juzgado los supuestos de pagos ordenados por el alcalde al amparo de dicha ordenanza, alegando que "en ninguno de los casos se habría tramitado el expediente de subvención previsto en la Ordenanza municipal de rehabilitación. En ocho supuestos ni siquiera existía documentación municipal acreditativa de haber ejecutado la obra, en siete supuestos se les habría abonado el importe de la subvención con anterioridad al momento de haber siquiera solicitado licencia de obra y en seis supuestos el importe de la subvención abonada superaba con creces incluso el de las obras ejecutadas habiéndose pagado importes que suponían el 1.800%". Por todo ello los concejales de la Agrupación Independiente han denunciado políticamente "el talante antidemocrático" del alcalde y "su negativa a facilitar información a corporativos municipales".
Por su parte, el alcalde Javier Gárriz no quiso ayer hacer declaraciones alegando que sólo lo hará ante el juez.
Diario de Noticias
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