Índices alarmantes en la economía
El proyecto productivo retrógrado de una economía cada vez más sustentada en la producción, extracción y exportación de materias primas sin valor agregado, se fue intensificando en los dos gobiernos de Lula priorizando la agroindustria de monocultivos para el especulador mercado mundial de commodities, incentivando la extracción petrolera y haciendo intensiva la explotación en grandes yacimientos de minerales a cielo abierto. En el plano del mercado interno, sus medidas favorables a las ventas financiadas masivas de casas, automóviles, y toda clase de electrodomésticos ha creado una burbuja del crédito con perspectivas insospechadas, en medio de un deterioro de las finanzas públicas. Estas orientaciones están incubando innumerables problemas sociales y ambientales. Y ahora también son la principal causa de que las cuentas externas de Brasil comiencen a presentar síntomas negativos alarmantes, en el marco de la continuidad de la crisis económico-financiera mundial iniciada en 2007-2008.
Veamos algunas cifras asustadoras: “en los cinco primeros meses del año la balanza comercial acumula un déficit de US$ 5.400 millones, frente a un superávit de US$ 6.261 millones en igual período del año pasado. De acuerdo a datos oficiales este es el peor resultado en el acumulado de los primeros cinco meses del año de la serie histórica iniciada en 1993. Según el Banco Central entre enero y abril el déficit en la cuenta de transacciones corrientes (saldo comercial menos remesas al exterior) alcanzó US$ 33.180 millones, un aumento de 89,68% en relación al déficit del mismo período de 2012. La previsión del déficit externo para este año, que aumenta con cada nueva divulgación de datos, es de US$ 72.000 millones.”...“Este resultado, que es el peor de las cuentas externas de Brasil desde 1947, proviene de la combinación de un aumento de las remesas de utilidades para el exterior que alcanzaron US$ 28.130 millones en el primer cuatrimestre -casi un 30% superior al mismo período del año pasado-, con una caída expresiva del saldo comercial que pasó de US$ 3.330 millones en los 4 meses iniciales de 2012 a US$ 6.150 millones en el primer cuatrimestre de 2013” /1 . El saldo comercial resulta de un aumento de las importaciones y una queda de las exportaciones.
Como bien remarca Lima Cardoso: en el actual contexto de crisis mundial prolongada, el déficit externo es “extremamente peligroso”. Todas las grandes crisis del país en las últimas décadas tienen el común denominador de los “déficit de cuentas externas”. Cubrir ese déficit con inversión extranjera directa, -como lo que se está haciendo- significa aceptar un proceso de “desnacionalización de la economía brasileña” ya que la mayoría de los capitales extranjeros que ingresan se destinan a la compra de empresas nacionales. Esto aumenta la dependencia de Brasil de las estrategias de los capitales internacionales que no tienen en cuenta los intereses nacionales. Además estos capitales externos imperialistas se están beneficiando del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) /2 .
Un análisis de las mayores empresas que actúan en Brasil, muestra que crece el número de ellas perteneciente al capital extranjero puro o asociado con capitales brasileños. “En la región Sudeste, por ejemplo, la más dinámica e industrializada del país, de las 50 mayores empresas, 22 (44%) son extranjeras o tienen capital de ese origen en su composición. Tales empresas están generalmente ubicadas en los sectores de la economía con las mayores tasas de retorno para los inversionistas (comercio minorista, telecomunicaciones, vehículos, farmacéutica y cosméticos, etc.)” /3. Lo que indica que las remesas de utilidades seguirán aumentando. Y las medidas del gobierno Dilma no anuncian nada bueno: la elevación de los intereses básicos de la economía (tasa Selic /4) por el Banco Central y bajo presión del capital financiero -que acrecienta sus ganancias con esta suba, a través del pago de los intereses y amortizaciones de la Deuda Pública-, nos sugieren una nefasta capitulación a ese sector.
Presupuesto Federal 2013 anunció el giro derechista
Poco más de dos décadas luego de las alteraciones de la Constituyente de 1988, los defectos del actual sistema tributario de Brasil se han acentuado bajo los gobiernos del PT. Ellos son bien conocidos. Primero: posee un sistema de recaudación pública sustentado básicamente en impuestos indirectos, injustos por ser regresivos: quién tiene más paga menos y quien tiene menos paga más. Mismo los impuestos directos (IPTU, Impuesto a la Renta y el ITBI) presentan graves disposiciones anti-populares. El impuesto a la renta incide básicamente sobre los salarios y sus alícuotas tienen baja progresividad, tasando de forma suave los salarios más elevados. El IPTU -contribución inmobiliaria- en los inmuebles alquilados lo paga el inquilino y el ITBI “causa mortis” -impuesto a las herencias- tiene alícuotas bajas y no progresivas (no aumentan de acuerdo al valor). En cuanto en Inglaterra o en Suecia existen tasas próximas al 50% sobre inmuebles heredados de alto valor, en Brasil las tasas son extremamente bajas y no progresivas. El principal impuesto del país, el ICMS carece de selectividad en sus tasas que deberían ser bajas en productos esenciales y elevadas en los superfluos, lo que no ocurre.
