Estos días se está debatiendo en el Congreso Español la Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria. Por de pronto sabemos que ya se ha rechazado por el Congreso, con los votos del PP y CiU, y la abstención de PNV y ERC, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE y apoyada por IU, Amaiur y otros grupos.
Por una parte, nuestras plataformas consideran que la reforma de la Ley que plantea el PP da la razón a los que durante muchos años hemos protestado contra el artículo 206.1 de la citada ley Hipotecaria, que en un Estado aconfesional, equipara a la Iglesia Católica con una administración pública y concede a los obispos unos privilegios anacrónicos para inmatricular bienes de todo tipo (desde catedrales a frontones, cementerios, tierras, plazas públicas, patrimonios mundiales Unesco, etc.) como si fueran fedatarios públicos, con total opacidad y pagando un precio irrisorio (20-30 euros por inmatriculación) por un patrimonio incalculable, del que sólo se han conseguido datos en Navarra: 1087 bienes públicos desde 1998 a la actualidad. Eso supone que en el Estado la cifra se elevaría a decenas de miles. Desconocemos su número debido a la negativa persistente e injustificable del Gobierno a facilitar los datos, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones.
Sin embargo, además de conceder un año más para que la Iglesia inmatricule lo que resta, el Gobierno se niega a declarar la inconstitucionalidad, a todas luces evidente, de dicha ley franquista, y por lo tanto la ilegalidad de todo lo inmatriculado. Ello supondría de facto la “amnistía registral” de todo lo apropiado durante todos estos años, cuyo monto se oculta a la opinión pública pero que pueden ser decenas de miles de bienes de todo tipo.
Sin duda, y dentro del panorama de corrupción política que hemos contemplado estos años, este sería el escándalo más monumental.
Afirmamos asimismo que no basta con decir, como está haciendo el PSOE, que se ha cometido un abuso. Durante años, estando incluso ellos en el Gobierno, ha estado vigente la citada ley, sin que al parecer nadie reparara en lo que ocurría. Sin embargo, una vez que todos conocemos lo ocurrido y convenimos en lo absurdo de la ley, en sus consecuencias nefastas para el Patrimonio público y en su evidente inconstitucionalidad, no queda más remedio que evitar la citada “amnistía registral” y abrir la vía judicial para posibilitar la devolución de lo que no les corresponda.
Y para ello el partido que lidera Pedro Sánchez tiene la llave, presentando con 50 de sus diputados el recurso de inconstitucionalidad. Lo demás es palabrería. Ocultar la corrupción. Consumar el expolio.
Por tanto, exigimos al Gobierno la retirada de la citada amnistía registral y la divulgación pública de todo lo inmatriculado durante su triste ejercicio. Exigimos a la oposición a evitar que se consume el mayor escándalo de nuestra historia reciente. Por último, animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a todos los pueblos del Estado, a seguir peleando hasta la recuperación del patrimonio colectivo que nos pertenece.
Pamplona-Iruña y Córdoba, 13 de diciembre de 2014
Miguel Santiago, de la asociación Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todos
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