MÁS ALLÁ DE LA LEY SYNDE

El conflicto de la 'Ley Sinde' fue desde el primer momento un debate político sobre los límites de nuestros derechos y libertades fundamentales, no una simple cuestión jurídica en torno a la propiedad intelectual. Los intermediarios de la industria del entretenimiento, expertos en imagen y comunicación, intentaron degradarlo a banal disputa entre mezquinos piratas y honestos autores, y durante un tiempo les salió bien. Pero ese tiempo ha pasado ya para siempre.

No hay mentira que pueda soportar el escrutinio permanente de una sociedad civil movilizada. Y desde el 2 de diciembre de 2009, la Internet española ha estado en guardia, frente al mayor ataque a sus libertades sufrido desde que en el año 2001 se conoció el anteproyecto de LSSI del gobierno Aznar para controlar Internet. Pero al igual que pasó hace nueve años, la sociedad red española ha demostrado una inusitada vitalidad. El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet consiguió unir a todos los internautas españoles en un objetivo común: defender a cualquier precio la libertad de expresión en la Red.

Ha sido una larga lucha de desgaste. Pasaron nueve meses exactos desde el Consejo de Ministros que -desafiando el aniversario de la Pepa, primera Constitución de la Nación Española- aprobó un 19 de marzo el proyecto de Ley Sinde, y el estallido de la protesta civil generalizada del pasado domingo, 19 de diciembre. Nueve meses dirigidos a aburrir a la resistencia y minar su moral. Un estilo que para algunos es un viejo conocido: es la vieja burocracia española, la casta reaccionaria que medra en los aledaños del poder, con independencia del signo político del gobierno de turno. Ahora sabemos todos los nombres. Algunos de ellos son viejos conocidos: su especialidad es enterrar gobiernos salvando muebles y prebendas, negociando cargos vitalicios, pensiones, asesorías de empresas o embajadas. La misma oligarquía blindada que ha destruido, en el sector privado, toda apuesta por un modelo distinto de país. Son los intermediarios de la infamia, los abogados del dólar, aquellos a los que Neruda retrató en su Canto General.

Intermediarios bien cebados, el objetivo a extinguir. La sociedad española que hay más allá de la brecha digital aún no lo sabe, pero a este lado de la frontera ya no tienen nada que hacer. Hoy los hemos visto en acción. La democracia representativa es eso que hemos visto en streaming: los representantes del pueblo dando la espalda a las cámaras, bisbiseando en un rincón, chalaneando con nuestros derechos fundamentales como cambistas de bazar. Con razón les da miedo un simple tweet.

Ha habido grandes ausentes en el debate de hoy. Artistas, músicos, escritores, intelectuales, han decidido enmudecer, cabizbajos, esperando que les defienda quien les paga. Ellos son las más tristes víctimas de cuanto está pasando, y ellos son el primer objetivo a liberar, porque los necesitamos para cuanto está por venir. La producción cultural no necesita a los viejos intermediarios para venderse en Internet, lo que necesita es un mecanismo ágil, que permita controlar la difusión de su obra y su justa retribución. Ciudadanos y artistas necesitamos una democracia directa, en la política y en la creación.

Esto sólo es el principio. Volverán a intentar aprobar su proyecto, con un u otro nombre, como hacen con todo lo demás. Tienen que tensar la cuerda, ir tanteando hasta dónde podemos llegar. Será una larga lucha, en la que lo importante ya no será la propiedad intelectual. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el modelo de democracia del que nos queremos dotar.

Carlos Sánchez Almeida (elmundo.es)