José Enciso Amat murió
en 1938 en el campo de batalla en Murcia. En 1940, en aplicación de la Ley de
Responsabilidades Políticas, fue condenado a pagar 12.000 pesetas de multa.
Poco importaba que él ya estuviera muerto. Su familia debía pagar por él. Su viuda
no pudo pagar la sanción y la farmacia que regentaba fue intervenida por
el Estado franquista, quien
colocó un administrador al frente del negocio familiar, que pasó a cobrar 10
pesetas diarias. La familia estuvo pagando la multa hasta el año 1951 en pagos
fraccionados de 3.000 pesetas. Hasta entonces las cuentas bancarias, créditos y
demás pertenencias estuvieron inmovilizados.
El
caso de José Encino se repitió por toda la península. Más de 200.000
familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus
bienes en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. La región que más daño sufrió en este aspecto fue Andalucía. Un
grupo de 32 investigadores de ocho universidades andaluzas, financiado por la
Junta de Andalucía, ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales
de responsabilidades políticas de Andalucía 61.958 expedientes personales de
incautación y expropiación de bienes.
Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto, cifra la cantidad que
los vencidos andaluces de la guerra tuvieron que pagar en 115 millones de
pesetas de la época. "El volumen de
multas alcanza los 115 millones de pesetas de la época y supera las 9.500
incautaciones cuyo valor no se puede calcular al no haber sido estimado en la
época. La represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que la
Administración franquista se colapsó y
en 1945 se tuvo que nombrar una
comisión liquidadora que dio carpetazo a 45.000 expedientes",
explica a Público el
historiador, quien asegura que 115 millones de pesetas serían en la actualidad
alrededor de 345 millones de euros. "Con
200 pesetas se podía comprar un campesino una casa en aquella época",
asegura.
La
investigación, liderada por Martínez, supone la primera averiguación que arroja
luz sobre la dimensión de uno de los pilares de la represión franquista: el
expolio de los vencidos. El otro gran pilar, más conocido por el gran público,
fue el fusilamiento directo de los sospechosos con curas, falangistas, guardias
civiles y alcaldes como delatores. Sólo en Andalucía hay registrados 57.801
fusilamientos desde 1936 a
1945. De ellos, 49.718 fueron fusilados republicanos y 8.083 del bando
franquista.
"No fue suficiente con la represión física, es decir,
matar, encarcelar, mandar a la gente a los campos de concentración ni con la
depuración profesional, es decir, apartar de su trabajo a todos los
profesionales no afines sino que paralelamente se puso en funcionamiento una
ley y una incautación de bienes que fundamentalmente buscó legitimar el golpe
de Estado, controlar a los enemigos del alzamiento y financiar el golpe", explica Martínez.
Al inicio el saqueo y
las incautaciones se produjeron de manera espontánea. Las tropas africanistas
estaban acostumbradas al saqueo de bienes en Marruecos y cuando llegaron a
España procedieron de la misma manera a la par que se iniciaron los primeros fusilamientos sin ningún tipo de control. Este ritual se repitió
hasta que comenzaron a incautar bienes a familias de derechas que denunciaron
estos saqueos y provocó que el cabecilla sublevado Queipo de Llano interviniera
en la cuestión.
El 18 agosto de 1936, Queipo de Llano lanzó el bando de
incautaciones en el que se decía a quien se puede incautar y a quien no con el
"fin de reparar en lo posible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos".
Así, se disponía que se podía incautar bienes a las personas que
"pertenecieran a partidos políticos" del Frente Popular, los que
propugnaran la necesidad de la "desaparición
o debilitamiento de la nación española", los que se opusieran al
levantamiento militar y los periodistas que hubieran publicado a favor de la
República.
De
esta manera, y según los datos del estudio, los más afectados por ocupación
fueron los trabajadores del sector primario (jornaleros, labradores,
agricultores, campesinos, mineros), con un 58,5%% de los encausamientos; después el secundario (panaderos,
electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 22,1%; y, por
último, el terciario (empleados, comerciantes, maestros, militares, etcétera,
abogados), con el 19,1% de los expedientes.
El bando de Queipo de
Llano pasó a ser ley antes incluso del final de la guerra civil, en febrero de
1939. La Ley de Responsabilidades Políticas significó el encarcelamiento, la
represión e incluso la muerte para aquellos que durante la primera experiencia
democrática en España, la II República, ejercitaron el
derecho constitucional de pertenecer a sindicatos o partidos políticos.
