Cuando escribimos estas líneas, Aminetu Haidar ha superado ya los quince días en huelga de hambre. Su salud se deteriora por momentos, y no sólo quienes temen tener que asumir la responsabilidad por su eventual muerte sino incluso algunas personas bienintencionadas le piden que desista. Haidar, sin embargo - curtida como tantos de sus compatriotas en las torturas y las prisiones con las que los ocupantes marroquíes tratan de ahogar, sin éxito, las ansias de libertad de los saharauis -, no se doblega. Permanece fiel a sus convicciones y dispuesta a asumir cualquier consecuencia. Dando muestras de un tipo de compromiso que, en mayor o menor medida, nos pone a todos en entredicho. Con su decisión de expulsar a Aminetu Haidar de El Aaiún y de enviarla de vuelta a Canarias, las autoridades del reino alauita iniciaban una situación novedosa que ha obligado a retratarse sin máscara a los más “destacados” representantes de nuestra sociedad. Repentinamente, el lejano problema de la violación de los derechos humanos hizo acto de presencia en el Aeropuerto de Lanzarote, y el sistema “democrático” español -como el rey del cuento infantil - se nos presentó completamente desnudo.
Obviamente, los primeros en quedar al descubierto han sido el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista Obrero Español, al satisfacer los deseos de Marruecos impidiendo a la activista regresar a su país. Quienes se llenan la boca apelando a la “legalidad internacional”, permitieron primero la entrada irregular y no deseada de Haidar, para retenerla luego contra su voluntad conculcando - según el Consejo General de la Abogacía Española - su derecho a la libre circulación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Constitución Española.
No derrocharemos más palabras en calificar la actitud - ciertamente miserable - del Gobierno psocialista. Ni la arbitrariedad de la que ha hecho gala el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, al intentar zanjar el asunto ofreciendo a Aminetu Haidar el estatus de refugiada política o la nacionalidad española. Tampoco queda mucho más que añadir, a estas alturas, sobre las declaraciones de personajes como el alcalde de Las Palmas de G.C., Jerónimo Saavedra, quien culpabilizó a la activista de su expulsión, afirmando que “debería haberse sometido a la normativa internacional”. Saavedra manifestó también - eso sí - su preocupación por las posibles consecuencias negativas para el turismo que podría acarrear la presencia de Aminetu y quienes la acompañan en el Aeropuerto de Lanzarote.
Sí merece la pena mencionar, siquiera brevemente, el significativo tratamiento de este caso efectuado por algunos periodistas canarios que muchos insisten en incluir entre el sector “progresista” de la profesión. Este grupo -cuyo único mérito para recibir tal distinción suele ser su adscripción ideológica al PSOE - es relativamente numeroso e incluye, por ejemplo, al ex director de La Provincia, Ángel Tristán Pimienta, y al director del periódico digital "Canarias ahora.es" Carlos Sosa. El primero de ellos -miembro del lobby canario promarroquí y destacado perseguidor de los empleados públicos - no ha dudado a la hora de falsear completamente las razones de la huelga de hambre de Aminetu Haidar, negando que esté provocada por el secuestro del que es responsable el Ejecutivo español. Según Pimienta, “la situación ha sido embrollada por algunos atrapamoscas vocacionales y pescadores en aguas turbias”, empeñados en culpabilizar al “Gobierno socialista”, y Haidar “no se puede quejar, sino todo lo contrario, de la hospitalidad española”. (1) Aún más escandalosas, si cabe, han sido las opiniones al respecto vertidas por Carlos Sosa en el programa El Correíllo, de Canarias Ahora Radio. En varias ediciones de una suerte de debate-tertulia a dos bandas que mantiene con el realizador de este espacio, Juan García Luján, Sosa ha venido defendiendo sin ambages -como fiel perro guardián de su amo- cada uno de los pasos dados por el Ejecutivo Zapatero. Lo que Moratinos le ha dicho Aminetu Haidar es - afirmaba sin rubor en una de sus intervenciones -, estamos haciendo lo posible por solucionar una situación de la que no somos culpables.
Mientras tanto, “no nos toque usted las narices”. La adhesión al Partido Socialista de este ex responsable de comunicación de los social-liberales es tan incondicional que ni el ya mencionado pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española resulta suficiente para hacerle vacilar. “Yo no sé nada de leyes, ni soy leguleyo, pero no comparto esa opinión”, aseguraba en otra de sus perlas radiofónicas. “Sí, España vende armas a Marruecos - concedía en otra ocasión a García Luján, quien le cuestionaba con toda la prudencia y limitaciones propias del subordinado - pero eso ha pasado siempre, desde el comienzo de los tiempos”. Para concluir diciendo con vehemencia -en un rapto de patriotismo futbolero-: “entre los intereses del Polisario y los de España, me va a permitir usted que me decante por los últimos”. Toda una demostración, que no requiere comentarios adicionales, de los valores y el sentido de la “Justicia” que animan la práctica profesional de este periodista.
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