La legalización de Sortu por el Tribunal Supremo estuvo más cerca de lo que parece, y la división entre los magistrados que componen la denominada Sala del 61 va más allá de los tres votos particulares anunciados. De hecho, apenas fueron dos votos los que decidieron el veto a la nueva formación de la izquierda abertzale: nueve magistrados votaron a favor de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, y siete en contra, en un hecho sin precedentes en los procesos de ilegalización de formaciones políticas.
Según algunas fuentes, los siete jueces discrepantes podrían estar evaluando la posibilidad de presentar un único voto particular, pero firmado por todos ellos. Esto acentuaría ante el Tribunal Constitucional la necesidad de un pronunciamiento decisorio antes de las elecciones. Otra posibilidad es que estos magistrados se adhieran a alguno de los votos de los tres primeros.
La oposición al veto a Sortu gana también en trascendencia por la talla de tres de los magistrados firmantes: tres presidentes de Sala del Tribunal Supremo. Se trata de Juan Antonio Xiol Ríos (presidente de lo Civil), José Manuel Sieira (de lo Contencioso-Administrativo) y Gonzalo Moliner (de lo Social). Estos tres magistrados manifestaron su oposición a los argumentos defendidos por el magistrado ponente, Carlos Lesmes, si bien ninguno de ellos anunció su intención de emitir un voto particular al auto, cosa que sí hicieron Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y José Luis Calvo Cabello. El séptimo discrepante sería el magistrado de lo Penal Alberto Jorge Barreiro, que también habría dado a conocer sus "peros" a lo señalado en la ponencia. Todos los discrepantes se englobarían en el "ala progresista" de la Sala del 61.
Frente a los discrepantes, se manifestaron en favor de ilegalizar Sortu, además del presidente Carlos Dívar, los presidentes de lo Penal (Juan Saavedra) y de lo Militar (Ángel Calderón). También apoyaron la postura del ponente Lesmes los magistrados "antiguos" Xavier O'Callaghan Muñoz (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez (Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), y Aurelio Desdentado Bonete (Social). De los modernos, apoya la no inscripción Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).
Para que Sortu pueda concurrir a las elecciones, el Constitucional debería emitir una sentencia favorable antes del 18 de abril, día en el que se proclamarán las candidaturas.
eitb.com
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