Muestra de ello, es la brutal represión que sufrieron los cargos
políticos desafectos. Cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre
los diputados a Cortes las multas fueron descomunales. Manuel Azaña fue multado
con 100 millones de pesetas y todos sus bienes fueron incautados. En Andalucía,
la mayor multa fue para el diputado Vicente Uribe que fue castigado con 25 millones de
pesetas, que nunca pudo pagar. No obstante, todos sus bienes fueron incautados
por el nuevo Estado franquista.
En
1945 la histeria represora del nuevo régimen era imposible de continuar, pero
la represión política no decayó. Todas las penas impuestas debían cumplirse
hasta el último día de cárcel o hasta la última peseta de multa.
"Había 17 supuestos delictivos por los que se
abría expediente, entre ellos tener abierta una causa militar o haber
representado a los partidos del Frente Popular, haber permanecido en el
extranjero más de dos meses durante la
Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que
indujeran la responsabilidad política", explica a Público Martínez.
Los políticos más afectados por las incautaciones, según la
investigación coordinada por Martínez, fueron los afiliados a PSOE y UGT. Un
51% de los políticos que perdieron todas sus posesiones pertenecían a este
partido o al sindicato. El 15,18% estaban afiliados a la CNT; el 9,77 al
Partidos Republicanos y el 8,88% al PCE.
La
naturaleza de los bienes incautados oscila entre la expropiación de fincas
rústicas y/o urbanas, el mobiliario de las viviendas, los ajuares domésticos,
los bienes semovientes, es decir, los animales de corral, carga y tracción o
las cooperativas de casas de obreros. El valor de estas incautaciones es imposible de determinar.
El
nuevo Estado se apoderó también de inmediato de los haberes de los partidos,
sindicatos y organizaciones opuestas a la rebelión militar. Una vez restituida
la democracia, tras la muerte de Franco, estos bienes fueron devueltos a los
partidos políticos y sindicatos. A los particulares, sin embargo, nunca.
Este es el caso de
Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936. Apenas dos
días después del golpe de Estado de julio fue detenido el día 20. El 1 de
agosto, fue juzgado por un consejo de guerra sumarísimo y condenado a dos penas
de muerte por "rebelión militar,
provocación, inducción e instigación a la rebelión", y por insultos a
la fuerza armada, considerando la sentencia que preparaba "un amplio
movimiento subversivo para implantar en la ciudad las doctrinas ruso-marxistas
más avanzadas y por medio del terror". Unas horas después, en
la madrugada del 2 fue llevado al cementerio y fue fusilado.
"Tras enterarse de la condena, lo único que
me dijo mi padre es que con una condena a muerte hubiese bastado",
recuerda para Público José Castilla, de 83 años, hijo de Virgilio.
Tras el asesinato de Virgilio, la familia recibió una nueva notificación del
Gobierno de Franco. Acorde con la Ley de Responsabilidades Políticas, la
familia debía pagar 250.000 pesetas al
Estado de sanción por pertenencia a un partido político. La muerte, una vez
más, no era suficiente.
"Recuerdo como poco después de la muerte de
mi padre, las fuerzas de Franco fueron a mi casa y nos embargaron todo. Desde
el frigorífico a las sillas del despacho de mi padre. Nos dejaron a mi madre, a
mi hermana y a mí absolutamente sin nada. Pudimos sobrevivir gracias al padre de mi madre que nos daba un dinero semanal
para comer", apunta José Castilla.
Finalmente,
la familia de Virgilio pudo satisfacer la multa de 250.000 pesetas. Para ello,
el hermano de Virgilio liquidó la empresa de textiles que regentaba junto a su
hermano fusilado. "Mi padre, junto a
su hermano, era el creador de lo que después fue el negocio de Galerías Preciado o El Corte Inglés. Hacíamos trajes a medida. El negocio
era fantástico y ya tenían sucursales en Murcia, Córdoba y Almería",
explica José, hijo de Virgilio y catedrático de Medicina legal y Forense.
La familia consiguió la reparación de la memoria de Virgilio por
resolución del Ministerio de Justicia en 2007. En 2010, reclamaron al Estado la
devolución de los bienes incautados a su familia por el Estado franquista valorado en 262.832 euros según informe pericial. Sin embargo, el Gobierno
socialista negó el derecho de la familia a la indemnización por daños y
perjuicios en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los
hechos delictivos ya habían prescrito. "La ley de Memoria Histórica no ha servido para nada", resume
José.
La
Ley de Responsabilidades Políticas se justifica mediante la afirmación de que
"los causantes de los males de la
patria han de pagar con sus pertenencias". Los llamados rojos pagaron
con sus bienes e incluso con su vida. La democracia, sin embargo, no les ha devuelto nada. Ni
siquiera un simple y gratuito perdón.
Alejandro Torrús, en Público
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