martes, 14 de octubre de 2014

EL GOBIERNO FORAL Y LA INCINERADORA

Últimamente ha sido noticia en los medios locales el tema de los residuos, con la renuncia del Gobierno de Navarra a la incineradora y la campaña de propaganda de la MCP por la expansión del 5º contenedor. Ello ha vuelto a mostrar las muy diferentes concepciones sobre la sostenibilidad de los recursos y la protección ambiental al gestionar los residuos.

Cuando el consejero de Medio Ambiente, señor Esparza, en nombre de su Gobierno, declaró en septiembre que “No es factible la incineradora de residuos” porque no es rentable y porque las directivas europeas no la permiten, demostró una gran dosis de irresponsabilidad y de cinismo.

No es admisible que, de repente, hayan descubierto que la joya de la corona del PIGRN, que suponía el 90% del presupuesto del mismo, 200 millones de euros, aprobado en 2010, ya no sirve. Ni que sin decir nada del resultado del recurso al Supremo que el Gobierno presentó contra la suspensión del PIGRN por el TSJN, den por zanjado dicho recurso. No es responsable rechazar la incineradora sin analizar las razones de fondo… por ejemplo, que con ella se dilapidan los recursos de los residuos en vez de recuperarlos, o que la incineradora sólo produce beneficios empresariales en vez de hacer un servicio a la sociedad…, o que la incineración produce entre otros males cáncer y atenta al medio ambiente.

Olvida, sin autocrítica alguna, meses y meses de debate sobre el PIGRN. Ahora parecen darse cuenta de lo inevitable, lo que hace 4 años no aceptaron de quienes se lo advertimos:

- La incineración, aunque la vistan de valorización energética, es destructora de recursos básicos.

- Es nociva para la salud de las personas y del resto de seres vivos, destructora del medio ambiente y factor negativo para el cambio climático.

- Aleja de la Administración pública la gestión y el control del tratamiento de los residuos.

- Contraviene las prioridades de la Normativa Europea y estatal sobre residuos.

La irresponsabilidad del Gobierno la muestra el que en 4 años no han hecho nada, como Gobierno y desde lo público, para abordar la alternativa a la incineración. El desconcierto de nuestros administradores queda reflejado en frases del estilo, “No sabemos qué hacer, pero claro, algo habrá que hacer”, del presidente de la MCP, señor Muñoz, ferviente defensor en su día de la incineradora, y pillado ahora entre la espada del breve tiempo que le queda al vertedero de Góngora y la pared de la incineradora descartada. No sólo es que el vertedero de Góngora se clausure en 2022. Es que en 2016 sólo se podrá enterrar, como máximo, el 35% de lo que se enterraba en el año 1995. No es aventurado afirmar que esa norma no se va a cumplir, como no se han cumplido las reducciones de vertido obligatorias de 2006 y 2010.

A la falta de responsabilidad por ausencia de análisis serios, de autocrítica por el arrumbado PIGRN y de alternativas serias y sostenibles, se añade el cinismo de pretender quitarse el muerto por la vía rápida: “Cuál o cuáles de nuestras empresas privadas amigas nos solucionan más rápido y más sigilosamente este entuerto…”. No lo dicen públicamente, pero ponen todo su esfuerzo para que la iniciativa privada ponga los parches al problema, aunque sea a precio de oro y con la iniciativa pública coartada durante años. Ejemplos:

Primero está la Cementera Portland-FCC, uno de los lobbys principales de Navarra. FCC lleva la gestión de la recogida en la comarca Iruñerria, lleva la gestión de El Culebrete de Tudela, y ahora podrá incinerar 36.500 Tm de residuos sólidos urbanos y 20.000 Tm de biomasa al año. El Gobierno la ha declarado empresa de Interés General y Gestora de Residuos, concediéndole todos los permisos ambientales y sus ampliaciones. Y lo ha hecho con una empresa que con sus prácticas corruptas (tipo cartel) de fijación de precios, hundió a casi una treintena de pequeñas y medianas empresas de su sector, esquilmó más de 100 millones de euros a la Hacienda de Navarra, y fue condenada, sin apelación posible, por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a multas millonarias.

Luego está HTN de Caparroso, planta de biometanización instalada para solucionar el problema de los purines ganaderos de la Navarra media, a la que le vienen muy bien los biorresiduos del 5º contenedor discriminado de Barañáin, y quizá los de los barrios y pueblos en los que se va a implantar. El sistema de ese 5º contenedor, una forma más de recogida selectiva compatible con otras, está bien para empezar a fomentar en la ciudadanía el aprecio y separación de los biorresiduos, pero queda muy limitado para alcanzar la exigencia de que en 2020 el 52% de los mismos quede perfectamente separado. El problema grave está en la gestión actual de la materia orgánica recogida en el 5º contenedor de Barañáin:

a) No lo compatibiliza con otros sistemas de recogida selectiva que podrían aumentar el exiguo 30% (como máximo) de biorresiduos recogidos.

b) Traslada 70 Km los biorresiduos hasta la citada HTN, con los correspondientes gastos de transporte, contaminación, lejanía del tratamiento respecto al punto de generación...

c) Dedica unos biorresiduos de mucha pureza a mezclarlos con purines y producir metano, en vez de producir compost de calidad, que sería lo más sostenible ambientalmente y de mayor rendimiento material y energético.

d) El control de los biorresiduos, el coste y rentabilidad de su tratamiento, los posibles beneficios económicos... quedan bajo el dominio y el secretismo de esa empresa privada, que para más escarnio ha visto anulada por el TSJN la autorización ambiental que en 2009 le concedió el Gobierno de Navarra, que luego presentó recurso contra esa anulación ante el Supremo.

Tercer ejemplo. El Gobierno acaba de conceder (agosto de 2014) el título de Gestor de residuos, incluidos los peligrosos, a la empresa Chipala Medioambiente, de Estella, para que pueda seguir fabricando CDR (Combustibles Derivados de Residuos) y CSS (Combustibles Sólidos de Sustitución), preferentemente para cementeras.

Finalmente, son más que previsibles los convenios del Gobierno con empresas privadas dedicadas a la biometanización y compostaje de biorresiduos. Esto aleja la posibilidad de implantar, por ejemplo, pequeñas plantas descentralizadas de compostaje controladas por la MCP. Así se entiende lo dicho por el consejero: “…que Navarra ya tiene capacidad suficiente para el tratamiento de todos sus biorresiduos con las empresas privadas existentes”.

Julen Mendiguren, Ana Malón y Juan del Barrio