Ya nos vamos enterando de algunos detalles (demasiado pocos, para lo que exigiría la limpieza jurídica y democrática) de las diligencias abiertas por la fiscalía de la Audiencia Nacional contra Peio Gurbindo por un presunto delito de enaltecimiento de terrorismo. Para empezar, todo procede de un informe de la Policía Foral. En una entrada anterior sobre este tema ya lo apuntaba: después de lo de Berriozar, se podía esperar cualquier cosa. Lo cual me plantea algunas reflexiones:El delito está relacionado con la cesión a un concejal del lanzamiento del txupinazo. No se trata ya de que la lista de ANV tuviera todas las bendiciones (judiciales, fiscales y, cuestión no menor, de Rubalcaba) en el momento de las elecciones municipales. Es que dicho lanzamiento se cedió a una persona concreta que forma parte de la corporación municipal con todo derecho. Por tanto, presumir que el alcalde enaltece el terrorismo por tomar esa decisión equivale a presumir que este concejal es un delincuente (un terrorista, para más señas). Si es así, ¿por qué no está imputado del delito que fuere? Y si no es así, ¿por qué se atenta contra su dignidad de esta manera? Porque no se olvide que se le está vapuleando por persona interpuesta.
Hemos llegado a un punto en que, por intereses políticos, sociales y —todo hay que decirlo— económicos espurios, se ponen en práctica estrategias inquisitoriales de persecución, acoso y derribo de opciones políticas incómodas al poder. Ni más ni menos que la versión navarra-foral-y-española del «golpe de Estado permanente» de que un día habló Mitterrand para referirse a la Quinta República francesa (hasta que llegó a la presidencia, claro). La puesta en escena, con notificaciones a horas intempestivas y en el domicilio del alcalde tiene resabios de otros tiempos. Habrá, en las cloacas del poder foral, quien acaricie la idea de la imagen de un cargo público de Nafarroa Bai esposado.
En esa estrategia, cobra ahora todo su sentido la patética actuación de Jiménez el día de autos, como auténtico Quisling, quintacolumnista o topo de la derecha autoritaria triunfante en la izquierda navarra. Porque todo este enredo, además de servir a los intereses de Sanz-Barcina y UPN, se le ofrenda en bandeja de plata al sagaz Jiménez como pequeña y necesaria compensación por sus innúmeros e impagables (por valiosos, no porque no tengan precio, que lo tienen) servicios. Lo cual nos lleva a la última cuestión.
El embrollo tiene su origen en un informe de la Policía Foral. ¿De quién es esta Policía? ¿A qué intereses sirve? ¿Se sienten sus integrantes contentos u orgullosos de ser los camorristas o pendencieros de UPSN, a cuenta de intereses particulares, no siempre confesables y a menudo bastardos? ¿Nadie en ese cuerpo es consciente de ello? Porque los despropósitos se van acumulando.
Demasiados interrogantes, demasiados puntos oscuros. Si la exclusión de opciones políticas constituye de por sí una anormalidad democrática, la persecución sistemática de organizaciones políticas legales, valiéndose para ello de todos los resortes institucionales y económicos que proporciona el poder, nos puede llevar a un verdadero estado de excepción, sea cual sea el eufemismo que se utilice para describirlo.
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