Patronal y Gobierno, mano a mano, están dando los pasos para que las centrales nucleares alarguen su vida más allá de lo que tenían previsto durar. Los empresarios desean prolongar los años de explotación de sus inversiones y, a la vista de los hechos, el Ejecutivo no solo les presta oídos sino que trenza los mimbres para que los reactores continúen su trabajo atómico.
Sin ir más lejos, el presidente del Foro Nuclear –asociación que reúne a la industria del sector–, Antonio Cornadó, ha pedido este martes en el Congreso de los Diputados que "el funcionamiento de las centrales de nuestro parque vaya más allá del periodo inicial considerado en su diseño". A esto se le denomina "operación a largo plazo".
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado muestras de su buena disposición en este sentido. El Ministerio de Industria autorizó el pasado noviembre la ampliación de actividad de la central de Trillo (Guadalajara) por otros diez años. Su licencia expiraba este 2014. Además, el 30 de septiembre, la empresa Nuclenor –que comparten Endesa e Iberdrola–, propietaria de la central de Garoña (Burgos), remitió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los informes ampliados que el organismo había solicitado para evaluar su petición de estar operativa 17 años más y llegar a las seis décadas de producción. Esta infraestructura cumplió su fecha de caducidad en 2011.
La patronal nuclear ha desplegado su encanto ante los diputados de la Comisión de Industria, Energía y Turismo al pormenorizar que mantener productivas sus inversiones "colaboraría eficazmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero", que contabilizan como el equivalente anual a "30 o 40 millones de toneladas de CO2". Añaden que se convierten en "garantía de independencia y diversificación" del abastecimiento energético con un "ahorro equivalente a 100 millones de barriles de petróleo anuales". Y se atribuyen una creación de "empleo intensivo, cualificado y estable".
"Solo cabe desmantelar Garoña"
El físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción Francisco Castejón ha recordado en el Parlamento los aspectos que no incluye en su análisis el presidente del Foro Nuclear. "No hay más que fijarse en la petición de información que el CSN hizo a Garoña para comprobar que está en un estado en el que solo cabe su desmantelamiento". Y detalla que las obras de adecuación "pueden llevarse 200 millones de euros por la corrosión en el circuito primario, la nueva instalación eléctrica, la contención de gases, los sistemas antincendios...".
Y a eso hay que añadir las nuevas medidas de seguridad derivadas del accidente de la central japonesa de Fukushima. La propia Nuclenor considera que "los requisitos para la renovación son muy exigentes". Pero le compensa. Este físico también ha tenido la oportunidad de recordar a la comisión parlamentaria que "se han cambiado los reglamentos para que Garoña pueda pedir su prolongación". El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, se ha limitado a recordar que la documentación está en "fase de estudio" por parte de los técnicos del Consejo.
"En España, las centrales no tienen, por ley, una vida limitada, y es el Consejo de Seguridad Nuclear quien determina la capacidad técnica de cada planta para operar", ha subrayado Cornadó. Esta institución es la que emitió el informe favorable para renovar a Trillo y el que ha abierto la puerta a que Garoña se haga sexagenaria. "Desde luego que el Ejecutivo apuesta por la prolongación hasta los 60 años", analiza el físico nuclear. Hace algo más de un mes, una de las principales operadoras de energía nuclear, Endesa, reestimó en un documento propio "las vidas útiles de las centrales nucleares que pasan a ser de 50 años [antes eran 40] como consecuencia de estudios técnicos y jurídicos realizados internamente".
Las autorizaciones han sido siempre de 10 en 10 años y las redacta finalmente el Gobierno, a través del Ministerio de Industria. Previamente, el Consejo de Seguridad Nuclear realiza sus informes técnicos. El representante del lobby nuclear ha dedicado estas palabras al CSN: "Organismo muy cualificado, experimentado, sólido, prestigioso e independiente". El Pleno del Consejo está compuesto por un presidente y cuatro consejeros nombrados por el Gobierno tras consultar con la Comisión de Industria del Congreso (la audiencia a la que hablaba el presidente del Foro Nuclear).
Seis centrales y tres grandes empresas
El panorama atómico en España está compuesto por seis centrales con ocho reactores y tres grandes empresas. Tras la renovación de Trillo (propiedad de Iberdrola y Gas Natural con unos pequeños porcentajes de Hidroeléctrica del Cantábrico y Nuclenor), la que tiene la fecha de caducidad de su licencia más cercana es Almaraz I (Cáceres), para 2021 –pertenece a Iberdrola, Endesa y Gas Natural–. Este reactor entró en servicio en 1981. Su hermano, Almaraz II, en 1983 y su licencia llega hasta 2023.
Otra central con dos reactores es Ascó (Tarragona) –repiten Iberdrola y Endesa–. Puestos en marcha en 1983 y 1985, su actual vigencia se extiende hasta 2023 y 2025, respectivamente. La valenciana Cofrentes es de Iberdrola y su autorización expira en 2021, cuando cumplirá 37 años de servicio. Vandellós II (Tarragona) es de Endesa e Iberdrola. Activa desde 1988, su licencia finaliza en 2027.
Raúl Rejón, en eldiario.es
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