(EL PAÍS, Javier Rico) El Gobierno central ha decidido apostar por la incineración sin ambages. El borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR) establece entre sus objetivos el incremento de la capacidad de incineración -llamada técnicamente, "valorización energética"- de los residuos sólidos urbanos en un 30% (600.000 toneladas) hasta 2012, con respecto a las cifras del año base (2006). Es cierto que el texto hace también un mayor énfasis en la necesidad de subir las cifras de reutilización y reciclaje, pero su nada disimulada apuesta por la incineración, que supondrá la construcción de nuevas plantas, ha reavivado el debate en torno a un sistema criticado por contaminante.
El plan no detalla cuántas plantas son necesarias, ni dónde se ubicarán. Corresponde a las administraciones responsables de la gestión de residuos -generalmente los ayuntamientos o mancomunidades- y los Gobiernos autonómicos -que orientan y pueden elegir emplazamientos cuando hay varias localidades afectadas- la decisión de levantar o no plantas incineradoras. Pero el aumento de la capacidad de incineración implica que más plantas son necesarias, hasta 10 o 15 según la industria. Alcalá de Henares (Madrid), Gijón (Asturias), Ceuta, San Sebastián y varios municipios de la Comunidad Valenciana son candidatos a la instalación de estas plantas en sus terrenos, según CC OO.
El aumento de la generación de residuos y la tendencia de las legislaciones europeas y española de llegar al "vertido cero" (desaparición de los vertederos) obliga a tomar medidas en todos los ámbitos, desde la prevención a la quema. Pero como ya ocurriera con un plan diseñado por el Gobierno socialista en 1988 -en aquella ocasión eran incineradoras de residuos industriales y ahora son urbanos-, esta solución para la gestión de las basuras no convence a grupos ecologistas, asociaciones vecinales y sindicatos, al entender que desincentiva la prevención, la reutilización y el reciclado y causa emisiones contaminantes a la atmósfera.
Las cuentas que hace CC OO son muy superiores a las del Gobierno. El sindicato habla de 2 millones de toneladas, frente a las 600.000 toneladas de las previsiones oficiales. Según el sindicato, las cifras que baraja Medio Ambiente se quedan cortas teniendo en cuenta las propuestas que hay en marcha. Desde el ministerio rebaten: "Nos atenemos a lo que está recogido en el PNIR: pasar de 2,1 millones de toneladas a 2,7 millones en 2012, que supone un incremento aceptable y acorde con la directiva".
La Comunidad Valenciana, con tres incineradoras, encabeza los planes de construcción. CC OO calcula que la cantidad de residuos que arderían en ellas rondaría los 1,4 millones de toneladas, es decir, más del doble del incremento global que aparece en el borrador del plan nacional. Jorge Lamparero, director general de Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, afirmó la semana pasada durante unas jornadas sobre residuos: "Hoy por hoy, el tratamiento térmico [incineración] es una opción necesaria y una alternativa que tenemos que tener muy en cuenta en la nueva gestión de residuos, tal y como lo recoge la nueva directiva marco europea". Desde su gabinete admiten que son tres las plantas que aparecen en el borrador del plan autonómico.
La industria, mientras tanto, mira con envidia a Europa y eleva las potencialidades de incineración por encima de lo sospechado por CC OO. Para José Muruais, presidente de la Asociación Empresarial Valorización RSU (Aeversu), lo planteado en el plan es "un objetivo muy poco ambicioso". "Sobre todo si lo comparamos con la situación de los países de la UE, más avanzados ambientalmente. Para alcanzar un tratamiento del 25%, valor promedio de la UE-15, se debería pasar de los 2 millones de toneladas actuales a 6,5 millones", apunta. Para lograrlo, no alcanzaría con las seis o siete plantas que están en marcha o en proyecto. "Existe la imperiosa necesidad de instalar entre 10 y 15 plantas de tamaño medio-grande, que resolverían el problema en aquellas áreas que necesitan con urgencia reducir la cantidad de residuos que envían ahora al vertedero", advierte Muruais.
La industria se siente respaldada en parte por la mencionada directiva, que no considera la incineración como un método de eliminación, sino como "valorización", aunque para ello hay que demostrar que se queman residuos con alto poder calorífico y se aprovecha la energía generada.
Con la publicación del último borrador del plan, la contestación ciudadana, hasta ahora circunscrita al ámbito local, ha pasado a ser más amplia. En Alcalá de Henares, localidad que vivió hace menos de un mes la manifestación antiincineradora más reciente, Asturias, Ceuta y Guipúzcoa han surgido coordinadoras y plataformas dispuestas a frenar este tipo de tratamiento de los residuos. En estos grupos se añaden contradictorios compañeros de viaje, como el PSOE, que se opone abiertamente en Alcalá de Henares a que el Consistorio del PP instale una planta pero que como miembro del Gobierno del Principado de Asturias apoya su puesta en marcha a través del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias.
Greenpeace es especialmente crítica. Considera "un error optar por quemar el dinero de los contribuyentes en instalaciones que son muy caras de construir y de mantener". Esto último también lo reconoce el ministerio en su borrador: "Es necesario tener en cuenta que es un tratamiento no finalista con un coste de funcionamiento elevado".
Jesús Pérez, responsable del Área de Residuos del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), fundación promovida por CC OO, es partidario de que, al menos, no cuenten con facilidades administrativas y fiscales. "Se debería cobrar un canon por tonelada incinerada, al igual que se hace con la basura que va al vertedero, y eliminar además la prima a la incineración de residuos para la producción de energía eléctrica". Para el sindicato, este incentivo está en contradicción con el objetivo del Convenio de Estocolmo de Prevención y Eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), ya que con este sistema se emiten varios de estos tóxicos. "En un escenario de reducción de contaminantes no se entiende que se permita la emisión de dioxinas y furanos a través de las incineradoras".
Desde Aeversu, responden a esa polémica con los datos del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, país en el que hay 72 incineradoras de residuos. Según un informe, las emisiones de dioxinas y furanos producidas por las plantas se han reducido más de mil veces desde 1990, con un incremento de toneladas incineradas del 44%. Y además, alegan, no es cierto que la incineración desincentive el reciclado. En Alemania "la tasa es mucho mayor que en España y se incinera un 22% más de residuos".
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