"OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: TOCOMOCHO FORAL"

La Administración del Gobierno de Navarra tiene el triste honor de ser la única Comunidad Autónoma del Estado en la que el porcentaje de eventualidad de su plantilla es superior, con mucho, al existente en la empresa privada. Así, durante 2008, la precariedad en la plantilla de la Administración foral fue de un 36,5%, mientras que en el ámbito privado fue de un 25,5%.

Los efectos negativos de lo anterior son notorios: rotación continua y desmotivación del personal contratado, dificultades para adquirir experiencia profesional... Pero al Gobierno parece no importarle lo anterior, pues también obtiene "ventajas" de ello: abono de sueldos inferiores (antigüedad, grado...), mayor docilidad del personal contratado, fomento de la privatización, etc.

El pasado marzo, el Consejero de Presidencia, Javier Caballero anunció a bombo y platillo una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1.189 plazas para los años 2009 y 2010, afirmándose entonces que sumando a éstas las 1.827 plazas no cubiertas procedentes de OPEs de años anteriores, el porcentaje del funcionariado fijo crecería, pasando del actual 64% a un 79%.

Caballero ocultó que todos los años hay una pérdida neta de puestos de trabajo debida a jubilaciones (354 en 2008), defunciones y renuncias, que rondan las 500 plazas/año, con lo que, si deducimos las mil bajas a producirse durante 2009-2010, las 1.189 plazas a crear se quedan tan solo en 189. Y trampeó también al incluir en sus cálculos las plazas de OPE anteriores aún no cubiertas, puesto que éstas ya fueron contabilizadas en su día como creación de empleo y no es de recibo sumar dos veces como empleo lo que no es sino un claro incumplimiento de una OPE aprobada pero no materializada.

Por otro lado, como ya se sabe, no es lo mismo predicar que dar trigo. Así, por ejemplo, en las últimas convocatorias de Técnicos de Administración Pública (jurídica y económica), Técnicos y Gestores de Hacienda y Oficiales Informáticos, de las 140 plazas convocadas tan solo han sido finalmente cubiertas 52, es decir, poco más que un tercio de las mismas (37%).

Se suele alegar que los opositores suspenden porque "no tienen nivel suficiente", razón que, si bien puede satisfacer el super ego de los miembros del Tribunal, difícilmente es aceptable. En efecto, quienes se presentan no solo suelen llevar a menudo varios años preparándolas, sino que bastantes de ellos cuentan además con la experiencia de llevar varios años trabajando como contratados en esas mismas plazas. El absurdo se completa al comprobar que, de acuerdo con la normativa vigente, es con esa misma gente excluida con la que deben elaborarse luego las listas para cubrir las plazas no cubiertas. Y mientras tanto -todo hay que decirlo-, distintas academias particulares, propiedad en algún caso de algún alto funcionario de la Administración, se forran preparando a esos cientos de personas a las que luego se suspenderá.

De esta manera, las vacantes y contratos temporales siguen creciendo. En resumen, la plantilla de la Administración del Gobierno de Navarra va creciendo en precariedad y disminuyendo en porcentaje de personal fijo.

Por otro lado, no solo hay que valorar la evolución general de la OPE, sino analizar también en qué ámbitos se crean plazas y en cuáles se pierden. Así, tras el reciente anuncio de la convocatoria de 111 nuevas plazas, la plantilla de la Policía Foral habrá crecido casi un 150% en los últimos once años (de 447 agentes en 1998 a 1.100 en 2010) y su presupuesto en este mismo tiempo habrá pasado de los 1,4 millones de euros, a los 53 millones actuales. Ningún obstáculo pues, sino todo lo contrario, para el impulso de esta Policía Foral cada vez más militarizada y represiva, y menos civil y ciudadana.

Todo lo contrario sucede en otros ámbitos, en los que el Gobierno apuesta claramente por la privatización de sus servicios y las congelaciones o reducciones de plantilla. Así, frente a la demanda creciente de centros de atención social de todo tipo (tercera edad, menores, discapacitados,..), éstos servicios son desviados a empresas privadas e, incluso, en el caso de los servicios informáticos del Gobierno, a El Corte Inglés. Así pues, Policía, toda la que haga falta y más; servicios sociales, con cuentagotas.

En estos tiempos de liberalización, el modelo de Administración que impulsa el Gobierno de UPN consiste en trasvasar a las empresas y entidades privadas aquellos servicios públicos que pueden ser exprimidos lucrativamente (atención social, sanitaria, educativa,?) y reducir cada vez más los servicios prestados directamente por la Administración. Evidentemente, y mucho más aún en tiempos de crisis como los que vivimos, el modelo debe ser el contrario.

Isabel Artieda, delegada de LAB en la Administración Foral de Navarra. También firman Jokin Zubieta Valencia, Expe Iriarte de Vicente y Txomin González Martínez.
(Diario de Noticias)