Vivimos un cambio de época con incertidumbres. El tardofranquismo fue un fin de época, y la Transición su salida negociada, que dibujó tanto el cuadro normativo e institucional como el mapa de las fuerzas destinadas a dirigir desde el bipartidismo la naciente democracia. Se instaló un modelo institucional –incluidos los Pactos de la Moncloa (1978)- que hizo imposibles la profundización de la democracia y el derecho de autodeterminación y el avance por el lado de rentas, empleo y prestaciones: Trajo consigo el “desencanto”. Los logros progresistas de los años 80 se limitaron así a los desarrollos autonómicos y a la sanidad y enseñanza universales.
Las huelgas generales posteriores no impulsaron alternativas al deterioro de los derechos sociales; y, para los procesos nacionales, la soledad rupturista vasca durante casi tres décadas (un bertso suelto en el panorama estatal) estuvo contaminada con la lucha armada: un desafío violento al sistema institucional. El Estado degeneró más y la violencia reivindicativa solo tuvo predicamento en un sector minoritario de los vascos que ha seguido movilizado hasta hoy. Contó con la oposición frontal del resto. Un camino sin salida que deslegitimó el ariete rupturista y que es una de las causas del actual desfonde vasco.
En la actualidad, por la doble influencia del 15-M (cuestionamiento del degradado modelo político-social) y del desafío catalán (derecho de decisión y consulta independentista) asistimos a la crisis de un régimen paralizado por dentro y desafiado por fuera. En efecto, vivimos el doble fenómeno de su implosión por carencias democráticas (fin del bipartidismo, corrupción sistémica, esclerotizado andamiaje institucional) y de unas explosiones sociales y nacionales, con nuevos agentes sociales como sujetos políticos.
Esa doble pinza hace vigentes, no ya una reforma de retoque de la Constitución Española, sino nuevos procesos constituyentes que revisen lo que la primera Transición dejó en el limbo. Reforma constitucional española de mínimos o procesos constituyentes, he ahí el dilema de la Segunda Transición.
Las dos movimientos que lideran el cambio (el fenómeno Podemos tras las mareas y el proceso de empoderamiento catalán) desafían el modelo de Estado, pero no es seguro que vayan a ser convergentes ni que vayan a lograr de modo lineal todos sus objetivos. Los asegurarían más si las capas trabajadoras catalanas (incluida la antigua inmigración) se implicaran, junto a las clases medias, en el proceso catalán dándole acento social, y si las fuerzas que el 15-M desató entienden que el proceso no es sólo de democratización del Estado sino también de refundaciones nacionales largamente taponadas.
Este escenario global es distinto al que apuntaron Gemma Ubasart e Íñigo Errejón (“Podemos: más democracia, nuevo tablero” en El País 8-11-14) con tres hipótesis alternativas: el proceso de desenganche soberanista catalán unilateral, y al que daban poca credibilidad; la reforma constitucional desde las elites para un cambio controlado (propugnado por el PSOE); y la “apertura democrática y constituyente” que cambie la correlación de fuerzas (se supone que liderada por Podemos e IU en una parte del Estado Español) y que sería lo decisivo para los articulistas. En mi opinión, la 1ª y la 3ª hipótesis van juntas, porque es impensable la culminación del proceso catalán sin un fuerte giro en España; y viceversa, no habrá cambio en España sin cauce para las aspiraciones catalanas y vascas.
En el caso de la CA de Euskadi (CAE), el intento de la década pasada –Plan Ibarretxe- fracasó a falta de alianzas políticas, sociales y sindicales para conformar un bloque histórico nacional. Las posibles causas fueron: la cerrazón del Estado; el factor deslegitimador de la violencia; la dificultad de que la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) en soledad pudiera desbordar al Régimen (no pesa como Catalunya); y la lucha interna por las hegemonías, que no permitió que el liderazgo de Ibarretxe pudiera arrastrar al conjunto del PNV y a la izquierda abertzale. Hoy Euskal Herria Sur está en stand by, mirando expectante el proceso pre-constituyente catalán.
