Habla Francisco Luzón: “Cuando miro a mi alrededor, incluso hoy, en medio de esta terrible crisis económica, no puedo dejar de reconocer que como persona y como país hemos llegado donde jamás soñamos que podíamos llegar”.
La frase pertenece al discurso que ese ejecutivo del Banco de Santander pronunció ante sus paisanos de El Cañavate (Cuenca) hace cuatro meses, cuando pusieron su nombre –calle de Paco Luzón– a la rúa donde nació. Ahora Luzón ha aportado su grano de arena a la alarma social por las indemnizaciones millonarias que se llevan los banqueros.
A sus 64 se retira con una bolsa en concepto de jubilación de 56 millones de euros, 9.312,8 millones de las antiguas pesetas. La cifra supera en cuatro millones la que se llevó el directivo Richard S Fuld de Lehman Brothers.
El conquense se suma así a la ristra de honorables ejecutivos de bancos y cajas de ahorros que en plena crisis financiera y económica desaparecen con cantidades millonarias en un país de “traspellaos” (paraos y hambrientos), como dirían en su pueblo. Es verdad que la sólida entidad privada que preside Emilio Botín y tiene de número dos al penúltimo indultado del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Alfredo Sáenz, sólo responde ante los accionistas y que las indemnizaciones millonarias son un asunto privado.
La de Luzón será aprobada la próxima semana. El caso de este directivo –máximo responsable del negocio en América Latina y consejero también de Inditex– nada tiene que ver con el daño que han causado los de las entidades reflotadas con recursos del Banco de España, que agarraron los millones y “sesllapizaron” (escabulleron), como dicen en El Cañavate.
Por recordar algunos, vale mencionar a los de la quebrada Novacaixa Galicia, que se embolsaron 23,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones después de dejar la entidad con un agujero de más de 1.500 millones. Como los perillanes tienen nombre, conviene recordarlo: José Luis Pego, que se llevó 8 millones; Óscar Rodríguez Estrada y Javier García Paredes se llevaron 7 millones cada uno y el exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, sólo cinco. García Paredes dijo después que se conformaba con “tan sólo” una cuarta parte. Los demás renunciaron a la vergüenza pero no al botín.
Los episodios de ludibrio e indignidad han salpicado la geografía entera. Cómo olvidar el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). A punto de ser intervenida, su director general, Roberto López Abad, se prejubiló y con él salieron otros cuatro directivos que se repartieron 12,8 millones de euros.
Su sucesora se apresuró a ponerse un sueldo de 600.000 euros al año, tres veces superior al del gobernador del Banco de España, y una pensión vitalicia de 369.497 euros, pero fue despedida de inmediato. O cómo explicar la resistencia de tantos ejecutivos y exdirectivos de cajas, desde la del Penedés a la de Ávila, pasando por Caja Duero-España y terminando en Cajamadrid, a obedecer al Banco de España y publicar sus escandalosas remuneraciones.
Consciente de la alarma social provocada por esos tipos que se embolsan millones en indemnizaciones y premios por su nefasta gestión, el mismo Consejo de Ministros que decretó el tijeretazo del gasto público y la subida del IRPF a los asalariados, decidió remitir una carta al gobernador del Banco de España para saber si las indemnizaciones de esos directivos estaban justificadas. El titular de Hacienda, Cristobal Montoro, sabía de antemano que no. Pero no es jurista y no acaba de encontrar la forma de obligarles a devolver la pasta.
Puesto que no se trata de establecer comparaciones sobre quién se lleva el mayor “chimbombo”, que dirían en El Cañavate, ni de comparar al ejecutivo del Santander, Luzón –Medalla al Mérito del Trabajo concedida por el Gobierno socialista y doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha por la gracia de José María Barrera– con el banquero Lagartos (Ignacio), que se autodespidió de director general de Caja España con una mísera indemnización de 1,3 millones de euros, vale recordar que en el origen de la abultada indemnización de Luzón estuvo el todopoderoso ministro Carlos Solchaga.
Él fue quien lo colocó al frente del Banco Exterior de España, el buque insignia de la banca pública, por indicación de Pedro Toledo. Luzón sustituyó a Miguel Boyer, que salió del Exterior para servir a las Koplowich tras facilitarles un crédito muy ventajoso.
El nuevo ejecutivo, Luzón, había estudiado Ciencias Económicas en la Universidad pública vasca e iniciado su carrera en el Banco de Vizcaya. Tras la fusión con el Bilbao era el ejecutivo más joven de la dirección del BBV, en la que congenió con Alfredo Sáenz. En el Exterior se ocupó de fusionar todas las entidades públicas, incluida la Caja Postal, bajo el nombre de Argentaria. Y a continuación cumplió con eficacia las órdenes de sus mentores de transferir el bloque al sector privado, es decir, al BBV del que procedía.
Cuando el PP ganó las elecciones generales de 1996, Aznar y Rato le cesaron y pusieron a Francisco González, actual presidente del BBVA. Pocos meses después, Botín y Sáez le incorporaron al consejo del Banco de Santander, del que hasta ahora ha sido el responsable para América Latina, la zona donde mejores resultados obtiene la entidad y en la que su histórico valedor, Solchaga, ha realizado sus principales negocios en los diez últimos años. En la trayectoria de un profesional de la usura no importan las personas sino los resultados. Y parece que los de Luzón no han sido malos.
Tal vez por eso, en su discurso a los vecinos de su pueblo, el 10 de septiembre pasado, tenía motivos para evocar, como hizo, a Violeta Parra y dar “gracias a la vida” que le ha dado tanto. Lo de mezclar el logro de una situación jamás soñada, como la suya, con el progreso de este país, resultó un poco exagerado, porque si los ciudadanos han progresado no ha sido gracias, sino a pesar de la voracidad de la banca y sus ejecutivos.
Si la actual crisis capitalista tiene su origen en el sistema financiero y un efecto telúrico sobre nuestra economía real, con 5,3 millones de desempleados, cientos de miles de jóvenes a los que se niega el futuro, laminación de derechos sociales, más de 300.000 desahucios de viviendas desde 2008 y situaciones límite de supervivencia, no sería mucho pedir un ápice de decencia a los banqueros, o quizá sí, pues nadie puede dar lo que no tiene.
Luis Díez, en Cuarto Poder
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