El Ayuntamiento de la localidad ribera, concretamente el alcalde, Isidro Velasco (PP), le ha exigido a la empresa Tecnología Industrial del Reciclaje IB, con sede en el término funesino, que rompa el contrato que firmó con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, GHK, hace un par de meses y frene "de forma inmediata" la llegada de camiones con materia orgánica. Concretamente, GHK acordó con la planta de tratamiento navarra el envío de cerca de 900 toneladas de residuos orgánicos procedentes de Lapatx (Azpeitia).
Velasco, que amenaza con "cerrar de forma definitiva" esta planta, alega que "la licencia que tiene esta empresa es exclusivamente para tratar materia orgánica de procedencia agroalimentaria, no urbana, por lo tanto no pueden recibir esos residuos porque están incumpliendo el contrato que firmaron con el Ayuntamiento. Aunque se trata de una empresa privada, el terreno es propiedad del Consistorio, pertenece al comunal de Funes, y si el inquilino incumple el contrato de alquiler, ¿qué hacemos con este inquilino? Nosotros les hemos pedido que cesen esta actividad únicamente y que sigan con la labor que venían desempeñando hasta ahora, pero si continúan en esta línea, no cambian de parecer y siguen recibiendo camiones de Gipuzkoa, procederemos a su cierre definitivo".
De hecho, el primer edil insistía en que ya tienen un informe que demuestra que no se están cumpliendo las cláusulas del contrato y están a la espera de recibir otro documento, en este caso un informe judicial que llegará la semana que viene, y que corroborará o desmentirá esta postura.
Del mismo modo, Isidro informaba de que "hay vecinos que han comenzado a quejarse por el olor que desprende esta planta".
Tras conocer la intención del Consistorio de Funes, la empresa IB Reciclaje ha argumentado que tiene todas las licencias en regla y que, de hecho, cuenta con un permiso especial del Gobierno de Navarra para tratar estos residuos. Precisamente, desde el departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local aseguraban que "desde el punto de vista medioambiental, la empresa dispone de todos los permisos".
Sin embargo, esta respuesta no parece contentar al alcalde popular, Isidro Velasco, que no dudaba en afirmar que "Medio Ambiente miente, una vez más, y se salta las leyes a la torera porque la empresa está en una situación de ilegalidad. El terreno es comunal y se alquiló para el tratamiento exclusivo de residuos agroalimentarios, y repito, agroalimentarios. Si la Real Academia de la Lengua no ha cambiado el significado de esta palabra, creo que no hay nada más que decir al respecto".
Por último, Velasco concluía afirmando que, aun en el caso de que la localidad ribera se pudiera beneficiar económicamente de este acuerdo, que no lo hará, el Ayuntamiento no lo aceptaría. "Bajo ningún concepto, y por ningún dinero del mundo permitiré que venga la mierda a Funes. La seguridad sanitaria no se paga con ningún dinero y aquí ya tenemos bastantes problemas al respecto".
De momento, la firma que nació en el año 1999 y que se dedica a la fabricación, instalación, comercialización, venta y arrendamiento de plantas industriales de reciclaje de residuos orgánicos, agropecuarios, vegetales y forestales, así como a la producción de productos y abonos orgánicos, continúa a la espera de que se emita un informe definitivo e inapelable por parte del Ayuntamiento o del Gobierno para dar por concluida esta polémica situación.
Diario de Noticias
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