En apenas un día de deliberaciones tras la vista oral, en poco más de diez horas, el Tribunal Supremo determinó ayer que la izquierda abertzale sigue sin tener derecho a contar con un partido legal. Frente a la realidad de un debate interno en el que ha apostado por las vías políticas y democráticas como las «únicas» utilizables y unos estatutos que rechazan todo tipo de violencia -«rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA»-, la Sala del 61 prefirió dar la razón a las cuestiones de fe que plantearon Fiscalía y Abogacía del Estado.
Pese a no conocerse los fundamentos del fallo, el Tribunal Supremo ha determinado que Sortu es continuación de un partido ilegalizado como Batasuna.
Tras la vista del lunes, en la que los policías testigos fueron incapaces de aportar ni una sola prueba documental de que ETA hubiera dirigido la creación de Sortu, y la sesión del martes, en las que se expusieron los informes de las partes, la Sala del 61 comenzó a las 10.00 de ayer sus deliberaciones, que interrumpió a las 14.30 para comer.
Los componentes de la Sala especial retomaron la reunión a las 16.15 horas y el fallo no se conoció hasta las 21.45 horas. La sentencia debe ser ahora redactada y su contenido se conocerá dentro de unos días, pero ya ha trascendido que tres de los magistrados harán públicos sendos votos particulares.
Es la primera ocasión en la que una decisión de este tipo contiene votos particulares. Cuando el TS intentó impedir a Iniciativa Internacionalista presentarse a las elecciones europeas de 2009, cinco jueces se mostraron disconformes, pero no presentaron votos particulares en la sentencia, por lo que oficialmente aquella se adoptó por unanimidad.
Segunda instancia
Cuando se conozca el contenido de la sentencia cuyo fallo adelantó ayer el Tribunal Supremo y los abogados de Sortu tengan en su poder los fundamentos de derecho que se han aplicado para la prohibición de su inscripción en el registro, éstos podrán recurrir antes de treinta días al Constitucional en amparo a de sus derechos. Existen fundadas esperanzas de que, pasadas las elecciones, su demanda podría tener éxito.
Pero conviene tener en cuenta que éste es un procedimiento distinto al que suele darse con la prohibición de listas electorales. En ese caso funciona el calendario electoral, que tiene unos plazos tasados. En el supuesto actual, por tratarse de un recurso ordinario, no hay plazo alguno. De hecho, cuando se recurrió la no inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna, tardó varios meses en ofrecer una respuesta y, finalmente, ni siquiera admitió a trámite el recurso de los abogados.
En esta ocasión hay datos que apuntan a que su actuación podría ser muy distinta, pero no que los plazos se acorten tanto como para poder pronunciarse antes de las elecciones municipales y forales, más aun teniendo en cuenta que las candidaturas tienen que estar presentadas para el 18 de abril.
Lesmes, alto cargo de Aznar
Ya tras el receso del mediodía había trascendido que el ponente, Carlos Lesmes, defendió durante dos horas la prohibición de la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.
La Cadena Ser aseguró que el alegato de Lesmes había sido «contundente y muy difícil de rebatir». Tras escuchar su exposición, llegó el turno para que el resto de magistrados fijasen su postura.
La Sala del 61 del Tribunal Supremo está compuesta por 16 magistrados, presididos por Carlos Dívar. La forman los presidentes de cada una de las salas y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas.
El ponente, Carlos Lesmes, fue un alto cargo del ministerio de Justicia durante los gobiernos de José María Aznar. En mayo de 1996, al poco de la llegada del PP a La Moncloa, fue nombrado director general de Objeción de Conciencia. Tras las elecciones del 2000, cambió ese puesto por el de director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Ésta fue la legislatura en la que el Gobierno de Aznar planteó la Ley de Partidos y cuando se produjo la ilegalización de Batasuna.
En cuanto se conoció el fallo del Tribunal Supremo, el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, dio muestras de su satisfacción. Lo mismo hicieron altos cargos del PP, cuyo empeño ahora se centrará en evitar que ninguna persona de la izquierda abertzale pueda presentarse en lista alguna a las próximas elecciones municipales y forales. En la noche de ayer comenzaron a sonar las primeras voces del PP que presionaban al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que esté especialmente atento e inquisitorial ante los movimientos que puedan darse en ese terreno.
La sentencia, cuando sea notificada, podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero éste no tiene plazo para resolver, puesto que no es un procedimiento electoral, sino ordinario de inscripción de un partido político.
El portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz y presidente del GBB, Joseba Egibar, había advertido ya por la mañana del «ridículo» que harán los tribunales españoles «cuanto más tarden en certificar la legalidad de Sortu». Aseguró que, con independencia de que sea legal para las elecciones, la izquierda abertzale «ya tiene desplegada toda una estrategia para estar» en los comicios.
En declaraciones a ETB, manifestó que «no puede haber una ilegalización preventiva», y recordó que los tribunales tienen como herramienta las leyes. «A partir de ahí -puntualizó-, juzgar intenciones, impresiones y demás entra en el terreno de lo opinable».
El dirigente jeltzale señaló que, a día de hoy, todavía hay incredulidad sobre «que haya semejante corte y ruptura» en lo que ha sido la historia de la izquierda abertzale, pero apuntó «que, afortunadamente, se ha producido». «Con o sin Sortu, como ficha legal, la izquierda abertzale va a estar presente en las elecciones», concluyó.
También auguró que, «en la medida en que haya otra alternativa, con nombres, etcétera», habrá «otra vuelta de tuerca de investigación sobre centenares o miles de personas» por si fueran sucesores de formaciones ilegalizadas.
Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, declaró en Info7 Irratia que, atendiendo a los principios del derecho, no cabe otra opción que la legalización, aunque recordó que desde instancias del Estado español hay interés político en la prohibición al que no eran ajenos los magistrados del Tribunal Supremo.
Mientras los distintos dirigentes del PSE insistían durante la jornada en que había que confiar en los tribunales, Antonio Basagoiti insistía en que «todo el mundo sabe lo que es Sortu y lo que es Batasuna», y en que lo que hacía falta era que el Supremo le pusiera el sello.
No obstante, una vez más, la nota discordante y algo excéntrica la ponía el vicepresidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo, Jaime Mayor Oreja, quien avisó de que el fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de Sortu será «inexorable», a pesar de lo cual ETA «aterrizará» en las instituciones vascas porque forma parte de un proyecto «pactado» con el Gobierno de Zapatero.
Iñaki Iriondo, en GARA
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