Este negativo sistema impositivo se “complementa”, con un Presupuesto Federal anual donde se asignan los recursos en forma desfavorable a la población. El Presupuesto Federal programado para el año 2013 ya era un indicador del golpe de timón a la derecha del gobierno: casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- está destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña /5. De los 2,4 billones (millones de millones en español o trillones en inglés y portugués) de reales, 900 mil millones (unos 450 mil millones de U$S) se gastarán en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, en cuanto están previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos. Agreguemos que en nueve días de pago de la deuda pública se supera el monto previsto para un año entero del programa “Bolsa Familia” que atiende cerca de 13,5 millones de hogares. En estas cifras se resumen las prioridades económicas del gobierno del PT.
Como los gobiernos anteriores, los de Lula y Dilma Rousseff atienden las recomendaciones del FMI y el sistema financiero internacional en la elaboración del Presupuesto, priorizando el pago de la deuda pública en detrimento de las necesidades de las áreas sociales. La única diferencia con los gobiernos del PT es una alteración apenas aparente: antes había preponderancia en el pago de la deuda externa y hoy la mayor parte de los gastos es con la denominada “deuda interna”, que a pesar del nombre también tiene como beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros. La llamada deuda interna es una nueva cara de la deuda externa y continúa sustrayendo recursos de los más pobres (por medio de tributos incidentes sobre el consumo y sobre los salarios) para privilegiar a los rentistas y especuladores /5.
“La deuda pública se transformó en un mero instrumento del mercado financiero. En lugar de servir como medio de obtención de recursos para financiar al Estado e incrementar las condiciones de vida de los brasileños, se tornó un mecanismo de substracción de crecientes volúmenes de recursos públicos, inviabilizando destinar verbas para las áreas sociales y provocando el empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general en cuanto favorece al sector financiero.”…”Por el actual sistema de lanzamiento de títulos de deuda pública, apenas doce bancos pueden adquirirlos del Tesoro Nacional. Esos bancos llamados dealers solo compran títulos cuando la tasa de interés alcanza el nivel que ellos desean. Con esto, Brasil continúa a pagar la mayor tasa de interés del mundo” /6. Y ningún “economista” de los grandes medios relaciona la inflación en aumento, al pago de la deuda pública. Un dirigente de Força Sindical llegó a decirme que el origen de la inflación provenía del “populismo social” (Bolsa Familia, etc.) del gobierno, ignorando la sangría de la deuda pública.
Apostando a un modelo funesto de matriz energética
El modelo de matriz energética del país se sustenta sobre todo en los combustibles fósiles, en especial en la extracción de petróleo en el océano. Complementado por la obtención de energía eléctrica que proveen las represas. Compartiendo la explotación petrolera -por medio de licitaciones- con las multinacionales del sector y ampliando la construcción de presas y diques a través de concesiones de obras a las transnacionales brasileñas de la construcción. En los tres gobiernos del PT se ha ido acrecentando esta apuesta, ampliándose la privatización de ambas opciones.
Es un modelo que contribuye al agravamiento del cambio climático. No en vano el petróleo es la principal fuente energética global. Pero los impactos territoriales y ambientales del petróleo van mucho más allá si consideramos que algunas de las actividades más nocivas del presente modelo urbano-agroindustrial no se darían sin el petróleo, pues son altamente dependientes de él: movilidad motorizada, terrestre/fluvial/marítima/
Pero además Brasil en los últimos años dio un salto en el empeoramiento de la matriz energética al proponerse extraer petróleo del Pre-sal. Con el precio del petróleo por encima de los 120 dólares el barril, al comienzo de la crisis económica iniciada en 2007-2008, perforar a cinco o seis kilómetros bajo el lecho marino, atravesando la capa de sal para llegar hasta esos remotos yacimientos de gas y petróleo podría ser beneficioso. Obviamente alcanzando una relación de costo-beneficio que exigía ajustar al extremo los gastos en prospección y extracción. Cosa que aún sigue intentando Petrobras, al precio de numerosos derrames en el primer semestre de 2012, -y algunos menos este año- al tratar de reducir costos de instalaciones.
