El 18/06/2013 el Foro para la Sostenibilidad de Navarra
realizó un debate público sobre el Tren de Altas Prestaciones o TAV. En el
posterior debate, entre otras argumentaciones planteamos “el déficit democrático
que existe en nuestra comunidad en relación a la información y participación
ciudadana en proyectos de infraestructuras”. Aseguramos que "los políticos
que hemos elegido como nuestros administradores se han hecho propietarios de la
finca, que no es de ellos sino de toda la ciudadanía". "Proyectos
millonarios que nos afectan directamente se han realizado sin información ni
participación, hurtándonos el derecho a decidir sobre a donde van nuestros
impuestos...". Contestó el Consejero Zarraluki diciendo que "en
Navarra si que ha existido y existe información y participación; los Planes y
Proyectos son expuestos y se pueden hacer alegaciones a los mismos. Lo que
ocurre es que algunos no nos enteramos...".
El concepto que tiene el Consejero y el que tenemos los
organismos sociales sobre la información y sobre todo sobre la participación
son radicalmente diferentes. No estamos de acuerdo con que participar consista
en votar cada cuatro años a nuestros representantes y a partir de ahí
olvidarnos. Tampoco en que participar sea hacer Alegaciones a un determinado
proyecto. La participación popular está perfectamente regulada a nivel europeo
por medio del Tratado de Aharus y la legislación europea y española también lo recoge
en su articulado, por tanto el no aplicarla es prevaricación.
En relación a las obras del TAV o TAP en Navarra, se ha
incumplido e incumple la legislación vigente sobre la información y
participación ciudadana. En mayo de 2010, la Fundación Sustrai Erakuntza tuvo
que recurrir a los tribunales debido a la reiterada denegación de la
información ambiental sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad. Después de
varias reclamaciones, interpusieron un recurso al Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, frente al Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones del Gobierno de Navarra, solicitando la información.
En Diciembre del 2008 un grupo de navarros/as acudió al Defensor del Pueblo
para denunciar la actitud que el Gobierno de Navarra estaba manteniendo con
respecto al proyecto del Tren de Alta Velocidad a su paso por Navarra. Consideraban
que el Gobierno estaba ocultando a los/as ciudadanos/as información, e incluso
estaba intentando dificultar la labor informativa de los agentes sociales que
nos oponemos a él. Era evidente que se pretendía vetar cualquier posible debate
sobre el proyecto en el seno de la sociedad navarra.
Otra queja llegó ante el Defensor del Pueblo con motivo de la licitación y
adjudicación de la elaboración de un informe de impactos económicos, sociales y
medioambientales del TAV, adjudicado a la empresa MECSA, y por la negativa de
dicha empresa a aceptar un dossier informativo sobre los impactos del TAV
enviado por la parte social. La razón de la queja era que el Gobierno Foral
había impuesto la condición de que la única información que se debía utilizar
para la realización de dicho informe fuera exclusivamente la que el Gobierno de
Navarra decidiera… Osea, informe a la carta. Es decir, alguien que tenía como
trabajo elaborar un informe de impactos, y cobraba 151.724,14 euros por ello;
rechazaba recibir gratuitamente informes de impactos adicionales, porque no se
lo permitían. Con esto no se pretendía que los incluyesen en su trabajo; simple
y llanamente considerábamos que era (y es) información que quizás pueda
tener algún interés para desarrollar un informe más completo que beneficie a
todos y todas.
El
Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) anuló en febrero de 2010 una sanción que el Ayuntamiento de Iruñea
impuso a una persona denunciada por la Policía Foral, por vender camisetas y
mecheros en contra del Tren de Alta Velocidad a las afueras de la plaza de
Toros. El tribunal concluyó que la actividad por la que fue sancionada, multada
con 602 euros, no puede ser "adecuadamente tipificada como
comercial", ya que le faltan los requisitos de habitualidad, ánimo de
lucro y de ser realizada por un comerciante, "esto es, una persona que
habitual y profesionalmente se dedique a ella". También que "no era comercial, sino de
información y propaganda en relación con la posición del recurrente y de las
personas que le acompañaban de oposición al Tren de Alta Velocidad, dentro de
la libertad de expresión reconocido en el
artículo 20 de la Constitución".
Por su importancia tanto ambiental, como social y económica
el Proyecto del Ferrocarril navarro se merecía la realización de un Referendum
y no se ha hecho. En Suiza -que son ciudadanos de primera, no como en Navarra-,
el Plan de Transporte BAHM 2000 (Tren 2000) se acompañó de un Referendum
decisorio.
El listón de la participación ciudadana está muy bajo en
nuestra Comunidad. De todos los proyectos realizados que conozco, solamente
hubo participación ciudadana aceptable en el Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Navarra, y esto fue debido a que diferentes organismos ambientalistas
y sindicales lo exigimos. Ese Plan consensuado recoge la posibilidad del empleo
de diferentes Sistemas de Recogida de la materia orgánica, entre los que se
incluye el 5º contenedor y el Puerta a Puerta. Esto, después de haber llegado a
un consenso entre los participantes. Pues bien, Ahora UPN ha presentado a la
Cámara una Moción pidiendo cambiar el PIGRN para que incluya la imposibilidad
de que se pueda recoger la materia orgánica por el Sistema Puerta a Puerta. ¿De
qué sirvió la participación ciudadana en este caso, si ahora y sin motivo se
intenta cambiar lo aceptado?
Algunas cosas deben cambiar entre la clase política navarra.
Entre ellas el enterarse que la época del despilfarro en infraestructuras se ha
acabado. El problema es que les ha cogido con el paso cambiado; siguen con el
paradigma anterior del desarrollismo, cuando la realidad económica, social y
ambiental ha cambiado radicalmente. También ha cambiado la actitud sumisa de la
ciudadanía que ya no aguantamos más la prepotencia y corrupción de nuestros
políticos. Exigimos una participación social real en todos los proyectos de
importancia que nos conciernen. Ya no nos fiamos de sus decisiones, que en
muchas ocasiones en vez de beneficiar a la ciudadanía, benefician a banqueros,
a las constructoras y a intereses obscuros e inconfesables.
Juan del Barrio, miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente
No hay comentarios:
Publicar un comentario