Subir al monte es una de las costumbres más arraigadas entre la sociedad vasca. Euskadi ofrece unas envidiables condiciones para la práctica del montañismo, de la escalada o del treeking por lo que las principales cumbres de la orografía vasca se convierten los días festivos en cita obligada para los aficionados. Pero también para la Ertzaintza y Protección Civil que cada semana intervienen ya en cuatro ocasiones para rescatar o buscar a aficionados en el monte. Hay casos inevitables: una caída o una indisposición física son razones de peso que justifican muchos de estos episodios que en la mayoría de los casos tienen un final feliz. En otros, sin embargo, la operación de salvamento podría haberse evitado si el montañero hubiese adoptado unas mínimas precauciones antes de adentrarse en el monte. En estos casos, que no están cuantificados pero «cada vez son más», el Departamento vasco de Interior está sopesando adoptar una medida implantada por Suiza y que Cataluña pondrá en marcha después del verano: girar al afectado el coste de la factura. La medida se aplicaría «sólo en caso de negligencia o imprudencia manifiesta por parte del montañero», apunta el viceconsejero de Interior, Raúl Fernández de Arroiabe. Las autoridades vascas han abierto un «periodo de reflexión» que podría desembocar con la adopción de una medida que no sólo busca ahorrar costes sino, sobre todo, evitar poner en riesgo las vidas de los miembros de los equipos de rescate por una causa perfectamente evitable.
La factura se hará efectiva sólo en casos flagrantes: por ejemplo, si el aficionado que se adentra en una senda prohibida, aquel que se pierde y no lleva ni una simple brújula para orientarse o quien haga caso omiso a las alertas meteorológicas. El objetivo es concienciar a los aficionados de que subir al monte no es un juego: hay que tenerle respeto.
De materializarse, Euskadi seguiría el ejemplo de Cataluña que, a partir de octubre, pasará la minuta de los Bomberos a los ciudadanos rescatados «en zonas de riesgo o difícil acceso» cuando sea debido a «conductas imprudentes o temerarias». Así aparece en la normativa aprobada en febrero de 2005 y que comenzará a aplicarse tras el verano. Cataluña fue, de hecho, la primera comunidad autónoma en legislar este asunto; tras la publicación del reglamento en el Boletín Oficial de la Generalitat, los equipos de rescate catalanes notaron un considerable descenso en la cifra de operaciones.
De media, el coste de una intervención en la montaña cuesta unos 3.000 euros. Cataluña ha fijado el precio en función del número de efectivos participantes y del tiempo invertido. Así, una hora de trabajo de un bombero ha sido establecida en 30 euros; un vehículo a pleno rendimiento, 39 y casi 2.300 euros una hora de vuelo de un helicóptero, un recurso muy habitual en los rescates. Esta factura, que desde 2008 se remite al montañero sólo a titulo informativo, comenzará a hacerse efectiva dentro de dos meses con cuantías que oscilarán entre los 300 a los 70.000 euros.
Las autoridades catalanas son conscientes de que establecer el límite entre la imprudencia y el accidente no siempre es fácil. Pero hay tres casos en los que no hay dudas: cuando el montañero llame a los Bomberos «sin un motivo suficientemente justificado», cuando el rescatado no vaya convenientemente equipado o cuando haga «caso omiso a las prohibiciones, avisos o alertas meteorológicas».
Cantabria, por su parte, publica el precio de los servicios de rescate desde hace años. En la comunidad vecina, el coste de la hora de vuelo del helicóptero de Protección Civil ha sido establecida en 1.639 euros. Seis horas de trabajo del equipo de espeleosocorro, si la persona a rescatar está en una cueva, salen por 500 euros, más otros 100 por hora adicional hasta el final del rescate. Si se trata de un desparecido, establecer un dispositivo de búsqueda sale por unos 100 euros, más 50 por hora de trabajo. Movilizar una dotación completa del parque de emergencias costará 328 euros por hora y fracción. El Gobierno de Miguel Ángel Revilla aún no ha puesto aún una fecha para ejecutar estas facturas porque quiere acotar al máximo los supuestos de negligencia. De momento, su intención es disuasoria. Asturias también está muy pendiente del desarrollo de la ley en sus comunidades vecinas de cara a implantarla.