Un nuevo agravamiento en modelo energética se está por dar con la aprobación de la Agencia Nacional de Petróleo de lanzar una licitación en octubre de 2013 para multinacionales imperialistas -que son las que detentan la compleja tecnología-, para la explotación del gas de esquisto en las cuencas ya identificadas de Parecis (Mato Grosso), de Parnaiba (entre Maranhão y Piauí), de Recôncavo (Bahía), además de las cuencas del río Paraná (entre Paraná y Mato Grosso do Sul) y del Río São Francisco (entre Minas Gerais y Bahía). El sistema es conocido por fractura hidráulica o fracking y ha sido prohibido en Francia, Bulgaria y otros países europeos por sus consecuencias contaminantes. La filial brasileña de la organización internacional Amigos da Terra, junto a Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas hicieron una carta pública que expone los motivos para un posicionamiento contrario al procedimiento. Entre los principales impactos ambientales comprobados por los especialistas están la contaminación del agua (de pozos, de ríos, lagos o subterránea), del aire y del suelo, los riesgos de explosión con liberación de gas metano, consumo excesivo de agua para ser utilizado en el fraccionamiento de la roca, el uso de más de medio millar de sustancias químicas agregadas al agua para favorecer la fractura hidráulica, además de que la técnica estimula movimientos tectónicos que pueden provocar terremotos (movimientos que ya ocurrieron en USA, Gran Bretaña y Holanda) /7.
Mientras tanto la Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), informó en abril de este año que en la actualidad hay cuatro parques eólicos concluidos, pero fuera de operación por no contar con líneas de transmisión de la energía que producen. Dos parques en Rio Grande do Norte y dos en Bahía. Algunos de ellos en esa situación hace más de un año.
Gobierno Dilma intensifica los confrontamientos
Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra. Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agro-industria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras han generado variados e intensos conflictos. Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil /8, son relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas /9.
Un caso como el de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el Río Xingu (Pará) por el consorcio Norte Energía, se arrastra durante más de 20 años y perjudica los medios de existencia (alimentación, vivienda, territorio, etc.) de más de 300 mil personas entre pescadores ribereños, indígenas y quilombolas, por las inundaciones, desvíos de ríos, destrucción de zonas selváticas y contaminación. Con la complicidad de gobiernos estaduales y federales fueron facilitados los licenciamientos legales sin previa consulta a los pobladores afectados.
Los pescadores artesanales de la bahía de Guanabara se enfrentan a la contaminación que produce el Complejo Petroquímico del Estado de Rio de Janeiro (Comperj) de la Petrobras. Además de los perjuicios a la actividad pesquera de innumerables familias, el Complejo es responsable de amenazas y ataques a los activistas de la asociación de pescadores Ahomar: en menos de un mes dos activistas fueron asesinados en 2013.
Rio de Janeiro y Minas Gerais dividen las consecuencias provocadas por las obras de la construcción del Puerto de Açu, que se instala en São João da Barra (Rio de Janeiro). En total serán 32 municipios los envueltos en diferentes actividades productivas impactadas. Aquí el mecanismo para aprobar este emprendimiento fue obtener las licencias ambientales en forma separada para que no se analizara el impacto por el conjunto de las obras. Este complejo portuario de Açu del grupo EBX prevé un terminal portuario para navíos de gran porte, un condominio industrial, un polo metal-mecánico, unidades petroquímicas, montadora de automóviles, almacenaje de gas natural, maquinaria para procesar mármoles y granitos ornamentales y una usina termo-eléctrica. La obra es una pieza clave para la actual orientación extractiva de recursos naturales del imperialismo y está desalojando diversas comunidades y afectando un área de reserva ambiental.
Otros conflictos creados por grandes emprendimientos como la usina siderúrgica Tyssenkrup Compañía Siderúrgica del Atlántico (TKCSA), en Santa Cruz, (Rio de Janeiro), o empresas como la fábrica Eternit en Minaçu, (Goiás) y las Industrias Nucleares del Brasil S.A. (INB) en Santa Quitéria, (Ceará) y en Caetité, (Bahía) muestran que los enfrentamientos con la población están generalizándose. Una de las coordinadoras del Mapa de Injusticias Ambientales, Tânia Pacheco denuncia que “la situación está quedando cada vez más crítica”...”Vivimos en un país en el cual, en este momento, un indígena de 35 años (Oziel Gabriel) acabó de ser asesinado por ocupar una tierra que es reconocida como de él. Si observamos la tierra de Mato Grosso do Sul, ella hoy está bañada en sangre. Quien no fue expulsado en la colonización fue desalojado en el siglo pasado y continúa siendo echado hoy. Ese es el estado donde más se mata indígenas en Brasil, siendo responsable por el 50% de las muertes de indígenas por año. Pero es en todo el país que se asesina y en todo Brasil tenemos un monte de gente amenazada de muerte” /10. Sea por madereros en el Amazonas, por plantadores de eucaliptus en el nordeste (y en especial en Pernambuco) y norte de Mina Gerais, por los latifundistas de monocultivos de soja, algodón y caña de azúcar en Mato Grosso, Mato Groso do Sul, Rio Grande do Sul, Sao Paulo, etc. o mineras en Minas Gerais y otras regiones.
