El triunvirato patronal, UGT y CCOO se ha llevado 107 millones de euros en los últimos seis años en Nafarroa, según un informe de la Cámara de Comptos hecho público ayer. La mayoría de este dinero corresponde a los cursos de formación en los que se siguen detectando «incidentes», pese a que el nuevo trabajo de Comptos constata que se ha mejorado en los organismos de control. Aun con todo, la Cámara detectó una factura que le genera dudas emitida por parte de una «entidad dependiente» del sindicato CCOO por valor de 600.376 euros.
El flujo de dinero que reciben estos tres organismos es, en su mayoría, fruto de convenios nominativos (es decir, sin competencia), que se van validando año tras año con las prórrogas presupuestarias. Aun con todo, comparando el último trienio con el anterior, el descenso en inyección económica a los sindicatos y la patronal se ha reducido sustancialmente (CCOO pierde un 10%, UGT el 12% y la CEN el 23%). De modo global e incluyendo fundaciones dependientes (Anafe e Inafre), en el trienio 2008-2010 recibieron 63 millones de euros. En el ejercicio 2011-2013, la cuantía se ha reducido a 54 millones (14% menos).
El Servicio Navarro de Empleo es la principal vía de financiación de los sindicatos. Así, de los 54 millones de euros que recibieron los tres agentes en el último trienio, 45 provinieron del SNE. El reparto fue bastante equitativo. UGT y CCOO se llevaron 16,6 millones de euros y la patronal, 12,6. Los ocho millones restantes se les embolsan a través de distintas partidas de varios departamentos.
En concreto, Comptos manifiesta tener dudas sobre la forma en la que se han justificado las subvenciones recibidas por la fundación Inafre (que está compuesta por los mismos tres actores). En este sentido, en su anterior informe Comptos solicitó que se justifique el dinero gastado proyecto por proyecto. En el nuevo informe, se especifica que CCOO no entregó un informe de auditoría para justificar los gastos. Tampoco los informes de auditoría de la patronal y UGT dejan del todo tranquilos a los técnicos de Comptos, que señalan que «no siempre queda acreditada la razonabilidad» de la imputación de gastos generales.
El precio de los cursos
El ente fiscalizador público recuerda que los informes y estudios que está subvencionando el Gobierno navarro a estos agentes «son propiedad de las entidades beneficiarias». Y esto, a sus ojos, también debería ser revisado. «Dado el interés público de los temas estudiados, consideramos que el Servicio Navarro de Empleo debe analizar la conveniencia de ser el titular de los estudios y, en ese caso, la necesidad de realizarlos mediante un contrato de asistencia sujeto a licitación».
Además de censurar que se subvencionen estudios a estas organizaciones para que luego los empleen a título particular, Comptos destaca la variación de los costes que están justificando los tres agentes al SNE. En particular, el que pasa unas facturas más altas a las arcas públicas es la CEN y, según Comptos, esto se debe a que la patronal subcontrata todos estos trabajos.
Uno de los cuadros más llamativos que figuran en el último informe de Comptos hace referencia al coste por hora de los cursos de formación. El coste medio por alumno es de 12,33 en la CEN. En CCOO baja a 11,59 y, en la UGT, hasta 10,59. Sin embargo, las asociaciones de autónomos UPTA y ATA logran costes mucho más bajos, de 8,68 y 8,21 euros, respectivamente.
Un 8% de incidencias en las inspecciones de cursos
Comptos recoge con satisfacción que UGT, CCOO y la patronal están ampliando las inspecciones y el sistema de control en los cursos. Aun con todo, se han detectado incidencias en el 8% de los cursos visitados por inspectores. En el informe se recoge un análisis de algunas de ellas, que resultan, cuanto menos, chocantes. Así, se describe que los inspectores se personaron y encontraron que no se estaba impartiendo el curso en tres ocasiones. En cada expediente se alegaron distintos motivos. En un caso, se señaló que había habido un aplazamiento, pero que se les había olvidado comunicarlo. En otro, contaron que el profesor había tenido «un percance» y había avisado a los alumnos. En la tercera ocasión solo se halló en el aula al profesor y la excusa fue que había programado un descanso sin consultarlo. El beneficiario de las ayudas se comprometió a no volver a contratar al profesor por «falta de rigor». Sin embargo, el más llamativo sucedió cuando descubrieron que los supuestos alumnos del curso eran «personal del centro de formación». Lo curioso es que el expediente se anuló, porque ese personal también podía beneficiarse del curso.
Aritz Intxusta, en GARA
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