El 99,32 % de los personas que han participado en la consulta popular realizada en 39 pueblos afectados por el proyecto de Línea de Alta Tensión entre Dicastillo (Navarra) e Itsaso (Gipuzkoa) se han posicionado en contra de ese proyecto, lo que representa un 62,61 % del censo total.
En la votación que tuvo lugar ayer sobre un censo de 5.156 personas participó en torno al 63 %, un total de 3.248, y de éstas el 99,32 % (3.228) emitieron un voto en contra, un 0,10 % (5) a favor, un 0,12 % (6) en blanco y un 0,17 % (9) fueron votos nulos.
Desde la Plataforma No Línea Alta Tensión-Autopista Elektrikorik Ez se ha valorado hoy el resultado y en ese sentido su portavoz Alberto Frías ha manifestado a Efe que "el hecho de que el 63 % del censo haya participado en la votación da una idea de la preocupación que está suscitando esta cuestión en la ciudadanía".
"Es imposible que se siga tramitando un proyecto contra la voluntad mayoritaria de la población", ha aseverado al respecto.
El reto que se habían marcado era que al menos el 50 % del censo acudiese a las urnas y la respuesta ha sido mayor de la esperada, un 63 %, ha resaltado, tras lo que ha sostenido que "esto hace imposible el silencio cómplice que están manteniendo las administraciones".
Al mismo tiempo ha valorado la labor realizada en las distintas poblaciones que ha permitido que "sin un gran despliegue de medios" se haya logrado un " alto nivel de participación".
"Esto tiene que hacer reflexionar a los partidos, en particular a los gobiernos navarro y vasco, sobre cuál es la manera en la que tratan a la ciudadanía, y si se van a poner del lado de la mayoría de la ciudadanía que clara y contundentemente ha expresado su opinión respecto a este proyecto o si prefieren seguir cómodamente sentados en las alfombras de dirección de Iberdrola y Acciona, que son los que están detrás de este proyecto", ha apuntado.
Frías ha resaltado que esta consulta se suma a los 216 Ayuntamientos y Concejos que han aprobado mociones pidiendo la retirada del proyecto, y a las 500 personalidades de amplia trayectoria pública en sus diferentes ámbitos de trabajo que suscribieron la Declaración de Altsasu.
Todo ello pone de manifiesto que "aquí hay un problema no solo ambiental, de la salud o de modelo de desarrollo futuro, sino estrictamente democrático, si los proyectos se hacen a favor o en contra de la voluntad mayoritaria de la población y en nombre de qué intereses".
En la actualidad hay un proceso que ya está en tramitación, desde que se publicó en los boletines oficiales del 31 de mayo, en el caso de Navarra, ha precisado, contra la voluntad expresa más de un centenar de alcaldes que pidieron la paralización de la tramitación hasta que no se aprobase la nueva planificación eléctrica.
El siguiente paso es presentar "miles de alegaciones populares con las razones fundamentales de oposición a este proyecto y no solo ya sobre los aspectos técnicos sino una nueva demostración de lo que suscita esto en la sociedad".
El plazo de presentación de alegaciones concluye a finales del mes de junio, aunque se ha pedido una prórroga del periodo, sobre la que todavía no se han pronunciado.
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