Bloques de petróleo licitados al capital privado en tierra, en la 11º rodada de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), van a afectar directamente familias de asentados de la reforma agraria y comunidades quilombolas. Estudio hecho por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Greenpeace, y el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inese) señala que algunos bloques están localizados en el territorio de 76 asentamientos en el nordeste del país. Este tipo de medidas no tiene otro objetivo que atropellar a los movimientos sociales.
En entrevista dada al periodista Luis Nasiff (Brasil 247), Dilma anunció la semana pasada que “en la segunda mitad del año habrá un festival de licitaciones. Serán licitados 7.500 km de carreteras, aeropuertos, ferrovías, gas en tierra (fracking), almacenes, líneas de transmisión y generación eléctricA y el TAV (Tren de Alta Velocidad).” Lo que anuncia un “festival” de coimas y también de conflictos.
Transgenia agrícola conduce contra-reforma agraria y deterioro ambiental
Los gobiernos del Cono Sur se jactan del crecimiento de la producción de granos de estos países. Pero el avance de los monocultivos con semillas transgénicas está empeorando la realidad agrícola de la región. La ampliación de los costos productivos con la siembra directa provoca una alteración del tamaño mínimo viable para este tipo de plantíos de soja, maíz o algodón. Con eso, los menores establecimientos se tornan inviables lo que acelera la exclusión de pequeños productores del campo. Es un círculo vicioso que dificulta la permanencia de las familias en el campo, y al reducir el número de productores reduce también el abanico de productos ofertados. Es una política de desarrollo rural excluyente, sin personas, exigiendo una mayor inversión en maquinaria agrícola e insumos, ampliando en forma sistemática el volumen de agro-tóxicos utilizados, amenazando la calidad de la vida de los que permanecen y de los pobladores de ciudades aledañas, consumiendo más combustible, etc. Para los gobiernos y los capitalistas del agro-negocio esta contra-reforma agraria se expresa en una engañadora expansión de este tipo de emprendimientos, y como consecuencia un aumento del PIB y por tanto de la supuesta “contribución del sector para la economía del país” /11. Esto es demostrativo de una de las tantas perversiones del principal indicador económico capitalista de la “riqueza”, el “desarrollo” y el “progreso” de los países.
En la cosecha 2011-2012 entre los 5 países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) el 44% de la tierra cultivada tuvo un sólo cultivo: soja. En 2010, los cinco países sembraron 47 millones de hectáreas con soja. De este total, Brasil representó el 50%, Argentina el 40%, Paraguay el 6%, Bolivia y Uruguay el 2%, respectivamente.
En Brasil la cosecha actual va a superar los 82 millones de toneladas de la cosecha anterior, así como el porcentaje de 35% de la tierra cultivada con ese monocultivo. Todo ese esfuerzo no es para alimentar la población de nuestros países, sino para cebar ganado y puercos de Europa y Asia.
Veamos algunos ejemplos de la “contribución” del agro-negocio en Brasil. El municipio de Limoeiro do Norte, en Ceará está entre los más perjudicados por el uso de agro-tóxicos. Una investigación realizada por la Universidad Federal de Ceará (UFC) junto a la Universidad de Sao Paulo descubrió que el uso indiscriminado condujo a que uno de cada tres trabajadores evaluados presentó irritación, mareos, depresión, cáncer, entre otros síntomas. También se constataron casos de muerte. Los impactos en la salud pública, a pesar de ser de gran dimensión, no están claros para la sociedad. Y no se toman en cuenta como “costos” de la modalidad productiva. Respecto a la contaminación de los alimentos, el estudio del Ministerio de Salud mostró que en el 63% de las muestras analizadas se identificaron la presencia de dos agro-tóxicos. El 29% de estas muestras contenían un tenor tan alto de envenenamiento que el alimento debería ser prohibido para el consumo.
Mientras, los gobiernos estaduales y el gobierno federal siguen subordinados a las mentiras de la “revolución verde” que pregonaba que los agro-tóxicos elevan la productividad y mejoran la calidad de los productos, otorgándole subsidios a los agro-químicos, estimulando su consumo y liberando su utilización. El resultado es que Brasil, usando millones de toneladas de agro-tóxicos por año, es el mayor consumidor del mundo, de estos venenos. De acuerdo con datos de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) los estados que lideran ese ranking son Sao Paulo (25%), Paraná (16%) Rio Grande do Sul (12%) y Mato Grosso (9%). Además del altísimo consumo, la situación se agrava por la forma como es usado. La pulverización aérea -prohibida en varios países- es una práctica común en Brasil (y todo el Cono Sur). El caso más reciente es el de Rio Verde en Goiás donde una escuela fue fumigada durante la merienda al aire libre, con Engeo Pleno un insecticida de Sygenta que había sido prohibido por el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) y luego liberado. Niños y adolescentes sintieron de inmediato varios malestares y el seguimiento de los casos ha comprobado la aparición de síntomas alarmantes.
