El debate constitucional estuvo centrado fundamentalmente en dos grandes cuestiones; en primer lugar, en las posibilidades que ofrecía la España política y social del momento para institucionalizar un sistema democrático en un contexto de riesgo a que el intento democrático quedara frustrado por las estructuras políticas y sociales contrarías a la reforma; en segundo lugar, en la búsqueda de un encaje de las diversas realidades nacionales en la estructura constitucional.
La constitución española resolvió mal esta segunda cuestión porque consolidaba la desigualdad en la atribución de derechos que conforman las distintas naciones que cohabitan en el Estado. La soberanía quedaba residenciada en el pueblo español, o la nación española, y se constituía en sujeto político como instancia de legitimidad para disponer de su propia constitución. Al pueblo vasco, o nación vasca, no le asistían los mismos derechos que a la nación española. Ese es el nudo fundamental del conflicto nacional. El Estatuto de Autonomía de Gernika constituyó una respuesta más satisfactoria, en la medida en que permitía institucionalizar una parte de Euskadi, desde Euskadi, sin renunciar a los derechos que como pueblo nos asisten, tal y como lo recoge la disposición adicional.
Más allá de la arquitectura institucional la gestión política del Estado se ha caracterizado por un espíritu centralizador permanente, alejándose de los requerimientos reales de un estado plurinacional; además de obstaculizar de forma evidente el desarrollo estatutario, en muchos casos, su avance ha estado sujeto a las necesidades e intereses partidarios de aquellos que han tenido la responsabilidad de gobierno. La representación política de los partidos mayoritarios de ámbito estatal en Euskadi ha sido un elemento legitimador de esta visión constitucional. Desde estructuras de comunicación estatal han tratado de crear un relato fundamentado en un acuerdo entre diferentes, pero sólo si se produce dentro del marco constitucional. Obviamente el problema persiste.
35 años después, la constitución española, y las instituciones que derivan en exclusiva de esta norma fundamental, siguen sin dar respuesta a esta cuestión pero, durante este tiempo, el Estado ha incrementado su influencia y su control respecto a la parte sur de la nación vasca. Sobran ejemplos mediáticos, judiciales, económicos y políticos.
Pero más allá de los factores externos es necesario destacar los internos que han debilitado el proceso de construcción nacional vasca. En primer lugar, el antagonismo ético y político de la Izquierda Abertzale respecto al nacionalismo democrático, cuyo exponente máximo ha sido ETA, que ha quemado a gran parte de la sociedad vasca, ha anulado la energía social positiva de muchos jóvenes próximos a la Izquierda Abertzale, ha generado una lucha fratricida entre las familias nacionalistas y ha llevado el debate de la cuestión nacional a un debate con poca conexión con la realidad. En segunda lugar, se ha producido un cierto agotamiento del sistema institucional vasco como sujeto de transformación de la realidad nacional, en la medida de que “lo político” ha ido perdiendo capacidad de conexión y de transformación de cara a la sociedad. En tercer lugar, y no es problema menor, la anestesia que están suponiendo los valores individualistas de las sociedades de consumo, que producen un efecto paralizante en los proyectos colectivos.
Pues bien, 35 años después tenemos el debate sobre el status político encima de la mesa. Esta vez sin ETA. Parece necesario realizar algunas consideraciones, a la luz de los errores del pasado y de los cambios sociales que se han producido durante todos estos años.
Para empezar no hay estrategia nacional si los partidos políticos que reivindican los derechos nacionales no comparten suelo ético-democrático, no comparten unos objetivos mínimos y no comparten los ritmos de los procesos que nos conduzcan al logro de esos objetivos. Y a día de hoy estamos lejos de ésto.
El objetivo del reconocimiento jurídico de un nuevo estatus político para Euskadi, basado en un ejercicio pactado del derecho a decidir, debe ser “uno” de los objetivos de un proyecto nacional más amplio que debe incluir objetivos económicos y sociales con contenidos tangibles y medibles. El avance del proyecto nacional vasco, incluso en su institucionalización jurídica, debe estar pivotando sobre una dinámica endógena de la sociedad vasca más que en la expectativa institucional de acuerdo con el Estado que, se producirá y es deseable que así sea, si el conjunto de la sociedad vasca hace inviable otra cosa que no sea una estructura institucional que recoja nuestros derechos. La estrategia y el proyecto nacional no pueden pivotar exclusivamente sobre una propuesta de acción normativa soportada, y gestionada, desde el ámbito político e institucional.
Por eso creo que esta segunda transición hay que abordarla con seriedad y eficacia. Es necesario establecer una comunicación en el seno del nacionalismo que permita establecer objetivos tangibles y medibles en la dimensión política, económica, social y cultural. Es fundamental arrinconar los debates sobre principios y objetivos maximalistas que tienen como objetivo la hegemonía de unos sobre otros. Es prioritario establecer la división social del trabajo en el desarrollo de esos objetivos (en el que la política será una parte importante, pero una parte) y, desde luego, es vital que seamos capaces de desarrollar un poder económico y social de la propia sociedad civil para compartir la ejecución de este proyecto nacional. Es hora de definir, compartir y ejecutar.
Xabier Barandiaran, en El Diario Vasco
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