Los montañeros federados, que en Euskadi rondan los 26.000, ven con buenos ojos estas medidas. Creen necesario que cunda el «respeto» al monte para que la gente «sea consciente de donde se mete, porque le puede ir la vida en ello». Javier Arechaga, tesorero de la Federación vizcaína y voluntario de Protección Civil, lo sabe bien. «Lo que no es normal es que algunas personas llamen a SOS Deiak por que están cansados o por que no saben cómo volver cuando no llevan ni brújula. Hay veces que parece que sólo buscan viajar en el helicóptero gratis», asegura Arechaga. Este experto montañero advierte a los aficionados que «no se lancen al monte a la buena de Dios» sino que antes se equipen convenientemente, adquieran unas nociones básicas para desenvolverse en la montaña, preparen las salidas y haga caso de las alertas meteorológicas. «Cuando se pone en marcha un equipo de rescate no sólo está en juego mucho dinero; también vidas humanas», apunta.
La asistencia a los accidentados en los paises montañosos de Europa es gratuita en España (salvo en Cataluña y Cantabria) y en Italia, y de pago en el resto: Suiza, Francia, Alemania y Austria. En estos últimos, los nacionales están cubiertos por la Seguridad Social. Los extranjeros deben salir a la montaña federados o con un seguro. Lo contrario es arriesgarse a pagar unas cantidades exorbitantes.
En Italia, las operaciones de socorro son en principio gratuitas. El auxilio está asegurado por voluntarios de asociaciones regionales. Se denomina Cuerpo nacional de socorro alpino y espeleología (CNSAS). Es a su vez una sección del CAI (Club alpino italiano).
Los gastos de transporte (helicóptero) y asistencia corren a cargo de la Seguridad Social siempre y cuando la víctima se encuentre herida. Se da la paradoja de que si el rescatado está indemne es él quien tendrá que hacer frente a los gastos de helicóptero y de personal movilizado para auxiliarle.
En Francia hay que pagar. El rescate montaña corre a cargo de dos organismos públicos: los Gendarmes de los pelotones de alta montaña (PGHM) y los policías de las Compañías republicanas de seguridad (CRS). Desde hace muchos años la asistencia tanto en montaña, como en esquí había que pagarla según un baremo fijo. La ley de 27 febrero de 2002 ha suprimido este baremo y deja a cada comunidad la libertad de fijar el precio de intervención a sus socorristas.
¿Cómo se paga? Los federados (Licence Carte Neige) no tienen que hacerlo. Las facturas se calculan en relación con la distancia entre el accidentado y el punto de salida de los equipos de socorro. A ello hay que añadir los gastos de ambulancia. En el caso de que el rescatado no esté federado serán él o su seguro quienes cubran con todos los gastos. Hay un truco legal. Pagar los remontes o el guía con tarjeta de gama alta (Visa o American Oro, p. e.). Incluye seguro.
En Suiza, el auxilio es competencia de los cantones desde finales del XIX, cuando el Club alpino suizo (CAS) se encargó de ello. Los gastos, en los que se incluyen el helicóptero, son facturados a las víctimas, pero no su total sino de acuerdo con una tarifa establecida. Los ciudadanos suizos son reembolsados por la Seguridad Social o por las compañías de seguros. Los extranjeros deben pagar.
En Alemania, el socorro montañero es competencia de los Lander. Como la montaña se reduce al Land (estado) de Baviera, se aplica la legislación bávara. La ley designa a la Cruz Roja como responsable de las operaciones de rescate. El gasto de las intervenciones (no se incluye el transporte aéreo) es evaluado en función de tarifas negociadas con los seguros médicos. Estos últimos se encargan de reembolsar los gastos imputables a sus asegurados. Por el contrario, los montañeros y esquiadores que no estén en posesión de un seguro deben pagar. La cuenta incluye los gastos administrativos, médicos y el transporte aéreo que es facturado directamente a la víctima.
En Austria también tienen competencia los Lander. La reglamentación que se pone como ejemplo es la de Tyrol, donde se producen el 35% de todas las intervenciones del país. Como regla general, la ley dice que las organizaciones que intervienen en un salvamento pueden reclamar a la víctima. El montante de esta reclamación varía según el Land.
En función de las circunstancias, la sección local del servicio austríaco de rescate puede exigir o no el pago de los gastos a las víctimas. Hay una salvedad, si el rescate ha sido realizado por el Ejército es gratuito. La legislación de los Land de Voralberg y Salzburgo es más restrictiva. Dice que todas las personas que son rescatadas deben pagar, salvo que la organización que ha intervenido considere lo contrario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario