El nuevo Gobierno ha anunciado que va a recuperar la deducción por vivienda. Este anuncio se ha hecho a la vez que se suben los impuestos a las rentas del trabajo y el capital. Aunque es posible que desde el punto de vista electoral la medida pueda ser atractiva para los votantes, pensamos que desde el punto de vista económico no tiene ninguna justificación. Por un lado esta deducción supone un alto coste para las arcas públicas. En el año 2008 la deducción por vivienda supuso cerca de 6.140 millones de euros (0,6% del PIB). Es decir, hablamos de una cantidad similar a toda la inversión publica en I+D en ese año. Pero además, en los últimos 10 años, la medida ha costado 53.000 millones de euros (alrededor del 5% del PIB). Además, es regresiva. Solo las rentas más altas tienen capacidad adquisitiva para conseguir la máxima deducción permitida.
Por otro lado, la deducción por vivienda hace más atractiva la compra frente al alquiler y sesga las decisiones de ahorro de los hogares hacia la adquisición de vivienda en propiedad. De hecho, en España el mercado del alquiler es prácticamente inexistente y el 81% de las familias tienen una vivienda en propiedad (frente al 64% de la media europea). Y según la Encuesta Financiera de las Familias, en el año 2008 la vivienda es el activo más importante, representando el 55% del valor de sus activos. La deducción no solo alimenta la creación de burbujas especulativas como la que acabamos de sufrir. La experiencia internacional nos muestra que la vivienda en propiedad reduce los incentivos de los trabajadores a mudarse por motivos laborales. Esta reducción en la movilidad tiene efectos negativos sobre la tasa de paro. Además, existe un amplio consenso entre los economistas en el hecho de que aumentar las deducciones por vivienda tiene un efecto directo en el precio de esta. Permítanos un simple ejemplo. Supongamos que hay cinco casas para vender (la oferta de viviendas es fija) y que hay un conjunto de compradores con distintas valoraciones. En estas condiciones, el precio de las viviendas sería igual a la disponibilidad a pagar del consumidor con la quinta valoración más alta. Supongamos que esta valoración sea 100 euros. Así, en ausencia de subsidio, el precio de las viviendas sería 100 euros.
Si el Gobierno introduce una ayuda que permite deducir el 10% del precio, cada comprador estaría dispuesto a pagar 1,11 veces lo que estaba dispuesto a pagar sin la deducción. ¿Por qué? Consideremos el comprador que valora la vivienda 100 euros. Con la deducción, el comprador con valoración 100, estaría ahora dispuesto a pagar 111,11 euros ya que una vez descontado el 10%, estaría pagando los 100 euros originales. Así, el nuevo precio sube un 10% a 111,11 euros. Conclusión, la subvención se traslada al precio.
En la realidad las cosas no son tan simples. Es posible que la oferta de viviendas se amplíe frente a la subida de precios. No obstante, en la situación actual, donde hay un stock de viviendas sin vender superior a 750.000, no parece que el efecto sobre la oferta vaya a ser muy grande. Así, esperamos que la deducción se traslade, casi íntegramente a precios. La medida tendrá efectos negativos en las arcas públicas (en un momento en que se han anunciado importantes subidas de impuestos para reducir el déficit), es regresiva y, sin apenas efectos positivos en los ciudadanos. La pregunta es, ¿quién es el beneficiario último de volver a introducir la deducción por vivienda? La respuesta parece clara. Los promotores de vivienda y las entidades financieras más expuestas al sector inmobiliario.
J.I.Conde-Ruiz y J.F.Rubio-Ramírez, en El País
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