Agricultores de la Zona Media presentaron ayer 815 firmas ante la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra para pedir que se paralice el proyecto de ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y que en su lugar se "invierta el dinero público en mejorar el regadío existente".
Esta recogida masiva de firmas coincide con el periodo de exposición pública del PSIS y del Estudio de Impacto Ambiental de la obra (EIA). Es por eso que cinco localidades, todas ellas afectadas por la ampliación del Canal, crearon hace unas semanas un frente común y redactaron un documento de alegaciones conjunto que fue el que, precisamente, se entregó ayer respaldado por la firma de 815 vecinos ante el departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Para ser exactos, en Miranda de Arga se recogieron 169 firmas, en Larraga 216, en Falces 55, en Mendigorría 74, 141 en Berbinzana y 160 en Pamplona y otros municipios. Los impulsores de esta iniciativa, entre los que se encuentran también varios representantes de la Fundación Nueva Cultura del Agua y su sección en Navarra Ura, se muestran "satisfechos" con el resultado y consideran que "es un paso muy importante" que agricultores y vecinos en general "se hayan atrevido a firmar" estas alegaciones. Sin embargo, desde Ura son realistas y creen que solo podrá detener esta infraestructura "el impacto económico que pueda tener sobre la deuda navarra".
En el documento presentado, los vecinos exponen que este proyecto "supone el fin de los numerosos huertos familiares existentes en las vegas de regadío tradicional de los ríos Arga y Ega", y que van a pasar de ser usuarios de un bien público y gratuito a "ser clientes forzosos de un agua privatizada servida por empresas intermediarias a un coste elevado". Dicen no tener claro de cuánta agua van a disponer, "cuando antes en el regadío nunca habíamos tenido problemas", o que "la inclusión de grandes extensiones de comunal supondría una nueva deuda para las arcas de nuestros municipios, por los elevados costes a cubrir". Asimismo se quejan de que no han sido informados ni han tenido ocasión de participar "aunque el PSIS incluye un grueso documento titulado Proceso de Participación Pública".
Por todo ello concluyen que este "megaproyecto" es de "viabilidad dudosa", como reconoce el propio PSIS, piden su paralización y proponen "que se invierta el dinero público en mejorar el regadío existente" porque con este proyecto "ni se cumplen ni se pretenden cumplir las normas legales que garantizan nuestros derechos", dicen.
Diario de Noticias
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