“Don Mariano, bueno, sencillo, docto en su disciplina, amigo como pocos y con buen corazón, era gran amante de la concesión de becas, consiguiéndose numerosas debido a su iniciativa y llevando una de ellas su nombre”. Es la definición que se hace de Mariano Mota Salado (1887-1959) en la página web de un colegio público de Sevilla que llevó su nombre durante medio siglo y hasta el curso pasado. Hasta entonces, el colegio ignoraba que ese hombre bueno, sencillo y docto en su disciplina fue el rector que practicó la más salvaje purga en la Universidad de Sevilla en el franquismo. La contradicción, por insólita que parezca, no termina ahí. Ese colegio se sitúa en un barrio obrero, San Jerónimo, histórico feudo comunista donde el ensañamiento de los falangistas fue devastador.
Es sólo un ejemplo, según historiadores y descendientes de represaliados, de que la ignorancia del pasado es tan persistente que la recuperación de la memoria histórica debería ser un compromiso unánime de todo el país. Y la Universidad, que perdió al menos un tercio de los docentes en estas purgas franquistas –asesinados, encarcelados, coaccionados, inhabilitados y exiliados–, ha comenzado a ajustar cuentas con ese pasado: censos, homenajes o retiradas de los símbolos franquistas son algunas de las iniciativas con las que la institución, con más o menos retraso, con más o menos timidez, intenta sacar a la luz lo que todavía cuesta ver.
La de Sevilla acaba de aprobar una declaración que condena la purga y busca reparar el honor de los docentes represaliados. Además, está elaborando un censo –no existe uno generalizado–, cuyo avance provisional lleva contabilizados 58 profesores sancionados, entre ellos el poeta Jorge Guillén.
“Sabemos desde 1939, ya que la propia Universidad publicó entonces un denominado Libro Áureo detallando sus biografías, quiénes fueron los estudiantes que murieron por Dios y por España durante la guerra. Pero desconocemos, 70 años después, cuántos estudiantes de esa misma Universidad fueron sancionados, expulsados o fusilados por pertenecer a algún partido republicano o a un sindicato obrero”, denuncia Leandro Álvarez, catedrático de Historia Contemporánea y miembro de la comisión para la recuperación de la memoria histórica. Editar las obras de los exiliados es otra de las recomendaciones.
Aparte de homenajes, la Universidad de Granada, según su vicerrector Miguel Gómez Oliver, ha extraído del olvido la figura del rector y arabista fusilado, Salvador Vila, cuyo nombre bautizó un aula de la Facultad de Filología. Su hijo, Ángel Vila, agradece la labor universitaria, pero admite que las reticencias por mirar atrás se deben a la “vergüenza y a que hay familias que aún creen en el fascismo”.
Según el profesor de la Pompeu Fabra Jaume Claret, que describe en El atroz desmoche (Crítica, 2006) la depuración en las 11 universidades de aquella época, muchos referentes “aunque corrigieran su orientación e intentasen hacer olvidar su pasado, guardan en sus currícula un pecado original pues fueron ellos quienes colaboraron a reprimir a sus colegas”. Y añade: “Sus discípulos y/o sus descendientes se niegan a aceptar esa realidad pues creen, erróneamente, que se autodesacreditan”.
En Madrid se han publicado varias monografías centradas en el asunto. Carolina Rodríguez, historiadora de la Complutense, admite la dificultad para cuantificar la purga, aunque se calcula que un 44% del profesorado recibió alguna sanción en la capital. “Estoy convencida de que el mejor tributo es estudiar su trabajo”, reflexiona.
La retirada del honoris causa a Franco –e incluso el reconocimiento de los profesores que en su momento votaron en contra de la distinción– es una de las actuaciones emprendidas en Salamanca y Santiago de Compostela. “Se realizó también un homenaje a represaliados y familiares y se pidieron disculpas por mirar a otro lado”, resume el catedrático Lourenzo Fernández, vicerrector en Galicia cuando se le retiró el título al dictador.
Pero no es suficiente. “Las universidades no somos juzgados ni hacemos leyes; el Gobierno tiene que anular las sentencias de los asesinados”, exige Santiago López, profesor de Historia Económica de Salamanca. López considera que la Ley de Memoria fue cobarde y traicionó el Derecho de gentes que nació precisamente en esa universidad: “Gracias a esa ley y a la de Amnistía, el fiscal general puede paralizar la creación de una comisión de la verdad, que llevaría a un encausamiento general y a la restitución de la dignidad de los familiares vivos”, añade.
Néstor de Buen es uno de ellos. Su padre, Demófilo de Buen, una eminencia en Derecho Civil exiliado en Mexico, hizo vida republicana con amigos de la talla del que fuera presidente Diego Martínez Barrio y se dedicó en cuerpo y alma a la masonería. “Lo que más le dolió fue dejar en el camino cárceles y muertes de sus familiares”, recuerda su hijo al otro lado del Atlántico. Siente asco hacia Franco: “No ha existido ser más pernicioso. El problema es que tiene sucesores evidentes”, añade.
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