En UPN a casi nadie sorprendió el pasado jueves la decisión de la juez Mari Paz Benito de enviar el caso de las dietas de Caja Navarra al Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial y el único órgano con potestad para llamar a declarar como imputada a la presidenta del Gobierno foral.
El anuncio estaba ya descontado desde que la propia magistrada lo dio a entender en el auto firmado el 4 de junio, y que supuso todo un jarro de agua fría dentro de la formación regionalista. Sobre todo para los más cercanos a su presidenta, incluida la propia Yolanda Barcina que confiaba en que la posición del fiscal sirviera para frenar el rumbo que había tomado la instrucción.
El partido sigue dividido entre los partidarios y los detractores de la mandataria, cada vez más distanciados como consecuencia del proceso judicial. La crítica con Barcina aumenta en la misma medida en la que se complican sus perspectivas políticas, cada vez más marcadas por su papel en Caja Navarra, y que ni siquiera una sentencia absolutoria logrará aclarar en su totalidad. Los detalles y las indecencias que ha revelado la investigación de la juez van a ser difíciles de olvidar.
Todo se ha convertido así en una cuestión de tiempo, condicionada en su totalidad a la decisión que en las próximas semanas pueda tomar el Supremo. La admisión a trámite del proceso iniciado por la magistrada navarra y, en su caso, la posible imputación de la presidenta, pueden ser el detonante de una tormenta que de momento se mantiene contenida dentro de la formación regionalista. Incluso los colaboradores más cercanos de Barcina admiten que solo un rechazo de la causa, y con él un portazo al proceso judicial, logrará calmar las aguas internas, que siguen notablemente revueltas pese a la victoria de la presidenta en el congreso del pasado 17 de marzo.
El resultado del cónclave interno es sin embargo una de las principales losas que pesan sobre los críticos de la presidenta. La victoria de Barcina fue por la mínima, pero no por ello deja de ser una victoria. Por mucho que el escenario se haya complicado en estos dos últimos meses, los ya militantes hablaron en su día, por lo que cualquier movimiento interno debe estar muy bien justificado para gozar de legitimidad. Así lo recordó el propio Alberto Catalán en la comida que sus simpatizantes, sobre 150, mantuvieron hace dos semanas en San Gregorio Ostiense, a quienes reclamó calma y paciencia. Especialmente a aquellos que piden un posicionamiento claro del sector derrotado ante la situación que atraviesa el partido, y que pese a la derrota sigue siendo prácticamente la mitad de la organización.
Un sector que de momento asume la consigna de mantener el orden, pero en el que siguen aumentando el malestar y la preocupación. Algo en lo que sin duda ha colaborado la decisión de la ejecutiva del partido de asumir el coste de las defensas de los cuatro militantes implicados en la causa. Son muchos quienes internamente rechazan que la de Caja Navarra sea un ataque contra el partido en su conjunto, como sostiene su presidenta, sino la consecuencia de la actitud poco responsable de quienes aceptaron cuantiosas cantidades de dinero por su presencia en un órgano sin decisión real dentro de la entidad financiera.
Todas las miradas se dirigen ahora al comité de garantías y disciplina, órgano de control interno con autoridad para abrir de oficio un expediente informativo a los imputados, pero que no se ha vuelto a reunir desde su constitución. Un escenario en el que surge además la figura del congreso extraordinario. Hipótesis todavía lejana, fundamentalmente por la dificultad de convocarlo. Exige una mayoría clara del consejo político, que apenas se ha reunido una vez desde el último congreso y que gracias a la fórmula de listas cerradas con la que en la práctica se acabó votando en Baluarte cuenta con mayoría del sector afín a la presidenta. Pero también por la prudencia inherente del propio Alberto Catalán, a la que algunos atribuyen la derrota en el último congreso, que Barcina acabó de ganar gracias a dos o tres artimañas poco estéticas pero efectivas en una votación en la que se impuso con el 51% de los votos.
Cuestiones soterradas pero latentes en el entorno de UPN, expectante en un impasse temporal que espera ahora a que los cinco magistrados del Supremo decidan si admiten o no a trámite la instrucción del Caso Can. Una decisión que en el mejor de los casos no se producirá antes de finales de julio, por lo que siendo agosto inhábil a efectos políticos, cualquier decisión trascendental se retrasa al menos hasta septiembre. Es posible incluso que antes de que acabe ese mes se sepa ya si Barcina deberá hacer el paseíllo de imputada hasta el Supremo, lo que acabará por aclarar a quienes todavía hoy se mantienen en la indefinición. Será sin duda el principal tema de conversación en los corrillos de la militancia durante las fiestas de los pueblos de este verano, donde realmente se cuecen las decisiones importantes dentro del regionalismo navarro.
Ibai Fernández, en Diario de Noticias
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