Existe una relación directa entre quién legisla y quién lucra. Entre los propietarios de grandes extensiones de tierra e industrias del sector, están muchos parlamentarios como el senador Blairo Maggi (Partido da República, aliado del gobierno) y líder de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que también es compuesta por los ruralistas Garibaldi Alves Filho, Ivo Cassol, Kátia Abreu, José Agripino y Eunício Oliveira.
Reforma Agraria en retroceso
Con relación a la propiedad de la tierra, el gobierno de Dilma Rousseff es el que menos latifundios ha expropiado en los últimos 20 años. En realidad detuvo totalmente el lento proceso de reforma agraria que venía del gobierno Lula y ahora ha decidido también un abandono total de la demarcación de territorios indígenas cediendo a las pretensiones de los hacendados de la agroindustria y los empresarios mineros.
Veamos algunos datos sobre esta situación, aportados por João Pedro Stedile /12: “En el noreste hay más de 200 mil hectáreas preparadas en proyectos de riego con millones de fondos públicos, que el Gobierno sólo ofrece y destina a los empresarios del Sur para producir para la exportación... Tenemos millones de trabajadores rurales, asalariados, expuestos a todo tipo de explotación, a trabajo semi-esclavo, y a la exposición inadecuada a los agro-tóxicos... El 85% de las mejores tierras de Brasil se utilizan sólo para soja/maíz; pastos y caña de azúcar. Sólo el 10% de los terratenientes, los agricultores que poseen áreas por encima de 500 hectáreas, controlan el 85% del valor de la producción agrícola, sin ningún valor añadido, para la exportación. El agro-negocio reprimarizó la economía brasileña. Somos productores de materias primas, vendidas y apropiadas por sólo 50 empresas transnacionales que controlan los precios, la tasa de ganancia y el mercado mundial... El modelo productivo de los agro-negocios “genera distorsiones de todo tipo: en 2012 faltó maíz en el noreste y a los agricultores de aves de corral, pero Cargill, que controla el mercado, exportó 2 millones de toneladas de maíz de Brasil a los Estados Unidos. Por otro lado, importamos frijoles negros de China, para mantener nuestros hábitos alimenticios... Este modelo no es sostenible para el medio ambiente, porque la práctica de monocultivo destruye la biodiversidad existente en la naturaleza, usando plaguicidas de forma irresponsable. Y este desequilibrio del ecosistema, envenena el suelo, el agua, la lluvia y los alimentos. El resultado es que Brasil responde sólo por el 5% de la producción agrícola mundial, pero consume el 20% de todos los pesticidas en el mundo. El Instituto Nacional del cáncer (Inca) reveló que cada año hay 400.000 nuevos casos de cáncer, originados por alimentos contaminados por pesticidas. Y 40% de ellos ocasionan muerte.”
Mientras que para la reforma agraria se dispuso de R$ 5 mil millones según el presupuesto federal de 2013, con bombos y platillos, el 04 de junio de este año, la presidente Dilma Rousseff anunció que se adjudicó un crédito R$ 136 mil millones para financiamiento de la agricultura empresarial en la zafra 2013/20 14. De esta manera, el montante de crédito a los ruralista creció 18% en relación a la temporada anterior. Las blandas tasas a aplicar varían entre el 3,5% y el 5,5% anuales para préstamos a 15 años. Y abarcan todos los procesos: plantío, cosecha y comercialización, construcción de silos, financiamiento para compra de máquinas agrícolas, equipamientos de irrigación y almacenaje, etc. La adjudicación de recursos define con claridad cuáles son las prioridades del gobierno del PT: al agro-negocio le entrega 272 veces más recursos que a la reforma agraria.
La creciente sangría de recursos hacia el agro-negocio está relacionada con el permanente crecimiento de los costos de esa modalidad. El costo medio de producción subió de la zafra anterior a la actual 21%, el precio de las semillas subió 53% y los agro-tóxicos aumentaron 20%. De acuerdo a un estudio reciente del Instituto Mato-grossense de Economía Agropecuaria, el agricultor que produce 3 toneladas (media nacional) por hectárea, gastará el equivalente a 2,4 toneladas en insumos y pesticidas, quedando apenas con 600 kg por hectárea. Desde el punto de vista macro, se observa que gran parte de los 136 mil millones adjudicados generosamente por el gobierno este año al sector, va directamente a las multinacionales de insumos y agro-químicos.
