Las intenciones declaradas ayer por el ministro del Interior de oponerse a la legalización de Batasuna, aun cuando condenase la violencia de ETA, han desatado el rechazo de todo el arco político vasco, excepción hecha de PP, PSE y UPyD. Iñigo Urkullu teme que detrás de estas palabras se esconda «una estrategia de Estado», no sólo para luchar contra el terrorismo, sino para desalojar al PNV de las instituciones vascas. Aralar, EA, H1!, Ezker Batua y Alternativa denunciaron también las contradicciones en las que, a su juicio, incurre Rubalcaba tras años exigiendo a Batasuna que rechace explícitamente los atentados.
Aunque el propio Rubalcaba aseguró el lunes que había hablado del asunto con el PNV y este partido le comprendía, la reacción jeltzale indica lo contrario. Su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, consideró que si Batasuna condena a ETA debe ser legalizada. Y Urkullu criticó que «los poderes del Estado aplican la geografía cambiante con las ilegalizaciones de los brazos políticos del autoproclamado MLNV» para lograr sus fines. Por ello, no le sorprenden las palabras de Rubalcaba.
El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, consideró que Rubalcaba cae en una flagrante contradicción después de cuarenta años pidiendo a Batasuna que rechace explícitamente la violencia. A su juicio, este endurecimiento del mensaje del Gobierno español demuestra que la tesis de la línea divisoria entre quienes condenan y no, no tenía «consistencia ideológica.
El dirigente de EA Rafa Larreina expresó su desconfianza en todo lo que puedan decir Rubalcaba y los socialistas porque «luego hacen lo contrario de lo que apuntan en sus declaraciones», en alusión a los repetidos procesos de diálogo con ETA. A su juicio, son absurdos todos estos pronunciamientos que buscan satisfacer determinados oídos, y abogó por el trabajo político para que ETA acabe cuanto antes. En este sentido, señaló que su partido sigue trabajando a nivel interno en concretar las coordenadas de un movimiento abertzale en favor de la autodeterminación, el denominado 'polo soberanista', pero siempre bajo la base de la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Martin Beramendi, de Hamaikabat (H1!), la formación escindida de EA, cree que en vez de ilegalizaciones, lo que hay que hacer es trabajar en la deslegitimación de la violencia para evitar que muchos jóvenes vean como «un mito» el «dar el salto» a ETA. «Ésta es la cuestión que tiene pendiente el sistema democrático», subrayó.
Mientras, Ezker Batua también criticó a Rubalcaba. Su dirigente, Serafín Llamas, consideró que, «si la izquierda abertzale expresa de manera nítida y clara su condena absoluta a la violencia de ETA y exige su desaparición definitiva», el Gobierno central «debería tener en cuenta ese paso para permitir su participación en las instituciones». A su juicio, de esta forma, ETA se convertiría en un reducto de criminales sin ningún tipo de apoyo social ni político.
Por último, el portavoz de la nueva formación de izquierdas Alternatiba, Oskar Matute, denunció una «estrategia del Gobierno del PSOE que busca no sólo recabar unanimidad contra ETA sino a favor de su política antiterrorista y su visión de resolución de conflicto, errando totalmente». Para Matute, las palabras del ministro «inciden en una vuelta de tuerca más a la antidemocrática Ley de Partidos».
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