Habla de playas privadas y no le tiembla el pulso al señalar a empresarios afines al PP como los verdaderos interesados en que la reforma de la Ley de Costas sea ya una realidad. Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, es una de las voces que representa el malestar de los grupos ecologistas y la oposición frente a una ley que, asegura, esta hecha a medida de los intereses económicos de unos pocos empresarios, tiene indicios de inconstitucionalidad por su “procedimiento de elaboración”, desprotege todavía más el litoral y privatiza espacios que hasta hace unos meses eran de todos.
¿Cuál ha sido la participación de los grupos ecologistas en la Ley de Costas?
No hemos participado en la elaboración, pero sí en el Consejo Asesor de Medio Ambiente [obligación por ley], donde criticamos la ley y conseguimos que se reuniese un grupo de trabajo. Ahí empezamos a plantear cosas como en base a qué criterios concretos se establecían las excepciones, pero antes de la segunda reunión ya se llevó el texto definitivo al Consejo de Ministros. No hemos tenido participación efectiva. El Ministerio ha tramitado una de las leyes más importantes para nuestro medio ambiente sin nuestra participación. El ministro nunca ha querido darnos vías de participación. Se ha visto que esta es una ley que viene a atender a intereses muy concretos.
Entonces, ¿quién ha elaborado la ley?
Nosotros no lo sabemos. Sí sabemos que hay mucha gente que ha participado, desde Abel Matutes, que se le ha llenado la boca hablando de ello, hasta algunos bufetes de abogados, pero el Ministerio nunca ha dado esa información. No sabemos quién la ha redactado exactamente. Lo que sí está claro es que han participado personas y diversos colectivos que ahora se ven claramente beneficiados por la ley.
¿Quién firma la elaboración de esta Ley?
Por lo que nosotros sabemos está directamente elaborada por el equipo oficial de abogados del Ministerio, no tenemos constancia de otras cosas. Eso sí, la elaboración del primer borrador de la ley se hizo de forma muy opaca sin dar vías de participación ni a ecologistas, ni a científicos o técnicos, y nos llegó un texto muy cerrado de golpe. Así como en otras leyes, como la Ley de Montes, sí tenemos posibilidad de hacer sugerencias, aquí no. Solo nos han dejado criticarla. No reconozco ni un guión, ni un párrafo, ni un punto, que tenga como origen las aportaciones que hemos hecho.
¿Por qué hay trece zonas amnistiadas?
No dan argumentos ni criterios. Los que están dando de forma pública se pueden aplicar a casi cualquier sitio. No son unas reglas específicas. Casi cualquier municipio podría utilizar ese tipo de criterios. Está claro que lo que han hecho es ver dónde hay intereses, dónde hay presiones, dónde llevaba años el PP presentando mociones… y ahí es donde lo han hecho.
¿Y no soluciona el problema de los afectados?
Es que no es cierto que se haya hecho para tener en cuenta a los problemas de las personas afectadas. Responde a intereses de empresarios, de grandes personas de los medios de comunicación, del sector empresarial, presiones que había desde hace años como la papelera en la ria de Pontevedra ENCE… Han venido a solucionar los problemas de los amigos o de los que apoyan al PP. Hablaríamos de Abel Matutes, de Villar Mir…
¿También del marido de María Dolores de Cospedal?
Podría ser, es uno de los que directamente se beneficia.
¿Cuál fue la actitud del PP ante la anterior ley de costas?
Se veía ya que había interés por algunos territorios, como Galicia o Valencia, donde venían haciendo comentarios o sugerencias. Pero no se podía pensar en un cambio de la Ley. El problema de la Ley de 1988 es que se ha aplicado muy mal por parte de las administraciones y por eso se ha llegado a esta situación. La han aplicado mal de forma intencionada para llegar a esta situación y ese comportamiento es tanto del PP como del PSOE. La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona tuvo problemas en su propio partido y el intentar aplicar la Ley influenció mucho su cese.
¿Veremos playas privadas antes que acabe el año?
Antes de que acabe el año no, pero el año que viene veremos la playa de Endesa o la playa de Vodafone. Esta ley establece las bases para que eso ocurra, pero dependerá de los gobiernos autonómicos o locales. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, que es crítica con la ley y que la va a recurrir, está utilizando el argumento de la defensa de lo público y del medio ambiente, pero quisiera ver dentro de uno o dos años en qué sentido van sus actuaciones. Durante los últimos 20 años una de las peleas era lo de evitar las playas privadas. Durante dos décadas se ha querido evitar lo que precisamente ahora se hace al revés y se va a fomentar. Podemos encontrar que playas públicas tienen un uso privado durante dos meses, porque se instala un megaproyecto turístico temporal e impide el paso al público por ahí. Ahora existen playas de uso privado que son ilegales, pero que con esta ley podrán ser legalizadas.
¿Cree que es anticonstitucional esta ley?
Sí, totalmente, por eso los recursos. Pero creo que lo es, aparte de que hay problemas de competencias, por su tramitación misma, no tanto por la no participación de las organizaciones, como por la participación de sectores interesados y beneficiarios de la ley.
¿Y se puede demostrar?
Sí, en algunos casos. Podemos demostrar que Abel Matutes ha dicho que ha hecho la ley, que se beneficia de ella a través de Cádiz y Formentera, pero no podemos demostrar que él ha participado en ese artículo en concreto. Por lo tanto ¿eso por si solo da pie a una actuación ilegal? No lo sabemos.
¿Se están planteado elevar un recurso?
Nosotros lo que hacemos es denunciarlo a nivel europeo porque incumple varias directivas, podemos denunciarlo públicamente y lo que sí vamos a hacer es un seguimiento sobre el terreno de los proyectos concretos que se van a poner en marcha a partir de esta ley para denunciarlo.
¿Con qué directivas europeas entra en colisión?
A nivel europeo no hay una directiva específica de costas. Pero habría dos vías a través de las dos directivas de conservación de la naturaleza: de aves y de hábitat en las rías y los humedales. Es de forma indirecta, pero la normativa comunitaria sí que establece que tiene que haber un adecuado estado de conservación de varias zonas que con esta ley se van a degradar.
Berta Del Río, en La Marea
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