EGUNKARIA Y SANTA LUCÍA

Que un agente de la Guardia Civil se pusiera a escuchar en el Festival de Sigüenza al saxofonista Larry Ochs para decidir si procedía denunciarle por no tocar jazz sino música moderna, no debiera extrañar tanto. Hace años que otros dedujeron de la lectura de documentos anónimos atribuidos a ETA que procedía presentar denuncia contra Egunkaria por integración en banda armada. Lo que puede sorprender un poco más es que el juez diera crédito a la denuncia y ordenara el cierre del periódico.

El lector perdonará la brocha gorda, pero el caso no se presta a pincel fino. A dos días de que la Audiencia Nacional abra juicio oral sobre el cierre de Egunkaria lo asombroso es que el procedimiento siga abierto. Sobre la base de unos documentos redactados diez años antes — que ya habían estado en manos de Garzón, el juez que cerró Egin, sin que les hiciera caso– Del Olmo se lanzó a decretar en febrero de 2003 el cese de actividades de Egunkaria, y el precinto de todas sus oficinas y locales, bajo la acusación de ser un periódico creado por ETA y estar integrado en sus estructuras para financiar su actividad terrorista, blanquear su dinero y legitimar su lucha. Ni ha podido el juez instructor sustanciar semejante imputación, ni puede librarse de la sospecha de que no cerró el periódico porque tuviera motivos para ello, sino para buscarlos.

Quien no esté al tanto de la marcha del proceso podrá pensar, y no le culpo, que exagero, que hago una interpretación interesada del caso. Yo, en su lugar, sospecharía lo mismo porque cuesta creer que tras siete años de instrucción la acusación contra Egunkaria siga sustentada en lo escrito en aquellos papeles de principios de los noventa sin que nada nuevo se haya podido añadir. Pero así es, hasta el punto de que el fiscal pidió en diciembre de 2006 el sobreseimiento provisional del caso, y este pasado julio el archivo definitivo, porque considera improcedente abrir juicio oral dada la ausencia de elementos suficientemente sólidos, desde criterios de lógica y razonabilidad, para acusar a Egunkaria de ser parte de una organización terrorista.

Las del fiscal son palabras mayores y su argumentación contundente:
- no se ha acreditado que Egunkaria haya servido para financiar a ETA ni para blanquear su dinero, ni ha aparecido documento alguno posterior a 1993 que acredite la relación entre Egunkaria y ETA.
- los documentos con los que se justificó el cierre son susceptibles de interpretarse en sentido contrario al pretendido por la acusación, y todo lo que podría deducirse de ellos es que ETA tuvo conocimiento de algunas vicisitudes de Egunkaria, pero en ningún caso su control.
- ninguna noticia, editorial o artículo publicado en Egunkaria en sus 13 años avala la suposición de que haya servido a los fines de ETA dando justificación ideológica al terrorismo.

Lo que lleva al fiscal a preguntarse para qué demonios podía querer ETA un periódico que ni le financia, ni le blanquea ni le legitima ante la sociedad. Pregunta del fiscal que lleva a otra: ¿por qué demonios ha decidido la Audiencia Nacional llegar al juicio oral?

Una razón podría ser, la preocupación por el papelón del Estado de Derecho que a los siete años de cerrar un periódico de modo irregular –la Constitución sólo lo permite por condena judicial penal o declaración de estado de excepción– se vería obligado a reconocer que lo hizo a tontas y a locas. El coste de una sentencia absolutoria es menor, permite argumentar desde la independencia de la Justicia. Otra, protegerse con una hábil sentencia, incluso absolutoria, de la eventual indemnización exigible.

En cualquier caso, para dictar una sentencia condenatoria la Audiencia Nacional tendrá que responderse una pregunta insoslayable: ¿Qué diferencia hay entre el Egunkaria dirigido por Martxelo Otamendi, cerrado por integración en ETA, y el Berria que dirige el mismo Otamendi, en el mismo lugar y con la misma gente, sin problema alguno para estar en el kiosco cada día?

Si el Tribunal la encuentra, que Santa Lucía les conserve la vista.

Mariano Ferrer, en Grupo Noticias