Brian Currin y Raymond Kendall, miembros de la Iniciativa Internacional por la Paz y el Diálogo en el País Vasco, comparecieron ayer en la sala A1G-3 del Parlamento Europeo en Bruselas ante unas cien personas, entre las que abundaban parlamentarios de diversos colores y procedencias, periodistas de varios países, personal de ONGs y abogados especializados en Derechos Humanos. Ejercieron de moderadores Bairbre de Brún, parlamentaria de Sinn Féin y Gerard Onesta, electo europeo por los Verdes.
Brian Currin, abogado sudafricano que conoce de primera mano conflictos como el de Irlanda del Norte y el de su propio país, valoró que al contrario que en dichos países, en los que todos admitían que todas las partes debían participar, en el conflicto vasco la izquierda independentista está totalmente excluída, lo que hace imposible su resolución. Ilustró a los asistentes sobre las consecuencias de la Ley de Partidos, y se lamentó del boicot al que las autoridades españolas han sometido a su grupo desde su constitución. Hizo también alusión a la incomunicación que se aplica a los detenidos y a las torturas, denunciadas recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Pero fue Raymond Kendall, jubilado de 75 años, ex-secretario general de Interpol, quien con más dureza criticó la vulneración de derechos en el Estado Español, especialmente en su valoración de la actuación de las fuerzas policiales y de la judicatura española. "Nadie puede estar de acuerdo con que no haya un abogado presente desde el momento de la detención; los abogados deben tener acceso a sus clientes" afirmó, antes de referirse a la ilegalización de partidos. "Todos los organismos, todos los informes, están de acuerdo en todo esto, y se lo remiten al gobierno español, pero éste lo ha ignorado. ¡Y me parece increíble! No entiendo por qué no hacen nada". Agregó que "las autoridades españolas quizás tengan una cultura judicial diferente. España es una democracia relativamente nueva, y hay algunas actitudes antiguas, franquistas, en algunos jueces. Me pregunto si ignorar estas cuestiones sobre derechos humanos no forma parte de esta cultura judicial".
(eitb24.com)
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