El Estado toma cartas en el esclarecimiento de un suceso convertido en símbolo de la represión franquista. La Consejería de Justicia de Andalucía abrirá en otoño la fosa situada en el barranco de Víznar, en Granada, donde supuestamente se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca, asesinado el 19 julio de 1936, hace ahora 73 años, junto a los de otras tres personas. "La Junta asume la competencia de recuperar la memoria histórica porque la tiene y puede abordar las excavaciones de las fosas localizadas", afirmó la consejera del ramo, Begoña Álvarez, que hizo una puntualización: "No vamos a actuar en aquellos casos en que no sea solicitado", en referencia a la postura de los familiares de Lorca."Hay que respetar tanto a las familias que quieren reparar su dolor como a las que no quieren que se haga la identificación de las víctimas", añadió. En la fosa se encuentran, supuestamente, los cuerpos de Lorca, los banderilleros Francisco Baladí y Joaquín Arcollas y el maestro Dióscoro Galindo. La Junta pretende dar respuesta a las demandas realizadas por los descendientes de Galindo, Baladí y Arcollas, que sostienen puntos de vista que difieren del dominante entre los familiares del poeta.
La Consejería ultima ahora un protocolo de actuación que aporte un marco jurídico para iniciar tras el verano las excavaciones de la fosa, situada entre los municipios de Víznar y Alfacar. Para ello, partirá de una adhesión al protocolo de exhumaciones del Gobierno y elaborará luego uno propio que permita abrir este tipo de enterramientos y que podrá aplicarse otras solicitudes de colectivos y familiares.
Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, valoró ayer con diplomacia las intenciones de la Junta. "Respetaremos cualquier decisión judicial", afirmó. Y añadió: "No seremos un obstáculo para aquellas familias que quieran recuperar los restos, pero pedimos el mismo respeto".
Nieves Galindo, nieta del maestro fusilado, confesó sentirse "un tanto alucinada" por la decisión del Gobierno andaluz. "Estoy contenta, pero temo sufrir otro desengaño", explicó. A su juicio, "todo se hará de forma más seria y rigurosa" a través de la Administración.
La semana pasada, la titular de Cultura, Rosa Torres, enfrió las expectativas de los que deseaban la apertura al señalar que "en ningún caso" correspondía a su departamento al tratarse de un enterramiento contemporáneo y no arqueológico. "Primero que hablen los jueces", dijo la consejera, para enfado de varias asociaciones memorialistas, hartas de varapalos judiciales.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada inició en abril un proceso administrativo paralelo al judicial para obtener los permisos de exhumación. Lo hizo al constatar que la vía judicial se estrechaba cuando el juzgado de instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que había instruido Baltasar Garzón hasta su inhibición.
El caso volvió así a la Audiencia Nacional, donde el propio Garzón planteó al Tribunal Supremo un conflicto de competencias.
Pura Raya (Público.es)
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