Como las patentes de la soja Roundup Ready (RR) de la multinacional no tienen más validez en Brasil, Monsanto realizó el mero cruzamiento de la soja RR con una soja que lleva Bt, toxina que elimina algunos tipos de lagarta y lanzó la soja RR2, anunciando que era una “segunda generación de transgénicos de soja” para volver a cobrar royalties. Varios agrónomos brasileños aseguran que no hay ninguna clase de invención, solo una maniobra más de la repudiada Monsanto. Además, estudios recientes de científicos franceses y americanos analizaron los descubrimientos de 77 estudios realizados en 8 países de cinco continentes concluyendo que es evidente una resistencia creciente de las plagas a los plantíos transgénicos repelentes de insectos /13.
Pero hay aspectos más vergonzosos aún sobre el comportamiento de subordinación al agro-negocio por parte del gobierno. Esta semana el ministro de Agricultura Antonio Andrade viajó por segunda vez desde mayo a China, pidiendo al país asiático que se abra a la soja de Monsanto. El canciller Antonio Patriota, haciendo honor a su apellido, también participó personalmente de las negociaciones como lobbysta de la multinacional /14.
Dilma puso fin a la demarcación de tierras indígenas
Ante un público de hombres blancos, “bien vestidos”, mayores de 50 años en su mayoría hacendados, empresarios de “agrobusines” y parlamentarios de la bancada ruralista del Congreso, el día 8 de mayo, en una audiencia realizada por la Comisión de Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, la ministra de la Casa Civil (jefa de gabinete gubernamental) Gleisi Hoffmann, hablando para la platea de ruralistas anunció drásticos cambios en la política de demarcación de tierras indígenas. Con el fondo de entusiastas aplausos, informó que antes de fin de año será definido un nuevo marco regulatorio para los procesos de demarcación de tierras indígenas.
Hasta ahora era la Fundação Nacional do Indio (Funai) quien conducía los procesos de demarcación, como órgano federal responsable por el establecimiento y la ejecución de la política indigenista brasileña en cumplimiento de lo que determinaba la Constitución Federal Brasileña de 1988.
La bancada ruralista, después de su exitosa campaña con la aprobación del nuevo Código Forestal -un retroceso del punto de vista ambientalista- pasó a presionar contra las demarcaciones de tierras indígenas que de alguna forma dificultan las invasiones ilegales ruralistas de tierras de los pueblos originarios. Con la propuesta de enmienda constitucional (PEC 215) que entregaría la aprobación final del proceso de demarcación al Legislativo, le dieron al gobierno una “justificación” para tomar una decisión sustitutiva de la PEC 215 que cumple la misma función.
Al retirar la toma de decisión de la demarcación de las manos de la FUNAI y al someter sus estudios al Embrapa y hacer obligatorias las consultas con los Ministerios de Agricultura, de Desarrollo Agrario, y de las Ciudades, parecería que la decisión es más democrática. Pero en realidad como dos de esos ministerios están en manos de los ruralistas, el gobierno les entregó la posibilidad de vetar cualquier nueva demarcación. Por eso el entusiasmo y los aplausos de la pandilla ruralista.
Recordemos que Dilma en dos años homologó menos áreas demarcadas que los gobiernos anteriores, así que no se trata de una decisión contraria a la orientación gubernamental. Sino coherente con el modelo productivo adoptado por el PT en el gobierno, que tiene a los ruralistas como aliados privilegiados.
Como broche final, días después la ministra Gleisi Hoffmann defendió la decisión gubernamental diciendo que “el gobierno no puede y no va a concordar con minorías con proyectos ideológicos irreales”. Es decir definió a las demandas indígenas de tierra como un “proyecto ideológico irreal” de una minoría indígena que no va a ser tenida en cuenta por este gobierno.
Ni el PT ni la CUT se manifestaron frente a la posición del gobierno, tampoco ningún partido de la institucionalidad se escandalizó por la decisión. La protesta de la supuesta “izquierda” PSOL fue bastante tímorata.
Mega-eventos y contra-reforma urbana
Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370.000 millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878.000 millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo /15 .
El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y está utilizando ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país.
La mayoría de los desplazamientos de pobladores favorecen una “limpieza” en zonas con comunidades conflictivas y abren espacio para la valorización territorial, funcional a la especulación inmobiliaria. En Rio el numero de de afectados es cerca de las 30.000 personas. Una “concentración de estas obras se realiza en el oeste de Rio de Janeiro en ciertas áreas en donde las personas no están viviendo. De esta forma hay un desplazamiento de esos pobladores hacia zonas más lejanas de la ciudad, lo que representa una pérdida en términos de transporte, horas y gastos, para que dichos pobladores lleguen a los locales de trabajo”...nPor ejemplo en el Morro da Previdência, donde está el proyecto del Porto Maravilha, algunas familias fueron removidas por la construcción de un teleférico, y otras sin ninguna justificación desde áreas sin riesgo”...“Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones empresariales y los negocios y se realizan a través de un proceso decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simbólicamente muy violento” /16 . En las favelas que tienen una interface mayor con los locales de los eventos, la ocupación militar a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), no van acompañadas de un avance en los servicios públicos y los derechos ciudadanos. No se trata entonces, de una reestructura que beneficia el deporte o la ciudadanía, sino centrada en grandes emprendimientos inmobiliarios por medio de un proceso decisorio que desconoce tanto el Estatuto de la Ciudad (2001) como los Planes Directores, principales instrumentos de una planificación participativa de los ciudadanos. Se está agrediendo el capital social de muchas de esas comunidades: su capacidad de resistir el clientelismo político, los desplazamientos autoritarios, la violencia policial, e incluso al tráfico de drogas. Con esta contra-reforma urbana, a la vez de favorecer la especulación inmobiliaria, se está desmontando la organización comunitaria.
