En una entrada
anterior hablamos de
la participación navarra en la represión acaecida en Gipuzkoa en el otoño de
1936. Como se recordará, en aquella entrada se apuntó a que con posterioridad a
la toma de San Sebastián el día 13 de septiembre y durante ese mes y los dos
meses siguientes se producirían las cifras más altas de asesinatos por parte de
los ocupantes franquistas. Si entre julio y septiembre los franquistas
asesinaron en Guipúzcoa a unas 150 personas, muchas de ellas tras la entrada en
Beasain, Oyarzun y Tolosa, en octubre fueron fusilados otras 150 y en noviembre
unas 90 personas. De 25 fusilados en diciembre se pasó a una decena de fusilados
al mes en los meses siguientes, con oscilaciones al alza en algunos de ellos,
pero sin superarse nunca la treintena de asesinados mensuales.
En
aquella entrada se manejaron testimonios, como el del doctor Gabarain, que
podían haber hecho pensar en una mayor responsabilidad falangista en la
represión registrada. No obstante, allí también había indicaciones acerca del
importante papel desarrollado por los requetés en dicha represión. No hay que
olvidar que, al igual que la Falange, los carlistas también dispusieron de
centro de detención propio en San Sebastián, tal y como se citaba en aquel
artículo. El mismo Arteche conoció a un requeté que participó activamente en
los piquetes, según narra en su obra El Abrazo de los Muertos, siendo sus
referencias a dicha persona reproducidas en aquel texto nuestro.
Recientemente
hemos localizado un documento que Miguel Sánchez Ostiz cita parcialmente en su
última novela El escarmiento (Pamplona, Pamiela, 2013) y que algunos apologetas
del Requeté, obligados por su fidelidad a la militancia paterna, han obviado.
Ese documento es un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta
Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la
Junta de Defensa Nacional de Burgos”.
La
Junta Central Carlista de Guerra estaba presidida por Joaquín Baleztena
Azcárate, presidente de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista; pero
su auténtico director era el vicepresidente, José Martínez Berasáin, director
del Banco de Bilbao y responsable de toda la actividad carlista en Navarra
durante la República y en el verano y otoño de 1936, al ser el verdadero
«hombre fuerte» en la nueva situación, según se desprende de la documentación
conservada a pesar de los expurgos sufridos. El resto de los miembros de dicha
Junta eran Javier Martínez de Morentín por la Merin dad de Estella, José Gómez
por la Merindad de Aoiz; el arquitecto Víctor Eusa por la Merindad de Pamplona;
Marcelino Ulíbarri por la Merindad de Tafalla; Víctor Morte por la Merindad de
Tudela; y Eleuterio Arraiza y José Uriz Beriáin, este último secretario. Desde
dicha Junta Central se conformaron también Juntas de Merindad. Además de
encargarse de las cuestiones ligadas a la movilización carlista y a las tareas
relacionadas con la participación de la Comunión Tradicionalista en el golpe de
estado militar, la Junta Central Carlista de Guerra asumió papeles represoras,
impulsando la
limpieza política
efectuada por los carlistas en la propia Navarra.
El
informe que hemos localizado demuestra que la Junta Central Carlista de Guerra
de Navarra, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para
el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas,
sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada
sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo
en Gipuzkoa. Recordemos que para entonces se había conquistado San Sebastián y
que la mayor parte del territorio guipuzcoano estaba en manos
franquistas.
El
Punto F) relativo a las medidas a adoptar en el ámbito de lo político decía lo
siguiente: “Con el mayor respeto tenemos que declarar que en Guipúzcoa se está
siguiendo una política de lenidad tan acusada que constituye una alarma para
las gentes que han padecido los horrores rojos y nacionalistas. Si esa política
responde a una norma directiva con vistas a hacer más fácil la rendición de
Vizcaya, esperamos que cuando ésta se logre se rectificará radicalmente”. En la
Nota 9ª del Anexo se ahondaba en la cuestión y se aconsejaba la conveniencia de
la aplicación de una dura represión del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. “La
dureza del castigo aplicado en Andalucía, Extremadura, parte de Aragón y parte
de Castilla, contrasta con esa lenidad apuntada. Pero ha de advertirse que el
nacionalista ha atentado de manera más directa a la Patria y de modo más
reflexivo que los rojos que defendían un estado de derecho que les favorecía y
no tenían en su ánimo ir contra la Patria misma, sino únicamente contra un
orden de cosas representado por el Ejército, que no les convenía. Mientras que
los nacionalistas, que son los que han dado lugar a la resistencia que ha
motivado la guerra, han pretendido con su alianza criminal aniquilar a la
Patria. En vano se dirá que han evitado muchos males, porque esos que han
evitado y los que no han podido evitar, hubieran dejado de suceder si en el
primer momento hubieran cumplido sus obligaciones de católicos y de españoles.
