domingo, 26 de octubre de 2014

MULTAS A CAPRICHO

Vaciar las calles a palos y a multazos es la forma de hacer política social del Partido Popular. Así lo entiende, entre muchos otros cargos públicos, la delegada del Gobierno en Navarra, cuya espuria presencia en la vida política padecemos. Se nota de lejos que quiere hacer méritos dentro del régimen policiaco que ha ido urdiendo su partido y lo está consiguiendo. Su capacidad política se reduce a ser un instrumento de represión del Ministerio del Interior y a figurar en mojigangas, entre uniformados y ensotanados. Resultan repulsivos.

Se les llena la boca con la palabra democracia, como si la representaran en exclusiva, cuando están atacando todo un sistema de derechos y libertades cívicas más elementales, como es el de expresión. Sus ataques a los derechos civiles contemplados en la Constitución son constantes. Y esto no es de ahora. Hace más de dos años que la arbitrariedad de las multas como forma extrema de represión estaba a la vista de quien quisiera verlo y no aplaudirlo. La represión entre tanto ha ido a más. Y muy pronto alcanzará de lleno a los medios de comunicación que no sean serviles con el poder, como son ahora mismo la mayoría de los que se publican o las televisiones, públicas y privadas.

Es propio de bellacos tener pleno conocimiento del estado de precariedad material de los más débiles y, precisamente por eso, acosarlos con multas que comprometen aun más su vida cotidiana, su deteriorado bienestar. Eso es utilizar el miedo como herramienta de control social. ¿De qué cohesión social habla esta gente? Sin duda del silencio de los sometidos, el que resulta de perseguir y atajar cualquier forma de disidencia efectiva y de protesta, y de referirse encima a “marcos legales” que saben tan podridos como inoperantes. En la práctica casi todo está prohibido.

Tienen que acallar a la ciudadanía con sus arbitrariedades y abusos porque, entre otras cosas, son incapaces de atajar el mal que les constituye, que es el de la corrupción generalizada que alcanza al gobierno y a altos cargos de su partido de manera flagrante. Lo silencian, pero no lo atajan, porque no pueden, porque son ellos, les identifica, es su más firme ideología: el enriquecimiento indecoroso, la prevaricación constante. Para atajarlo deberían marcharse, algo que no harán, o deberíamos echarlos y perseguirlos luego ante unos tribunales de justicia a los que ellos mismos se hurtan cuanto pueden y convierten no en un sistema de ejercicio de derechos, sino en una maquinaria represiva en contra del ciudadano despojado en la práctica de cualquier defensa efectiva. La maquinaria burocrática es meramente policial y está urdida contra el ciudadano.

Y si no pueden atajar la corrupción, mucho menos pueden generar empleo real, pero a cambio estafan a los ciudadanos con rescates bancarios y mejunjes financieros; son incapaces de defender la soberanía nacional, pero nadie es más patriota que ellos; no protegen el derecho a la vivienda, pero a cambio urden pactos de silencio informativo para que se hable lo menos posible de ese drama; su respuesta a la inmigración es propia de delincuentes; desmontan la sanidad pública para convertirla en un negocio y la enseñanza poco menos que un privilegio de clase... pero eso sí, no hay quien les gane con la arbitrariedad de las multas, la manejan como la Camorra esa recortada que llaman lupara.

La arbitrariedad no puede formar parte de los fundamentos de un estado de derecho... salvo aquí.

Decimos: este asunto hay que llevarlo a los tribunales europeos, al Consejo de Europa... Bien, sí. Europa debe enterarse de lo que está sucediendo aquí. ¿Para qué? ¿Qué hace el gobierno con las recomendaciones y admoniciones europeas en materia de derechos humanos? Burla.

No estaría de más oír la voz de la magistratura independiente, que la hay, ante este nuevo sistema de atropellos, arbitrariedades y abusos hechos ley, el de las multas gubernativas en aluvión, por todo y por nada, sin otra base legal que la arbitrariedad y que, en la práctica, coloca al ciudadano en una situación de indefensión. Los jueces lo saben y o bien están de acuerdo con el sistema o bien callan, lo que no sé si es peor.

Miguel Sánchez-Ostiz, en Diario de Noticias