El doble indulto del Gobierno a varios mossos d'esquadra, condenados en sendas e inequívocas resoluciones judiciales por un delito de torturas practicadas en la persona de un inmigrante rumano, pone de manifiesto varios aspectos de una conducta del poder ejecutivo, arrogante y despectiva con las sentencias de los tribunales, con la justicia, que es necesario criticar con severidad.
En primer lugar, es preciso traer al recuerdo que venimos de donde venimos. De una dictadura cuya regla -y no excepción- era la práctica torturadora cotidiana en comisarías y cuartelillos. Que eso no pese entre nuestras autoridades, o pese muy poco y les importe una higa su imagen frente al mundo civilizado, es sencillamente una irresponsable falta de ética y sensibilidad democrática para la cual, como reza el viejo dicho popular, el general no tiene movimiento mal hecho, o quien tiene la sartén por el mango siempre actúa correctamente. O que el fin siempre justifica los medios, con tal que se trate de acciones policiales al servicio o a las órdenes del poder gubernamental.
Que la víctima fuera un inmigrante rumano le añade un aspecto todavía más deleznable a la indigna acción cometida por los mossos. Transmite un mensaje de auténtico asco: eso puede hacerse en aquellas zonas de excepción, los inmigrantes, que están al margen de la ley y de toda consideración humana. Que la Constitución vigente obliga a acatar el principio de la dignidad de la persona (artículo 10 de la misma), eso quiere decir, para los policías torturadores y su indulgente Gobierno, que solamente es válida esa norma para los naturales del país (los demás, por lo visto, no son personas).
Por otro lado, la moraleja que se traslada a todas las fuerzas policiales no puede ser peor. Si ustedes son condenados por torturadores no se preocupen porque aquí está su Gobierno, que les echará un capote de indulgencia y comprensión bajo la forma de los indultos que hiciere falta. Es decir, que la tortura, crimen de lesa humanidad, es un suave delito o una pequeña falta ante la que hay que hacer la vista gorda. Pues no, el tormento es un delito gravísimo, como lo ha dicho ante las cámaras televisivas el magistrado José Antonio Martín Pallín; de lo contrario, el resto de los y las policías que respetan los Derechos Humanos quedan de pardillos o impregnados de esa porquería moral que destilan sus compañeros verdugos de tan infame delito.
Además, las medidas de gracia violan la división de poderes al enmendar la plana el poder ejecutivo a las sentencias firmes de los tribunales. Cuando son los jueces quienes han de decir la última palabra y hasta fiscalizar los propios actos gubernamentales, según la Ley de Gobierno de 1997 (art. 26).
Cómo no acordarse de José Antón Oneca, gran penalista y magistrado del Tribunal Supremo de la Segunda República. Leal a la Constitución de 1931, y por eso condenado por el franquismo a trabajos forzados y depurado con separación de todos sus puestos y oficios. Antón Oneca criticó las medidas de gracia, los indultos, y recordó que, históricamente, eran una pervivencia del principio monárquico de la jurisdicción retenida. Esto es, cuando el rey de la monarquía absoluta se reservaba un ámbito de decisión que le permitía dejar sin efecto o rectificar hasta las decisiones de los tribunales. Para eso su poder era absoluto. Lo que en una democracia es una manifiesta incongruencia porque el poder jurisdiccional de dictar sentencias y hacer ejecutar lo juzgado pertenece en exclusiva a jueces y tribunales.
Incoherencia monárquica que está presente en el actual sistema español, donde el Rey otorga el indulto a instancias del Gobierno, mediante una ley de ¡1870! rectificada en 1988.
Antón Oneca también reflexionó sobre las sentencias injustas, supuesto bastante frecuente sobre todo por el transcurso del tiempo, cuando el juicio tarda años y el condenado es ya otra persona totalmente reinsertada y diferente al que delinquió. Y propuso una Sala del perdón judicial que las revisase sin intervención del poder político que, en una democracia bien temperada, jamás debe estar por encima del poder jurisdiccional. Nunca debería asistirse al espectáculo de los 1.443 indultos otorgados el año 2000 por el Gobierno español, con el pretexto del Año Santo Compostelano (como dijo en su día el exministro Acebes).Y menos, como hace poco, para dar el horroroso ejemplo de la absolución de un execrable delito de torturas.
José Ignacio Lacasta-Zabalza, en Diario de Noticias
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