“No hay democracia sin sometimiento a la ley”, es una de las conclusiones del Grupo de Estudios de Política Criminal —formado por dos centenares de jueces, magistrados, fiscales y catedráticos y titulares de derecho penal— tras el análisis de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la etarra Inés del Río, que ha supuesto la anulación de la aplicación de la doctrina Parot.
El colectivo ha elaborado un comunicado en el que defiende tanto el fallo como la legitimidad del tribunal que, aseguran, “es una de las señas de identidad de Europa”, en la misma línea en la que la Audiencia Nacional argumentó su decisión de aplicar la decisión de Estrasburgo a otros presos. Estos juristas advierten, además, de que denunciar el Convenio de Derechos Humanos, tal como pidió alguna asociación de víctimas “es un regreso directo a la dictadura”.
“Lamentamos el tono y el contenido de un discurso burdo, simplista y retrógrado en materia de derechos”, indican, tras la respuesta que, en algunos ámbitos, ha tenido la decisión del tribunal de Estrasburgo de reclamar la excarcelación de la sanguinaria etarra que, según apuntó, ha estado entre rejas, de forma “irregular” desde 2008.
El Grupo de Estudios de Política Criminal manifiesta, por todo ello, su preocupación por el “agotamiento del discurso jurídico penal racionalizador”. “Está siendo arrinconado por un discurso bélico, de la venganza y del enemigo, emotivo y grosero, que reclama la criminalización a ultranza (...) y que no previene delitos futuros ni ayudas a las víctimas, a las que instala en la vivencia permanente del dolor”, concluye el comunicado.
El País
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