Pero dos patas (Catalunya y la indignación sistémica) no equilibran una mesa. Faltan al menos la pata de la CAE y la pata navarra, y ambas con sus propios procesos, ritmos y especificidades, sin que dependan artificialmente de otros. El despertar en la CAE reforzaría aquella confluencia, y ella misma adquiriría más impulso si la apuesta catalanista avanzara cualitativamente (logre o no la independencia) y Podemos e IU impusieran su agenda en el resto del Estado. Por su parte, Navarra, hoy centrada en el sorpasso a su derecha para las próximas elecciones municipales y al Parlamento de Navarra, ya despertó con su propio proceso instituyente, planteando el doble eje del cambio social y del derecho a decidir, sobre si y en relación al Estado y la CAE.
Sería deseable y posible que la más que necesaria gestión de las secuelas de la violencia (atención a todas las víctimas, presos, memorias…) y la conformación de reglas y condiciones para una nueva convivencia (autocríticas de todos, desarme de ETA, deseable Comisión de la Verdad, nuevos principios) se aceleraran sin acaparar en exclusiva ni paralizar, en especial en la CAE, la agenda de unos (izquierda abertzale) ni facilitar la dilación de otros (PNV), condenándonos a todos a ser espectadores de los procesos abiertos.
No cabe alegar falta de apoyos sociales ni para lo uno ni para lo otro. Hoy la gran mayoría de la CAE quiere abrir una nueva página de convivencia y 2/3 del electorado piensa en términos de derecho a decidir. Hoy por hoy, las movilizaciones de Gure Esku Dago marcan la senda y bien pudieran iniciar, tras las elecciones municipales y forales, una cadena de consultas sobre el derecho a decidir. Pero son las élites políticas y sindicales de Euskadi quienes pueden abrir el melón de liderar una consulta general, de cuyas resultas pueda nacer con fuerza un nuevo proceso instituyente que consagre un inequívoco derecho a decidir colectivo (tipo Ibarretxe) y un ulterior proceso constituyente vasco que lo mismo puede acabar en un Estado vasco independiente, confederado o federado. Y ello, sin cepillados previos, chantajeados desde esa “transversalidad” que se arrogan quienes quieren evitar desde la cocina una demandada expresión democrática.
No hay así sólo un proceso constituyente con fondo social a escala de Estado, sino procesos constituyentes paralelos, aunque el de la CAE pueda demorarse más. En este contexto, un hipotético entendimiento post-electoral entre Bildu y Podemos (que también defiende hoy el derecho de decisión) podría cambiar las hojas de ruta de corte más posibilista, que aún no habrían tomado nota de la descomposición del régimen de 1978, jugando a su mera reforma y a lo que puedan obtener de ella.
Ciertamente, a las fuerzas destinadas a liderar ese proceso, más en la CAE que en Navarra, les ha cogido este punto de inflexión con el pie cambiado. A Sortu le encuentra en proceso de recomposición de ideología, estrategia y principios y de reconducción de los temas que le aprietan: pacificación, proyecto y salida al descontento social (cuestión esta última importante para que pueda incidir en los sectores no nacionalistas y que puede capitalizar, en otro caso, Podemos). Al PNV, tras la experiencia Ibarretxe, le coge en el otro lado del péndulo, en clave re-estatutaria y obsesionado por la competencia en el campo abertzale y por la gobernabilidad.
De todos modos, no me imagino un proceso soberanista exitoso sin la Margen Izquierda, Bilbao, Irún o Gasteiz, sin la juventud no nacionalista, o sin las capas técnicas, como no imagino poder convencer a nadie sin diseñar pasarelas de confianza describiendo con detalle cual es el país integrador y para todos que se dibuja (como el modelo El Clauer publicado por Álvaro y Cardús, 2013).
Si para cortocircuitar este proceso se argumenta con el miedo económico (primero la cartera), no está de más recordar que los logros a medio plazo suelen compensar los sacrificios a corto, y que movilizando proyectos fuertes e ilusionantes, es seguro que se logra más que jugando al qué hay de lo mío.
En suma, poner simultáneamente las fuerzas al servicio de la soberanía popular significa, por un lado, una apuesta decididamente democrática (con centro en el derecho de decisión y hacia procesos instituyentes y constituyentes vasco-navarros) y, por otro, impregnarla con los derechos sociales colectivos. Tendría el doble efecto de identificar un proceso soberanista y de progreso, no con las ideologías, sino con más democracia y con la salida a las penurias del conjunto de las clases castigadas, viendo éstas en el soberanismo -o en la alianza de las fuerzas progresistas navarras- el vehículo de sus variadas aspiraciones.
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