Y con la coartada de los mega-eventos este proceso se ha extendido a varias ciudades del país. Con situaciones más graves aún que en Rio de Janeiro, en Belo Horizonte donde la violación de derechos humanos y exterminio de la población que vive en la calle (moradores de rua) fue denunciada por el Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Población de Calle y Clasificadores de Materiales Reciclables (CNDDH). La entidad denuncia que teme la intensificación de acciones contra “moradores de rua” con el inicio de los Juegos de la Copa de Confederaciones. Y recuerda que hubieron 100 homicidios de “moradores de rua” en los últimos 2 años en Belo Horizonte.
Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye “El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital" /17.
El estatuto retrógrado del “nascituro”
Un Proyecto de Ley (PL 489/2007) del Ex Diputado Luiz Bassuma (Partido Verde - Bahia) y Miguel Martini (Partido Humanista da Solidariedade - Minas Gerais), propone instituir un Estatuto del Feto al que denominan “nascituro”. Este proyecto fue aprobado en la comisión de finanzas el día 05/06 a través del substitutivo de la diputada Solange Almeida (PMDB de Rio de Janeiro).
El Proyecto de Ley pasa a considerar sujeto pleno de derecho al óvulo fecundado, o sea el feto concebido y no nacido pasa a tener más derechos que la mujer. El proyecto pretende además legalizar la violencia sexual que sufren las mujeres, principalmente la violación, tornando inadmisible el aborto consecuente de esa violación e instituyendo el pago de un auxilio para sustentación del nacido hasta los 18 años. El proyecto instituye la llamada “bolsa violación” como es conocida por los movimientos de mujeres, reforzando que la punición caiga sobre la propia mujer violada. La “bolsa” será paga por el violador y si no lo hace, por el Estado.La violación es un crimen hediondo. A través de este proyecto el violador pasa a ser llamado de genitor y la víctima es obligada a relacionarse con el criminal ya que él deberá asumir la paternidad. Desde el punto de vista femenino es de las cosas más retorcidas que se les ocurrieron a los opositores fundamentalistas del aborto.
También perderían el derecho al aborto legal las mujeres con riesgo de vida y las grávidas de fetos con ausencia de cerebro, una reciente conquista feminista ante la justicia. Siendo aprobado este proyecto, queda prohibida cualquier manifestación que trate sobre el aborto, cercenando el derecho al debate. Sin lugar a dudas este adefesio legal se inscribe en el giro a la derecha auspiciado por el gobierno Dilma /18.
Decae el apoyo al gobierno y aumenta la conflictividad
Dilma Rousseff perdió 8 puntos porcentuales en su nivel de popularidad y bajó del 65% en marzo al 57% en junio 2013 /19. Se trata de la primera caída de popularidad desde enero de 2011 cuando asumió la presidencia de Brasil. Los números de la encuesta indican que el deterioro de la imagen de Dilma es un reflejo del aumento del pesimismo de los brasileños con relación a la situación económica, en especial respecto a la inflación y el desempleo. De los 8 puntos de popularidad que la presidente perdió la mayor parte proviene de conjuntos menos escolarizados y de menor renta, en especial del sudeste y sur. Y lo más destacado es que las mujeres, mucho más que los hombres dejaron de apoyar a Dilma. Y cuando se focaliza al subconjunto de mujeres de renta más baja, esta tendencia crece.
Pero cómo ¿y la expansión tan pregonada por el gobierno del PT de una nueva clase media en Brasil? La realidad es otra, hay algunas encuestas que se ignoran y que son demostrativas de que el proyecto productivo de los gobiernos del PT sigue acrecentando la desigualdad. En diciembre de 2012 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) /20 informó que entre los 84 millones de brasileños con algún ingreso, los 8,4 millones (10%) que recibieron el menor rendimiento mensual disminuyeron su participación, entre 2000 y 2010, en los ingresos totales. De un ingreso mensual de R$ 134 (U$S 67) pasaron a R$ 101 (U$S 50), es decir pasaron a contar con R$ 3,36 por día. Les sobraría 16 centésimos luego de pagar un pasaje de ómnibus en São Paulo. Esta encuesta también dejó en evidencia como la distribución de la renta en Brasil continúa manteniendo una aberrante desigualdad. En 2010 el 10% de los trabajadores mejor remunerados quedaron con el 45,3% de todos los rendimientos mientras el 10% de los peor remunerados recibía 1,3% de todos los ingresos del país.
