TRAS EL FRAUDE, EL ENGAÑO

La constatación por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, -en el mismo auto en que cita como imputado por la contabilidad B del PP al exministro y ex secretario general de dicho partido, Ángel Acebes- de la creación de una segunda contabilidad opaca para financiar la compra y reforma de la sede central del PP del País Vasco, situada en el nº 89 de la Gran Vía bilbaína, confirma no solo la extensión a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de la corrupción que en torno a la trama Gürtel enfangó a todos los niveles al Partido Popular de José María Aznar, sino también el descarado y vano intento del PP de Mariano Rajoy por ocultarlo. En el caso concreto de la sede central del PP del País Vasco, el juez Ruz cita expresamente la presunta financiación en negro de la compra y reforma en 1999 de la sede bilbaína por 165 millones de pesetas con carga a una cuenta B del PP y a entregas en efectivo al gerente de la delegación en Bilbao, más del doble del escaso medio millón de euros que la denuncia periodística ya constató en julio de 2013 como una de las anotaciones en los denominados papeles de Bárcenas. Pero si las responsabilidades judiciales derivadas del fraude entre 1999 y 2005 podrían limitarse a los entonces dirigentes del partido (se habría producido en tiempos del hoy eurodiputado Carlos Iturgaiz y de María San Gil en la presidencia del PP del País Vasco), las responsabilidades políticas posteriores alcanzan ya a los actuales líderes de la formación en la CAV. No en vano fue hace poco más de un año cuando dicha información vio la luz por primera vez, que tanto Arantza Quiroga, ya presidenta de los populares vascos, como Iñaki Oyarzabal, por entonces su secretario general, negaron rotundamente una presunta financiación ilegal de la sede central del partido en la CAV e incluso esgrimieron el contraste entre la actitud comprometida y su riesgo personal frente a ETA y la de quienes desde el mismo Partido Popular desarrollaban actividades fraudulentas o ilegales. Y dado que aducir ahora desconocimiento supondría admitir una incompetencia que inhabilitaría para dirigir el partido al no haber comprobado la denuncia hasta el último extremo; y dado que, además, Oyarzabal y Quiroga han tratado de extender, sin pruebas ni evidencias, acusaciones de financiación ilegal a las sedes de otros partidos vascos, cabe exigir de ambos la asunción de las consecuencias de haber dado continuidad al fraude con un engaño.

Editorial del Grupo Noticias