Seis de cada diez trabajadores de la red de empleo dependiente del departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra mantiene una relación contractual temporal con su centro laboral, según denunció ayer en rueda de prensa Ioseba Eceolaza, portavoz de Nafarroa Bai, que cifró en 10.000 los empleados en este ámbito en la Comunidad Foral. "El departamento de Asuntos Sociales es el que peor calidad de empleo ofrece a sus trabajadores de todo el Gobierno y el que mayor tasa de temporalidad presenta, precisamente entre quienes se ocupan de actuar con personas que atraviesan dificultades sociales. Son cifras escandalosas, no podemos asumir políticas sociales con un 60% de eventuales. No hay interés por solucionar este problema y la política de UPN condena a estos empleados del a una temporalidad crónica. Esto viene dado por un modelo conservador y de derechas", afirmó Eceolaza. Los conciertos firmados por Asuntos Sociales con los distintos centros privados provocan que para satisfacer la mayor demanda de plazas en esas residencias se recurra a un sistema de contratos eventuales.
El grupo parlamentario de Nafarroa Bai, que compareció ante los medios con la presencia de Eceolaza y María Luisa Mangado, resumió la actividad de la anualidad que ahora acaba en el ramo que dirige Maribel García Malo y destacó que "el Gobierno y el departamento se encuentra paralizado por la crisis y no ha aportado ni una idea novedosa para afrontar los efectos sociales de la misma". Así, NaBai afirmó que la consejera "se ha dedicado a que pase cuanto antes este temporal a poner remedio a la situación". Este pesimista balance de la política social que marca la realidad navarra pivotó al margen de la precariedad laboral sobre otros tres ejes de plena actualidad: los retrasos en el cobro de la renta básica, la Ley de Dependencia y las partidas presupuestarias asignadas en concepto de la Ley del 0,7% destinado a fines sociales.
En cuanto a la renta básica, Eceolaza señaló que "existen unos retrasos enormes en el pago aunque se empeñen en negarlo. Los trabajadores y profesionales que trabajan en el sector insisten en que el retraso es de tres a cinco meses, muy por encima de los 45 días que marca el Decreto que aprobó en 2008 el Gobierno de Navarra". También tildó de "irresponsabilidad" que el Ejecutivo "eche la culpa" de estas demoras a los Ayuntamientos y que "esté más preocupado por las irregularidades puntuales en su tramitación que en atajar los plazos de concesión. Una familia en dificultad social y sin empleo no puede esperar 5 meses a cobrar esa renta". Eceolaza pidió asimismo agilizar los trámites de solicitud, que se enmarañan en una "burocracia engordada", y destinar más personal para darle cobertura.
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