La política con los nacionalistas debe ser la de la aplicación de las penas del
Bando a los que estén incursos en él y aquéllos a quienes no les sea demostrada
su participación activa pero que sean destacados nacionalistas, debe serles
impuestas penas de orden económico y destierro”. No en preciso insistir en que
dicho llamamiento no fue en vano. Así, por ejemplo, según los datos aportados
en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los
fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007), de más de cuarenta fusilados
en el cementerio de Hernani a las semanas siguientes a la redacción del informe
mencionado consta su militancia y sus simpatías hacia partidos o sindicatos
nacionalistas. También hay que señalar que pocos días después de redactarse el
texto comentado fueron fusilados cerca del puente de Lesaka los tres vecinos de
Ituren, todos ellos militantes del PNV, Pedro Gorostidi Imaz, Miguel Hualde
Gorosterratzu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz.
Por
su parte, la Nota 11ª del Anexo se refería al clero nacionalista.
“Especialmente urge actuar contra el clero nacionalista; contra los que estén
comprendidos en el Bando, imponiéndoles sin contemplación las penas, contra
aquellos otros, destacados, pero que no se les demuestra su actuación con los
rojos desterrándolos. Para no dar pretexto a protestas que puedan perturbar las
conciencias de algunos timoratos y en todo caso porque en conciencia debe
hacerse, bueno será dirigir un escrito a Roma declarando que en estricta
aplicación de las leyes y dentro de la excepcional gravedad y urgencia de la
guerra hay que actuar en juicios sumarísimos (subrayado en el original) contra
clérigos amparados de ordinario por el fuero personal del canon 120 y que no
siendo factible dirigirse a los Prelados siendo uno de estos -el de Vitoria- el
que comprende el mayor número de los clérigos nacionalistas y él no ajeno de
responsabilidad, no podrían solicitar la licencia canónica, que se solicita
genéricamente para todos aquellos clérigos comprendidos en el Bando de guerra.
La comunicación oficial suple a la petición de licencia y no puede ser
lícitamente negada ésta o sea que sin esperarla se considera canónicamente
autorizada la actuación judicial contra los clérigos sin lesión de ser
privilegio amparar la impunidad. La comunicación a la Santa Sede reportará el
bien de que cese la intriga que allí se forja contra el movimiento. A la
petición de separación del Obispo de Vitoria, deben seguir otras en especial la
del Cardenal de Tarragona”. Como es sabido, la llamada al castigo del clero
nacionalista de dicho informe fue prontamente ejecutada. Así, por ejemplo, en
Hernani en octubre de 1936 serían fusilados los sacerdotes Antonio Bombín,
Gervasio Albisu, Martin Lekuona, José Adarraga, Jose Ariztimuño (Aitzol),
Alejandro Mendikute, José Otano, José Ignacio Peñagarikano y Celestino
Onaindia; y en Oyarzun serían ejecutados en las mismas fechas José Joaquín
Arin, Leonardo Guridi, José Marquiegui y Joaquín Iturricastillo. Por otra
parte, Mateo Múgica, obispo de Vitoria, sería expulsado de España en el mismo
mes de octubre de 1936. Él, junto con el cardenal de Tarragona Vidal y
Barraquer y el cardenal Segura serían los únicos miembros de la alta jerarquía
eclesiástica española que se negarían a firmar la Carta Colectiva de los
obispos españoles a los obispos del mundo, que se publicó el 1 de julio de 1937
y fue firmada por 48 prelados, de los que 8 eran arzobispos, 35 obispos y 5
vicarios capitulares.
Fernando Mikelarena, en su blog
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