Asistimos, con normalidad, a que los medios nos comuniquen que con las nuevas incorporaciones al Tribunal Constitucional, esté órgano de salvaguarda de los derechos y deberes recogidos en la Constitución democrática, pasa a manos conservadoras, tras haber estado en manos progresistas, en virtud de las mayorías y minorías de cada momento. Aceptar este hecho, es lo mismo que decir, de manera clara y directa a los ciudadanos, que el papel de arbitraje y equilibrio que deben ejercer sus miembros en la interpretación de la Constitución, está sujeto a la mayoría ideológica de cada momento. En consecuencia, ya podemos aventurar el tipo de sentencias que llegaran en los próximos meses, en temas como los recursos presentados contra la reforma laboral, los recortes, ley del aborto o la resolución del Parlamento Catalán sobre el ejercicio del derecho a decidir. ¿Dónde queda el fiel ciego de la balanza que representa a la justicia? Pues desaparecido en combate, en el combate político. Ejemplos:
Caso Urdangarin. Por primera vez en la historia judicial española un fiscal, en representación de la fiscalía del Estado, presenta un recurso contra la incorporación a un sumario en curso de un posible imputado. En éste caso, la Infanta Cristina de Borbón. Hecho insólito en la historia judicial española que invierte así el único papel y función de la fiscalía que es el de defender el “interés público” en todo aquello donde exista delito, fraude, estafa, etc. Papel que se subvierte de éste modo, por el del ejercicio de la defensa de una sospechosa (en este caso) de estar incursa en alguna de las figuras punitivas que recogen los distintos códigos judiciales. Como escandaloso es también que los inspectores de Hacienda hayan denunciado el trato de favor prestado por la Agencia Tributaria a la Infanta, a la hora de informar sobre sus cuentas con hacienda y la empresa “Aifon”. Pero esa es otra historia. ¿O no?
Caso Gurtel. Han hecho falta cuatro años para que el juez diera por buenas, por válidas, las conversaciones grabadas por el concejal del PP de Majadahonda que destaparon y dieron origen al caso, para despejar así las dudas sobre el recorrido final del sumario de esta trama con epicentro en Madrid (en el noroeste donde se sitúa el caladero de todo para el PP), y en la Comunidad Valenciana. Cuatro años en los que solo han pisado la cárcel el cabecilla de la red y su lugarteniente, pero no muñidor de las operaciones más oscuras de la red, “el bigotes”, ni ninguno de los ex alcaldes de las localidades madrileñas donde la trama Gurtel actuaba con total impunidad. Guillermo Ortega (“Willy”) que tras su paso por la alcaldía acabó con pisos, coches y cuentas en paraísos fiscales. O el ex alcalde de Pozuelo, y ex marido de la ministra de sanidad, “el albodiguilla” como era conocido en el seno de la trama, al que presuntamente le pagaron viajes, coches y gabelas diversas. Han tenido que pasar cuatro años para que se produzca la imputación de los primeros peces gordos: Camps y Rita Barberá. A este paso, quizá en la próxima década conozcamos la resolución de este expolio de dinero público.
Caso Bárcenas. Tras el escándalo social que ha supuesto el descubrimiento de los sustanciosos sobresueldos que se repartían mensualmente los miembros de la cúpula del PP, con un dinero de cuya procedencia la justicia debería sancionar su legalidad o ilegalidad; los ciudadanos hemos asistido atónitos a la pelea entre dos jueces por hacerse con las riendas del caso. Entre tanto, las implicaciones de este caso con el de la trama Gurtel siguen sin esclarecerse.
Caso Bankia. Aquí, tras el segundo ingreso en prisión del supuesto principal implicado en la presunta estafa cometida en la gestión de Caja Madrid, al juez le han llovido palos por todas partes. Primero de la fiscalía, que en un acto infrecuente, se ha opuesto y recurrido la orden de ingreso en prisión de Blesa (al que Aznar colocó al frente de la Caja sin tener experiencia alguna del negocio bancario, solo porque era amigo de pupitre), para sorpresa de la ciudadanía que ve en este hecho la demostración, una vez más, de que la justicia no es igual para todos. Ahora el recurso reprobatorio contra el juez presentado por la defensa, y sobre el que la Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse, pone en peligro todo lo ya instruido que podría quedar invalidado. Lo que hace dudar sobre la posible orquestación previa de todo este desaguisado, para alargar, enmarañar y terminar por diluir el caso.
En paralelo, otras noticias nos hablan de una joven condenada a dos años de cárcel por robar un móvil, a pesar de que un menor se declaró culpable ante el juez. O el de una mujer condenada a más de tres años de prisión por coger una tarjeta de crédito que se encontró en la calle y comprar con ella comida para sus hijos.
Todos estos casos, y otros muchos que no afloran a la palestra pública y que hablan del trato desigual que procuran los tribunales a los ciudadanos en función de su origen o alcurnia, han generado un deterioro total de la imagen de la justicia ante el ciudadano. Una decrepitud que se produce ante la total pasividad del Consejo General del Poder Judicial. Ese grupo de exquisitos que ni pone orden ni mano dura en este descomunal despropósito.
Un despropósito que hunde sus raíces en unos hechos muy concretos y que se resumen en el ridículo ratio de jueces por habitantes que hay en España (poco más de cuatro mil para cuarenta y siete millones de personas). El poder omnímodo del que gozan los jueces que les convierte prácticamente en una casta de intocables. La abrumadora presencia en los principales órganos jurisdiccionales (casi al copo) de jueces pertenecientes a las dos asociaciones profesionales más potentes, pero que en conjunto no aglutinan ni al cuarenta por ciento de jueces. Profesionales que ven así muy difícil – si no imposible- ser elegidos para los juzgados y tribunales de más peso, solo por no estar alineados. O la subida brutal de las tasas judiciales y el reforzamiento del papel de los procuradores (figura obsoleta en la era digital) que obliga a los ciudadanos a aflojar la bolsa si quieren justicia. Con estos mimbres y en medio de este patético panorama de la justicia española: ¿habrá alguna vez quién coja el timón y enderece de una vez el rumbo hacia una verdadera justicia justa? Hoy por hoy desde luego que no, pues por no haber, no hay ni intención.
Vicente Mateos Sainz de Medrano (en El Sillón Informativo)
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