POLÍTICAS SOCIALES EN NAVARRA

No abundan las evaluaciones sobre las secuelas de la crisis económica en Navarra. Menos aún sobre los desperfectos sociales de la misma. Pareciera que seguimos siendo los ricos de siempre. Y sin embargo, es urgente evaluar cómo las políticas de austeridad están destrozando los dispositivos protectores del Estado del bienestar (EB) en Navarra. Ya hay aproximaciones teóricas desde la UPNA, Cáritas y entidades sociales del tercer sector, pero falta una visión global que nos aproxime al devastador impacto de la actuación depredadora sobre todos los subsistemas del EB navarro.

Durante años, Navarra fue el paradigma de las políticas sociales. Ello fue posible gracias a la elevada conciencia social de esta comunidad entre los años setenta y noventa del pasado siglo, la pujanza de los movimientos asociativos, una Escuela de Trabajo Social puntera, la riqueza del territorio y una considerable voluntad política agraciada por unos tiempos de bonanza.

Fuimos los navarros la segunda comunidad en articular en 1999, uno de los dispositivos del sistema de garantías de ingresos mínimos; la denominada Renta Básica, hoy definida como Renta de Inclusión Social, reconvirtiendo el concepto en el mayor oxímoron social de la asistencialización segregacionista. Y es que nunca una ayuda pública y pretendidamente cohesionadora fue tan brutalmente xenófoba, excluyente, fiscalizadora, involucionista y pervertida en su gestión.

Fue Navarra también una de las comunidades pioneras, en 1990, después del País Vasco y Castilla León, en asumir competencias en materia de salud y desplegar numerosos planes que hicieron de nuestra sanidad una referencia mundial. En la actualidad este sistema público, universal y gratuito, salvo excepciones, se encuentra amenazado por la pérdida de la universalidad, la calidad asistencial y la equidad con la implantación del recopago farmacéutico y otras tendencias privatizadoras en sus modalidades menos impactantes.

Navarra se ha destacado históricamente por su relativa excelencia en materia de Servicios Sociales (SS). Las transferencias en materia de acción social posibilitaron que las entidades locales, con diferentes ritmos, implantasen una extensa red de SS y la progresiva implantación de los cuatro programas básicos de atención y los programas específicos por toda la comunidad. Ello ha posibilitado durante años que la población navarra más excluida haya gozado de una protección pública de notable calidad. Aspecto este intuitivo, porque no disponemos de informes evaluativos sobre la capacidad de respuesta de esta red y de la idoneidad de sus recursos y servicios. Pero la enorme presión del déficit, en detrimento de las carencias de las personas, está generando una peligrosa asistencialización de la protección social acechada por la progresiva y silenciosa privatización de no pocos programas y servicios absolutamente claves en la protección de la ciudadanía.

Los sistemas educativos y de pensiones, así como el sistema de dependencia y las prestaciones de desempleo requerirían otras evaluaciones que nos permitieran visualizar hasta qué punto, también están siendo sometidos a un intenso desbrozamiento.

Pero si los recortes son importantes en sí, no menos es la manera de explicarlos y conceptualizados. Y es que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Ya sabemos que los recortes no responden a un plan económico, sino a un plan ideológico del PP y de UPN. Y sabemos que la austeridad no pretende combatir el déficit, sino reorientar los gastos. A eso se llama cambiar los paradigmas, ingeniería de la dominación o cambiar las maneras de interpretar los problemas sociales, de comunicarlos y hacer que éstos sean asumidos de una u otra manera por la población.

El Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra no es ajeno a esta tendencia, es más, es un fiel aliado de esta reconceptualización, de esta reideologización fascista del orden y la protección social. Y es que para sus responsables políticos y técnicos, por ejemplo, las desigualdades sociales, cada vez más evidentes en Navarra, han dejado de ser el objetivo central. Ahora, ese lugar lo ocupa la gestión del déficit y la contención del gasto. Y para ello se despliegan una serie de nuevos marcos ideológicos de referencia. De nuevas ideas cognitivas-fuerza, muy populistas, que tratan de chantajear a la mayoría de la población, implicándola en la asunción del problema -cuando no lo ha generado- y conseguir su apoyo en nombre de la austeridad. Por ejemplo, si hubo un tiempo en que las leyes sociales reconocían la responsabilidad pública y el carácter universal de sus prestaciones, ahora esa tendencia se desplaza hacia la responsabilidad individual y la gestión exclusiva de los grupos de riesgo. Es decir, se introducen mecanismos que refuerzan la responsabilidad de individuo y la subsidiariedad del compromiso del Estado quien, cada vez más, requiere y exige predisposiciones personales, conductas, actitudes, motivaciones y contrapartidas para merecer ayudas. Se instaura así la idea de la dependencia del Estado como una patología moral. Esta idea es muy aceptada socialmente, porque hay una manipulación mediática de su contenido, pero no hay que olvidar que entre 1982 y 1992, el compromiso discursivo de las leyes de SS era la estatalizaciónde éstos a través de los ejes de la universalidad -para toda la ciudadanía sin excepciones para acabar con la beneficencia y asistencialización- y el compromiso de responsabilidad pública. Hoy las leyes de SS y decretos reguladores han abandonado esos principios en favor del monetarismo económico. Así se fiscalizan, y el ejemplo de la Renta de Inclusión Social es muy evidente, las conductas, se mercantilizan las actitudes de los solicitantes, las implicaciones, responsabilidades y disposiciones personales. En definitiva, el Estado social se olvida de sus responsabilidades protectoras y activa un orden moralizante. Y de ello participan políticos, técnicos y no pocos profesionales de lo social. Se confirma así la despolitización del discurso social sobre las estructuras generadoras de la desigualdad y se politizan la vulnerabilidad y la pobreza. Prevenir o mitigar los riesgos sociales ya no es asunto del Estado, sino una actitud de cada uno para lo que se genera una implicación del sujeto en la gestión de su propia inseguridad. Porque el riesgo social ya no es asunto de Estado, sino personal. Una especie de azar incontrolable.

De estas tendencias participan la mayoría de las políticas sociales en Navarra, especialmente las de Servicios Sociales, Salud, Garantía de Rentas y Empleo, donde las políticas de activación personal, y flexiguridad se han convertido en los ejes de la regulación del trabajo y la gestión del empleo o la ausencia de él.

La crisis económica no solo está incidiendo en la vida de la gente, está cambiando la manera de entender los problemas y sus soluciones. Y para esto los dispositivos de control ideológico están trabajando duro. Se trata de desplazar la mirada. Los problemas dejan de existir si la mayoría de la población participa de las soluciones a través de una nueva interpretación de los mismos. Como dice Juan Antonio Zufiría, presidente de IBM: "La responsabilidad de resolver la crisis está en cada individuo" (El País, 23-12-12). Éste el nuevo populismo neofascista que corea la irresponsabilidad del Estado frente a los problemas de la gente. Es la gente quien debe asumir su propio destino y presente en un ejercicio de autoinculpación de carácter individualista en detrimento de soluciones y compromisos públicos y universales.

Paco Roda, en Diario de Noticias