Koxka deberá readmitir a otros 26 trabajadores a los que despidió en 2009. El Tribunal Supremo entiende que estos empleados fueron discriminados por pertenecer al sindicato ELA e incluidos en el ERE de extinción de contratos en una proporción muy superior a la de trabajadores de la órbita de UGT y CCOO, que acordaron finalmente con la empresa la resolución de aquel conflicto. Esta sentencia, calificada por ELA como histórica, repite la pronunciada hace unos meses a raíz de una denuncia de trabajadores de ESK, ahora en Solidari.
La decisión da la razón a los trabajadores, que presentaron un recurso ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde fue interpuesta la denuncia, favoreciese inicialmente los intereses de la empresa, que a comienzos de 2009 planteó un ERE en toda España para despedir a 275 trabajadores, 191 de ellos en la planta que Koxka tiene en Landaben. Y carga de argumentos a los sindicatos cuyos afiliados sufrieron en mayor medida los despidos. "La sentencia destapa un modo de funcionar mafioso y un modo de entender las relaciones laborales que incluye el chantaje y la amenaza como medios", dijo ayer Mitxel Lakuntza, coordinador de ELA en Navarra, quien calificó la sentencia como "una magnífica noticia" y anunció que reclamarán el abono de los salarios desde 2009.
Lakuntza entiende que la decisión es un acicate para "seguir trabajando en la misma línea" porque "viene a reparar en parte el daño de la injusticia cometida y entra al fondo de lo sucedido". A su juicio, la decisión debería ser extensible al resto de trabajadores despedidos y prueba que el sindicato "tenía razón en lo que denunció: el Supremo dice que no alberga ninguna duda de que hubo persecución sindical". Por ello, Lakuntza emplazó "a la patronal y a su portavoz, José Antonio Sarria" a que se pronuncie sobre "este tipo de prácticas mafiosas" en las que la "empresa no está dispuesta a aceptar ninguna oposición sindical".
Asimismo, ELA criticó el papel desempeñado por el Gobierno de Navarra y la Administración central, que fueron "facilitadores" de la empresa. El periodo de consultas -recordaba ayer Jokin Arbea, responsable del área de Industria de ELA- finalizó el 2 de febrero sin que se produjera un acuerdo, por lo que el "Gobierno de Navarra facilitó los medios para que la negociación continuase con el objetivo de que algún sindicato firmase".
Arbea recordó además que el informe de la Inspección de Trabajo, que solía ser empleado por el Gobierno de Navarra como elemento esencial a la hora de aprobar o denegar los ERE, "echaba por tierra las causas de la empresa", al no ver "causas organizativas y productivas que justificasen la decisión" y entendía que las causas económicas argumentadas "no estaban lo suficientemente acreditadas".
Ante ello, el sindicato tiene intención de denunciar la actuación llevada a cabo por el Gobierno Foral, al entender que el Departamento de Trabajo debería haber remitido el asunto al juzgado, después de que los sindicatos ELA, LAB y ESK denunciasen que se había producido discriminación sindical, tal y como se recoge en la sentencia del Supremo, quien recuerda que la autoridad laboral debe traspasar el asunto "a efectos de una posible declaración de nulidad". Lakuntza señaló asimismo que el Gobierno de Navarra "fue aprobando prácticamente el 99,9% de los ERE que le llegaban", una práctica que suponía "anular la negociación", al tener la seguridad la empresa de que el ERE iba a ser aprobado con seguridad.
Lakuntza criticó asimismo con dureza la actitud que mantuvieron en aquel conflicto los sindicatos UGT y CCOO, que a su juicio "solo trabajaron por los intereses de la empresa", en una actitud que "no cabe atribuir solo a los delegados sino también a las federaciones. "Aquí se ha perseguido a los que han hecho sindicalismo, se han traspasado líneas rojas y se ha escrito uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del movimiento obrero en Navarra". "La sentencia es un aviso a navegantes por si alguna empresa se siente tentada de actuar de la misma manera", dijo.
La mayor parte de los 26 trabajadores tiene intención de solicitar el reingreso en una empresa que ha cambiado de manos desde entonces, pero que posee "carga de trabajo suficiente", explicaba Arbea. Uno de los empleados, Miguel Ángel Nieto criticaba también a UGT y CCOO: "Nos han hecho mucho daño, a nosotros y a nuestras familias".
Diario de Noticias
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