En las actuales situaciones de crisis global y local, algunos responsables de las comunidades cristianas de nuestra tierra queremos expresar nuestro apoyo al cambio de la anticuada legislación hipotecaria que data del año 1909 y el apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) para una nueva ley hipotecaria cuya recogida de firmas concluye estos días.
En los últimos años el estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y económica han dejado en el estado las mayores tasas de desempleo del entorno europeo provocando en una mayoría de hogares que no puedan afrontar el pago de la hipoteca. La situación de la crisis desde el año 2007 ha originado hasta el año pasado más de medio millón de ejecuciones hipotecarias por la imposibilidad de asumir las hipotecas. La incongruencia entre los derechos asumidos por la constitución española de una vivienda digna y adecuada (art.47) y la ley hipotecaria actual extemporánea de 1909 urge una solución para subvertir la injusticia legal existente y garantizar una cobertura suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda digna. Una apuesta legal firme que libere a las familias de esa esclavitud vitalicia de los préstamos hipotecarios actuales y deje así de hipotecar su proyecto vital de futuro.
Un gobierno no debería dudar en colocar el derecho de la vivienda de las personas susceptibles de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca. La medida que se solicita de la dación en pago -entrega del bien hipotecado para compensar la deuda contraída- es tan sólo un paso en la lucha para frenar la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual y liberaría a las administraciones públicas y privadas de asistencia social para atender el empobrecimiento económico, social y personal de las familias.
A parte de la dación en pago se solicita la paralización de los desahucios cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Así también se propone junto a esta paralización, la conversión de la vivienda adjudicada en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes que no superen unos porcentajes de la renta del arrendatario. Y por último la aplicación retroactiva en todos aquellos casos de vivienda habitual y cuya celebración de la subasta no se haya celebrado en la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
Todas estas propuestas están en las líneas de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable y haga efectivo el derecho del deudor de rehacer su vida personal y social.
Así también manifestar que el derecho a la vivienda además de ser un derecho constitucional y un derecho Humano, está recogido ampliamente por la Doctrina Social de la Iglesia. Los gobernantes deben estar al servicio de los ciudadanos y del bien común (cf. Caritas in Veritate, 36). Es escandalosa la sumisión de la política a la economía de las grandes multinacionales y entidades bancarias. Miles de familias viven hacinadas, con todo lo que supone, en casas de sus padres y otros familiares. Así por ejemplo en la Carta de los derechos de la familia de 1983 en el art. 11 se recoge: La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad (cf. también Familiaris Consortio, 46;Pacem in Terris, 11).
La persona y su dignidad debe estar en el centro de nuestras actuaciones y decisiones porque el ser humano no es mercancía, sino que es el centro y fin de toda la vida económica y social(Caritas in Veritate, 25). Desde la fe cristiana consideramos a cualquier persona imagen de Dios y por tanto, merecedora de respeto, justicia y fraternidad.
Este grupo de responsables y sacerdotes de comunidades cristianas y parroquias de Navarra en la línea de otras diócesis como la de Cartagena nos sumamos con este documento a la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la PAH para solicitar la nueva regulación legal hipotecaria ante el Congreso de los Diputados. Así valoramos también el compromiso de las plataformas de afectados por la hipoteca y su trabajo continuo de acompañamiento en los procesos de desahucios de tantas familias y expresamos nuestro deseo de trabajar en red para superar esta injusticia social que afecta a tantos hermanos nuestros.
Esta iniciativa del Manifiesto no suplanta otra preocupación que sobre este tema tienen muchos sacerdotes y responsables de comunidades eclesiales de Navarra dado que algunas parroquias y otras instituciones de la Diócesis de Pamplona-Tudela tienen viviendas vacías o infrautilizadas. Es urgente también que las instituciones eclesiales que posean estas viviendas las pongan al servicio de las familias más gravemente afectadas por los desahucios en navarra.
Valentín Hernández, Imanol Bacaicoa y José Luis Irigoyen, en representación de más de cien sacerdotes, religiosos, laicos de la diócesis de Pamplona-Tudela
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