“Si hay una demanda ciudadana de estudiar en euskera lo lógico es que la educación pública lo oferte. Hay que defender que en el modelo público se imparta aquellas lenguas que los padres y las madres decidan. ¿Por qué no tiene que haber el modelo D en Beriáin, en Olite o en Tafalla, o allá dónde se pida, donde haya de verdad una demanda?”. Con esta claridad se expresó ayer la parlamentaria del PSN, Mª Carmen Ochoa, que consideró una “injusticia” que las familias de Beriáin no puedan inscribir a sus hijos e hijas en el modelo D en su localidad.
“Es una injusticia que no lo tengan, pero también que no lo tengan los de Caparroso, Olite y tantos y tantos niños cuyos padres optan por este modelo”, añadió la socialista, que reconoció que “si tenemos que cambiar la Ley del Vascuence lo tendremos que hacer con consenso, pero igual no hace falta cambiar sino interpretarla de otra forma”.
Su intervención tuvo lugar ayer en el transcurso de una comisión de Educación en la que participaron representantes de familias de Beriáin que llevan a sus hijos a la ikastola pública Hegoalde al no tener en su localidad el modelo D. Invitadas por Geroa Bai, estos padres y madres aseguraron sentirse “discriminados” y “ciudadanos de segunda” porque sus hijos no sólo no pueden optar por una enseñanza pública en euskera en su localidad sino que son compensados con una ayuda al transporte y comedor por verse obligados a desplazarse hasta Pamplona.
En opinión de estas familias, la mejor solución es modificar la actual ley del euskera de 1986, ya que “esa realidad sociolingüística poco tiene que ver con la actual”. “La ley es contraria a la lógica, discrimina a las personas y es injusta”, afirmó Fermín Fernández Illana, padre de uno de los alumnos afectados, que lamentó que “si no hubiéramos dejado de ser Cendea de Galar ahora seríamos zona mixta y tendríamos derecho a ser transportados a la ikastola Amaiur y al IES Iturrama”. Además, se da la circunstancia de que el autobús para en Salinas, a menos de 2 kilómetros de Beriáin, por lo que una posible solución sería hacer otra parada en esa localidad. “Pero no solo no facilitan esa parada sino que tampoco nos dejan que podamos acercarnos a Salinas para ir en ese autobús, y eso que hay plazas libres. Dicen que no nos corresponde por ley”, afirmó Fernández, que solicitó que “al menos nos compensen económicamente a las familias a las que se nos excluye por ejercer nuestro derecho a elegir una educación en euskera y pública”. En la actualidad, estas familias contratan y costean el autobús, donde van 19 alumnos de Beriáin y 5 de Noáin. “Nos cuesta 180 euros al mes por hijo”.
Su reivindicación de modificar la ley fue respaldada de forma clara por Geroa Bai, Aralar-NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra, cuestión que rechazaron el PP y UPN. Ahora bien los populares apostaron por facilitar a las familias de Beriáin unas posibles ayudas al transporte o el uso de las plazas vacantes que queden libres en el autobús de Salinas. Los regionalistas se comprometieron a trasladar a Educación la posibilidad de que utilicen ese autocar o buscar “algún tipo de financiación”.
Pero fue el discurso del PSN, favorable a llevar el modelo D público a las localidades donde lo demanden las familias, lo que sorprendió a los grupos. Y es que, como le recordaron desde I-E y Aralar, los socialistas son los culpables de que Beriáin no forme parte de la zona mixta. Lo rechazaron en 2010, en la primera y única modificación de la ley del euskera y que permitió a Galar, Aranguren, Belascoáin y Noáin decidir en qué zona querían estar (sólo la última optó por la no vascófona). Y después, en 2013, Aralar presentó otra propuesta para facilitar la entrada de Beriáin y de nuevo la abstención socialista lo echó para atrás. Y eso que el pleno de la localidad, incluido el PSN, había solicitado su incorporación en la zona mixta.
Un pleno al que paradójicamente se refirió la socialista, quien afirmó que “si zonificamos Navarra no se entiende que no se permita la educación en modelo D pública y sí se deje hacer ikastolas de carácter privado. Creo que deberían ser los públicos los que ofertara el modelo D si hay demanda. Es un derecho ciudadano. El euskera es cultura y todos deberíamos conocerlo y saberlo”. Y añadió: “En la ikastola de Tafalla, que es la que tengo cerca, los niños son trilingües y todo el mundo está encantado. Imparten este modelo mucho antes de que se inventaran el que impulsan ahora”.
Ante este discurso, José Miguel Nuin, de I-E, abogó por dar un paso más. “La solución está en nuestra mano. Es responsabilidad de los grupos, no hace falta un cambio de gobierno”, afirmó Nuin, quien añadió que “comparto su afirmación de que el sistema público debe ofertar los modelos que las familias demande. Hagámoslo. Presentemos una modificación de la proposición de ley foral para que sea así. Firmémosla y la metemos en registro”.
Desde Geroa Bai, el parlamentario Patxi Leuza criticó al Gobierno foral por “crear ciudadanos de primera y de segunda, ya que unos tienen menos derechos pese a tener las mismas obligaciones” y les felicitó “por no dejarse amedrentar y elegir el modelo lingüístico acorde a su cultura”. Desde Bildu, Miren Aranoa se mostró “orgullosa” de las familias y se comprometió a seguir luchando “para terminar con una ley injusta” mientras que Nekane Pérez, de Aralar, aseguró que “no hay que pedir compensaciones sino que se garanticen los derechos. La ley es discriminatoria y la falta de desarrollo y la no modificación de la misma inciden en esa discriminación”.
María Olazarán y Patxi Cascante, en Diario de Noticias
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