CARRERA DE OBSTÁCULOS

Acostumbrados a los abusos del poder, es descorazonador comprobar cómo buena parte de los ciudadanos va ensanchando sus tragaderas hasta aceptar sin sonrojo democrático la impunidad, el descaro y las arbitrariedades de los que mandan. La dictadura de la mayoría PP-PSOE impuso la Ley de Partidos quizá para combatir con más dureza el terrorismo en su primera intención, pero también por conveniencia puramente partidista cuando comprobaron la utilidad de esa Ley para aprovecharse de la aritmética electoral. Así, la estiran o encogen en su provecho como un chicle con el mayor descaro ciscándose en los fundamentos del Derecho, ante el aplauso o la indiferencia de la mayoría de los creadores de opinión.

Con esa muralla se van a estrellar los esfuerzos de la izquierda abertzale ilegalizada, embarcada en la incierta travesía hacia un nuevo proyecto que aseguran está alejado totalmente de cualquier utilización o apoyo a la violencia para conseguir logros políticos. Ni más ni menos que lo que se le venía exigiendo desde siempre para lograr la homologación con el resto de partidos considerados administrativamente democráticos.

El pasado sábado 27 de noviembre, quienes representan a la ilegalizada Batasuna hicieron público su proyecto político nuevo, del que aseguraron ser unilateral y no sujeto a ninguna subordinación, dato que supone una superación de modelos anteriores impulsados por esa fuerza política (Alternativa KAS, Alternativa Democrática, etc.) sujetos en última instancia al visto bueno y tutela de ETA que, como lamentablemente se pudo comprobar, intervenía cuando lo exigía su calidad de "vanguardia". Los dirigentes que presentaron en Iruñea el nuevo proyecto insisten en que han dicho "basta", que su impulso político ha asumido el papel de "vanguardia", que se cierra un ciclo histórico subordinado y se abre otro autónomo y soberano.

Y dijeron más. Reiteraron la apuesta por las vías exclusivamente pacíficas, políticas y democráticas, sin pelos en la lengua al manifestar su rechazo a todo tipo de violencia, incluidas la amenaza y la extorsión para su estrategia independentista.

Entendidas en su literalidad y sin prejuicios, las bases ideológicas de este nuevo proyecto supondrían un punto de inflexión en la historia de la izquierda abertzale ilegalizada. Sus principios básicos llevarían a la conclusión de que ese sector ha decidido renunciar a su histórico papel de base social que servía de apoyo a ETA justificando sus acciones violentas. Supondría, por otra parte, y así lo explicitaron, la aceptación de la Ley de Partidos al menos en los términos actuales. A partir de aquí, y si todo esto se demostrara cierto, no debería haber razones para la ilegalización de este nuevo proyecto, ya que respondería de manera fehaciente a la interpelación que se le hace sobre la violencia. Todo ello, en realidad, tendría más valor que el hecho de que ETA anunciase un alto el fuego, ya no importaría lo que ETA dijera o hiciera, porque le habrían dejado sola.

Pero ocurre que buena parte de nuestra sociedad duda de que sean legalizados. No se lo cree, quizá por la desconfianza atávica de quienes tantas veces se han visto defraudados, quizá porque sería demasiado bueno para que fuera cierto.

Los representados por lo que en su día fuera Batasuna tropiezan con ese obstáculo doméstico, la falta de confianza de los ciudadanos vascos, incluso de muchos abertzales, que recelan de que todo esto pueda ser un movimiento táctico para recuperar protagonismo institucional.

Pero el obstáculo más difícil de salvar es la falta de voluntad política por parte de quienes tienen en su mano la potestad de devolverles la plenitud de sus derechos. Hoy por hoy, ni PSOE ni PP, ni sus franquicias vascas, están dispuestos a aceptar la posibilidad de que lo que dicen sea cierto, de que -por fin- han hecho expresa y pública renuncia de la violencia para lograr sus fines políticos. No hay voluntad política para reconocer como legalmente válidos unos estatutos que no diferirán de los de cualquier otro partido, incluso irían más allá en lo que respecta al rechazo explícito de la violencia.

A la izquierda abertzale ilegalizada se le exige que en su rechazo a la violencia incluyan expresamente las tres letras: ETA. Eso, de momento. Porque aunque esa condición fuera acatada, se subiría el listón para inventar un nuevo impedimento. Los dos partidos mayoritarios ya han pactado. Primero, como comenzaron, se seguirán escudando en el agravio a las víctimas. Después, como ahora lo vienen haciendo y les va tan bien, inventarán nuevas y sucesivas subidas de listón porque la ausencia en las urnas de los ilegalizados les sirve para su provecho electoral.

Pablo Muñoz, en Grupo Noticias