El Estado español, según un informe de Amnistía Internacional (AI), no sólo "no investiga ni coopera" en los procesos contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sino que además "obstaculiza" las investigaciones abiertas en terceros países, como Argentina.
Esta es una de las conclusiones del informe "El tiempo pasa, la impunidad permanece", hecho público hoy en una rueda de prensa en la que el director de AI España, Esteban Beltrán, ha asegurado que "en España está garantizada la impunidad"de los crímenes del franquismo.
Beltrán cree que España "está haciendo un intento vano de pasar página sin leerla", se aleja así de la tendencia mundial "a buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas" y es un caso "no típico" porque no hay "voluntad política" de investigar.
Según el autor del informe, Ignacio Jovtis, en España el Poder Judicial archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con la justicia argentina, a la que no remite la información solicitada, mientras el Gobierno incumple sus obligaciones internacionales y "ha obstaculizado" que las víctimas presten declaración en ese proceso.
A esto añade que el Poder Legislativo ha confirmado la Ley de Amnistía y no ha ratificado la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación de indefensión a las víctimas.
"Nunca una amnistía puede ser un obstáculo para investigar crímenes de guerra", ha dicho Jovtis, tras explicar que el estudio es un análisis de 48 de los casos instruidos por los juzgados territoriales tras la inhibición de la Audiencia Nacional en 2008, de los que 38 han sido archivados.
Para AI, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el caso en el que juzgó a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes del franquismo ha supuesto un "duro revés" para las víctimas, ya que varios de los juzgados se acogen a sus argumentos para justificar el archivo, lo que ha cerrado las puertas a que se investigue en España.
El informe también es crítico con la actuación del Gobierno, al que acusa de no colaborar con la justicia argentina, como a su juicio ha demostrado el rechazo del Ministerio de Exteriores a la petición de la juez argentina María Servini para que varias víctimas testificaran en el juicio desde el consulado de Argentina en España.
Otra de las críticas de Amnistía Internacional es sobre la actuación de la Fiscalía, que, según indica, ha respondido a las peticiones de información de Argentina con afirmaciones falsas, asegurando que España está investigando y "tiene preferencia" para hacerlo.
En la presentación del informe ha participado también Soledad Luque -presidenta de la Asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', que participa en la querella argentina-, quien ha anunciado que seguirán luchando para que los crímenes del franquismo sean investigados en España.
Por su parte, José Luis Mateos, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo', ha insistido en pedir la nulidad de los procesos judiciales del franquismo y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
El informe, que es continuación de otro realizado por AI el pasado año, concluye recomendando al TS que rectifique su fallo del 27 de febrero de 2012 y a la Fiscalía que actúe de oficio para investigar los crímenes de la dictadura y que colabore con los tribunales extranjeros.
Insta además al Parlamento a autorizar "con prontitud" la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y a la Justicia argentina a continuar investigando los delitos cometidos en España.
Agencias
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