Ese deterioro de la economía de los más pobres explica la reacción popular multitudinaria de protesta al aumento de R$ 0,20 en el boleto de São Paulo. Un reajusta de ese valor en el precio de la tarifa de los transportes públicos en esa ciudad puede parecer insignificante para algunas personas, pero para aquellos que reciben un salario mínimo (en São Paulo es de R$ 755) y utilizan un ómnibus y un metro para ir y lo mismo para volver del trabajo -cosa normal-, el gasto de transporte al final del mes será R$ 200. Más del 26% del total de su ingreso. Y eso por un servicio pésimo en ómnibus repletos. En una movilización que ocupó la avenida São Paulo y fue violentamente reprimida por la policía, un barrendero de calles de una empresa tercerizada, un mensajero, una auxiliar administrativa de comercio y una estudiante de familia de bajos ingresos, declararon al jornalista de la UOL que con el aumento deberán saltearse alguna de las comidas del día /21. La semana pasada también hubo grandes manifestaciones contra el precio del boleto en Rio de Janeiro y Porto Alegre. Es una reacción contra el precio del boleto que refleja el descontento por el aumento del los precios en general y la amenaza de desocupación. No olvidemos que el crecimiento de la inflación en Brasil en un 50% se debe a los precios de los alimentos -y en especial a frutas y verduras- que es lo que más sube. Y las movilizaciones tienden a generalizarse: ya está convocada una movilización nacional contra el precio del boleto y por el “pase libre” para el jueves próximo (20/06).
Tengamos en cuenta una pregunta que se hace David Harvey: "¿quién produce la ciudad, quién reproduce la ciudad?" para concluir que todos los que producen y reproducen la ciudad son parte de la clase trabajadora. Los manifestantes individualizados en la movilización contra el aumento del boleto en São Paulo lo demuestran. Son los que viven en las favelas o los suburbios más pobres de la ciudad, reciben menos de un salario mínimo o poco más y pertenecen a la clase-que-vive-del-trabajo.
Como desde hace más de tres décadas la vanguardia de la luchas en L. América no está en las fábricas. No fueron los protagonistas centrales ni del Quebra Quebra (1982) en São Paulo, Brasil; ni del Caracazo (1989) en Venezuela; ni del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, México (1994), ni de la guerra del agua en Cochabamba (2000), ni de la derrota del golpe del imperialismo en Venezuela (2002); ni del levantamiento urbano revolucionario en El Alto en Bolivia (2005).
El gobierno Dilma todavía cuenta con el apoyo de la elite de los trabajadores: bancarios, petroleros, de las montadoras de automóviles, grandes polos industriales, como el de Campinas (SP) o de Caxias do Sul (RS), funcionarios públicos privilegiados, etc. Pero en poco tiempo empujó hacia la oposición servidores de la salud y profesores de la enseñanza pública que vienen realizando extensas luchas por aumento de sueldos, pobladores urbanos que no llegaron a la fantasiosa “clase media” brasileña, asalariados rurales y trabajadores sin tierra (MST y Vía Campesina) por el freno a la reforma agraria, el conjunto de los pueblos indígenas por el fin de la demarcación de sus tierras y el avance del agro-negocio y la minería sobre su territorio, quilombolas también amenazados por el modelo extractivista, pescadores artesanales y ribereños por la contaminación industrial de ríos y costas oceánicas, mujeres de baja renta por la inflación y mujeres de mayor renta y cierto nivel de estudios por el absurdo “estatuto del nascituro”.
Un síntoma claro de esta situación es el abucheo que recibió Dilma en el estadio Mané Garrincha de Brasilia el sábado pasado (15/06) cuando se inauguró la Copa de las Confederaciones. La silbatina contra Joseph Blatter, presidente de la FIFA y jefe de la mafia de las coimas en el futbol internacional, no sorprendió a nadie. Pero es la primera vez desde que asumió que Dilma recibe una repulsa de este tipo.
Teniendo en cuenta que todos estos movimientos sociales hoy opositores, eran parte de los aliados incondicionales del PT desde su surgimiento, lo que han logrado los gobiernos del PT y en especial el de Dilma es un verdadero record. Por eso empiezan a manifestarse fracturas dentro del propio gobierno.
Ampliando la mirada a todo el Cono Sur parecería que se está agotando el “buen crédito” de los gobiernos “progresistas”. Sus múltiples compromisos con el capitalismo empiezan a poner de relieve sus insuperables limitaciones frente a las aspiraciones populares.
Juan Luis Berterretche, en Rebelión
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